La Unión Interparlamentaria (UIP), con sede en Ginebra (Suiza), tiene en su mira a Colombia. El Secretario General de ese organismo europeo, Martin Chungong, le envió una carta a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la cual le muestra su preocupación por la forma en la que fue procesado el ex congresista Álvaro Araújo Castro, finalmente condenado por parapolítica.
La entidad extranjera enfatiza que Araújo Castro no tuvo un juicio imparcial y que fue sancionado sin pruebas directas y tangibles.
La UIP fue fundada el 30 de junio de 1889 y es la organización internacional de los parlamentos del mundo. La misiva llegó al despacho de la Secretaria de la Sala Penal, Nubia Yolanda Nova García, el 23 de diciembre de 2014, dirigida al entonces Presidente de la entidad, magistrado Fernando Alberto Castro Caballero, pero sólo se conoce públicamente hasta ahora que laotracara.co revela su contenido.
En la carta se afirma que al ex congresista costeño y a otros ex parlamentarios colombianos se les violó el debido proceso en sus expedientes.
«El Comité de Derechos Humanos de la Unión Parlamentaria reconoce la importancia de que se investigue y se castigue toda cooperación entre políticos y paramilitares. Desde el comienzo su único interés ha sido de conocer si esos esfuerzos se llevan a cabo con el estricto cumplimiento de las normas del debido proceso. Es precisamente con respecto a ese tema que en reiteradas ocasiones, como en los casos de los señores Álvaro Araújo Castro, Luis Humberto Gómez Gallo (fallecido) y Carlos García Orjuela, el Comité ha expresado su preocupación sobre el procedimiento aplicable a actuales y ex miembros del Congreso de Colombia en casos penales», dice la misiva del organismo extranjero.
Carta de la UIP a la Corte Suprema
La Unión señala: «El Comité siempre ha considerado que el señor Araújo fue condenado tras la celebración de un proceso judicial en el que se vulneró su derecho al a un juicio imparcial y en el que no se presentaron pruebas tangibles y directas que fundamentaran su condena. Por consiguiente, el Comité ha estado muy preocupado porque la Corte Suprema usara su condena como base para ordenar una investigación del cargo mucho más grave de formar parte de una estructura de mando paramilitar, y que esa investigación, que se refiere a crímenes de lesa humanidad, pudiera prolongarse indefinidamente ya que esos delitos son imprescriptibles».
«El Comité considera que, mientras no se despejen las preocupaciones relativas a la imparcialidad del juicio y no existan pruebas con convincentes que justifiquen los cargos menos graves, esa investigación está fuera de lugar. Dada esta inquietud, sería sumamente importante para el Comité saber si la investigación sigue en curso, y de ser así, conocer la etapa en la que se encuentra», ratifica la Unión de Interparlamentaria.
El Comité de la UIP aseguró que también sigue actualmente de cerca los procesos penales que están en curso contra los ex congresistas colombianos Piedad Zuccardi y Óscar Arboleda Palacio.
En la sesión número 143 del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria que se realizó en Ginebra, entre el 13 y el 16 de enero de 2014, se tomó la decisión de llevar el caso de Álvaro Araújo a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos con sede en Washington, para que «se repare la evidente injusticia» que se cometió con el ex senador. Mire el tema en la página 6 de este documento: UIP Ginebra Enero 2014.
Araújo Castro fue condenado el 18 de marzo de 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia de 160 páginas en las que le dio 9 años y 3 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector, argumentando que él, supuestamente, hacía parte de una estructura criminal de los paramilitares. El alto tribunal también le impuso al ex parlamentario una multa cercana a los 3.600 millones de pesos y lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena.
La Corte afirmó que el ex senador del movimiento Alas Equipo Colombia presuntamente estableció una alianza o pacto voluntario con Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, jefe del Bloque Norte de las Autodefensas, para favorecerse políticamente, lo cual, según el alto tribunal, quedó demostrado con los resultados electorales del 10 de marzo de 2002, que le fueron favorables.
De acuerdo con la sentencia, el entonces “aforado hacía parte de una estructura criminal integrada por un número plural de personas articuladas de manera jerárquica y subordinada a una organización criminal, quienes mediante división de tareas y concurrencia de aportes, realizan conductas ilegales”.
El dirigente político del Cesar había sido detenido en febrero de 2007, pero luego de varios años de cárcel, la justicia le otorgó el 26 de noviembre del 2010 el beneficio de reclusión domiciliaria (para que siguiera encerrado en su casa de Valledupar), la que se hizo efectiva en enero del 2011, por graves quebrantos de salud, pues sufrió de isquemia cerebral.
Tras pagar su condena, Araújo Castro reapareció en el escenario público recientemente como actor en la exitosa telenovela del canal de televisión RCN, sobre la vida del cantante vallenato «Diomedes Díaz, «el Cacique de La Junta», en la que realizó el papel de un carpintero que guía al protagonista cuando estaba niño, en sus primeros pasos de vida musical.
