El director de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, advirtió que el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC conlleva impunidad para los autores de delitos graves, por lo que la Corte Penal Internacional (CPI) podría no aceptarlo.
«Permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión», comentó Vivanco, quien siempre ha expresado su desacuerdo con algunos aspectos del proceso de paz, especialmente en los puntos de la justicia.
Vivanco aceptó que «el Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz contempla esfuerzos para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado».
Y agregó que «es difícil imaginar que esta fórmula de justicia transicional (decidida en Cuba) supere un escrutinio riguroso en la Corte Constitucional colombiana o, en última instancia, en la Corte Penal Internacional».
El presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón Jiménez conocido como «Timochenko», acordaron en La Habana, en un encuentro histórico, un plazo de seis meses como máximo para firmar la paz y anunciaron un sistema de justicia especial para todos los implicados en el conflicto.
Ese sistema especial incluye beneficios para quienes admitan su responsabilidad en delitos graves o crímenes de guerra.
Ambos anunciaron exactamente que el 23 de marzo de 2016 será la fecha tope para concluir las negociaciones y firmar un acuerdo de paz definitivo, tras el cual las FARC tendrán un plazo de 60 días para dejar las armas, es decir en mayo del mismo año.
Para concretar la firma de la paz, se creará una «jurisdicción especial de paz» que juzgará delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, mecanismo que contará con salas de justicia y con un tribunal de paz competente sobre todos los actores implicados en la guerra. Lo integrarán expertos magistrados colombianos y algunos extranjeros.
Este tribunal, según lo anunciado en La Habana por Santos y «Timochenko», establecerá dos tipos de penas: uno para los que reconozcan su responsabilidad en esos delitos y otra para los que no lo hagan.
