Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente Red Colombiana de Veedurías.
Los hechos del último mes en el entorno asociado a las deudas de la gobernación de Córdoba, bien mueven a la reflexión, por los desvaríos de quien dirige los destinos de este sector del país.
Motivado por muchos hechos raros e incoherentes, hube de consultar el diccionario de la Real Academia Española para entender las diferencias que la máxima autoridad de nuestro idioma establece respecto al significado de política y politiquería. Encontré las siguientes definiciones:
Política: “Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país”.
Politiquería: “Degeneración de la política. Intervención en la política con propósitos turbios, para ganancia personal o de un grupo, aprovechándose de forma egoísta del poder o la posición pública. Aunque pueda tomarlos como excusa, la politiquería no tiene nada que ver con los intereses generales de una población”.
El Estado burocrático y politiquero ha engañado al pueblo con un discurso social que no ha cumplido porque los recursos se han ido en clientelismo y corrupción.
El modelo Neoliberal ha abandonado lo social a la suerte del mercado, con lo cual aumentan la miseria y la injusticia social.
En Colombia, el Gobierno expidió unas normas especiales para resolver las situaciones de insolvencia de las empresas.
En 1999, el país atravesaba por una crisis económica, que imposibilita que las entidades cumplieran con sus obligaciones, en ese contexto surge la ley 550, que tiene como fin contribuir a reactivación de la económica, mediante la celebración de acuerdos de reestructuración a favor de las empresas que se encuentren en dificultades para atender sus obligaciones pecuniarias y que se consideren económicamente viables. Cabe resaltar, que la ley era aplicable a empresas privadas, públicas y mixtas, en la actualidad aplica únicamente para departamentos, distritos y municipios, universidades públicas y Empresas Sociales del Estado.
En desarrollo de los artículos 334 y 335 de la Constitución Política, se expidió la Ley 550 de 1.999 que establece y regula los instrumentos de intervención estatal en la economía y en el Capítulo V regula su aplicación a las entidades territoriales y descentralizadas del nivel territorial.
Actualmente, La ley 550 de 1999 funciona como parámetro para que las entidades territoriales y sus acreedores, lleguen a un acuerdo mediante una negociación, creando así mecanismos y alternativas como el diseño y la ejecución conjunta de planes y programas que contribuyan a normalizar la actividad productiva, la situación contable y financiera de las entidades.
De este modo, la entidad territorial o descentralizada del nivel territorial, con el objeto de corregir las deficiencias que presente en su capacidad de operación y en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias, podrá recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo (Art. 5 de la Ley 550). Esta convención tiene efecto vinculante, tanto para la entidad como para la totalidad de los acreedores.
Entre los fines de la ley 550, se encuentra 10 restablecer la capacidad de pago de las entidades de forma que puedan cumplir con sus obligaciones; busca establecer una adecuada estructura administrativa, financiera y contable; y garantizar el pago de los pasivos pensionales a cargo de las entidades de orden territorial.
La Gobernación de Córdoba, como entidad subnacional encargado de administrar los recursos del departamento y velar que estos se utilicen de acuerdo con las necesidades de la población. Por lo tanto, la gobernación decidió someterse al Acuerdo de reestructuración de pasivos en el cual se suscribió el departamento en noviembre de 2009, para de este modo reconocer las acreencias y obligaciones contingentes.
A raíz de la ley 550, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, recibió un departamento con ambiente de pesimismo, indicadores negativos y situaciones en riesgo en algunos sectores, tal como lo señaló en su discurso de posesión: “Pero no llegamos a la Gobernación de Córdoba a quejarnos, llegamos a perseverar y persistir como lo hemos hecho durante toda nuestra carrera política.
Trabajaremos para mantener la confianza del pueblo y ganarnos la confianza del Gobierno nacional y de las autoridades de control del Estado”.
Con la expresión “arrodillado” se designa en nuestro medio, a la persona que en el quehacer político o publico especialmente suele adoptar una deshonrosa actitud de entrega hacia criterios, opiniones, acciones o decisiones que incluso en otras circunstancias no aceptaría o a las que personas de carácter o dignidad no accederían, por el contrario quien hace prevalecer su dignidad en defensa de sus valores o principios de manera antónima se estima como no arrodillada o erguida.
A Benítez le quedó grande la misión de la gobernación: Consolidar la competitividad mediante el incremento de la productividad en el departamento, y con la construcción de una sociedad equitativa, para ello, el gobierno departamental concentra sus esfuerzos en programas y proyectos de mayor impacto social y ambiental que permitan orientar con justicia los recursos de la salud, educación, vías, agua, saneamiento básico, cultura, deporte, recreación, fortalecimiento de la familia, los grupos poblacionales más vulnerables, niños, jóvenes, adolescentes y mayores estímulos para los sectores productivos, llegando a los grupos más desprotegidos y marginados de la población, para mejorar así la calidad de vida de las familias cordobesas.
Pero, Benítez, por estar adherido a los Besailes, le quedaron grandes las funciones de la gobernación: Garantizar los recursos necesarios para financiar los planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo, orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Por todos estos desvarío se necesita la intervención de una autoridad competente que identifique las fallas e inconsistencias en la aplicación del acuerdo, y realice procesos que ayuden al actual cumplimiento y elabore estrategias para enfrentar el post acuerdo, porque en la Gobernación no hay capacidad de Identificación del problema; y que dicha autoridad diga qué acciones se deben realizar para mejorar las deficiencias y aprovechar el periodo de vigencia restante.
Porque Benítez no pudo gobernar, por culpa de la alianza con los Besailes, quienes hicieron un pacto con él y lo apoyaron; y, él, por andar complaciéndolos a ellos, descuidó la administración, y se le vino un fallo que le tumbó el acuerdo con los acreedores, entonces al tumbarle el acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado entre el departamento de Córdoba y sus acreedores en el marco de la ley 550 de 1999, la gobernación quedó sin blindaje, y ahora tiene que enfrentar múltiples problemas.
El sombrero “vueltiao”, símbolo de la cultura y sabiduría Zenú, le quedó grande. El pueblo votó abrumadoramente por él, pero la gente no sabía que estaban votando por Musa y Edwin. Ya se están investigando todas las contrataciones para averiguar dónde va a parar el 35% que quitan en cada contrato.
¿Cuándo tendremos una verdadera política de salud en Córdoba, que se proyecte y que trabaje por el incremento de los resultados como tema central y que, de una vez por todas, erradique la politiquería que hoy existe en la entidad que debiera ser la rectora de esos buenos procesos, no lo contrario?
En este sentido, espero que pronto la luz de una política seria ilumine al departamento de Córdoba.
Bibliografía: Andrea Camila Trujillo Guerra, tesis de grado para optar el titulo de grado en administración en finanzas y negocios internacionales.
