Por Germán Calderón España*
Gustavo Bolívar escribió en la revista Semana el artículo titulado “URIBE EL TRISTE” en el que advierte al final que aceptó escribirlo “…bajo la condición de que me permitieran decir todo lo que pienso sin cambiar una sola coma”, ante lo cual, con respeto debo decirle, que nosotros los opinadores en los medios de comunicación no podemos caer en los desmadres de las libertades individuales de las democracias –libertad de expresión, de opinión, de información- que pisotean los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando escribimos por fuera de los límites que la ley impone a nuestro ejercicio.
Si bien, como lo afirma la Corte Constitucional, en el ámbito del pluralismo se
persigue que las diferentes visiones del mundo se puedan difundir y proteger en un “mercado de las ideas” y dentro de la libre “circulación de ideas y opiniones”, ellas deben superar los juicios de veracidad o de falsedad para evitar daños irreparables.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que “la libertad de expresión es uno de los pilares sobre los cuales está fundado el Estado, y comprende la garantía fundamental y universal de manifestar pensamientos, opiniones propias y, a su vez, conocer los de otros”, presupuesto extendido “al derecho de informar y ser informado veraz e imparcialmente, con el objetivo de que la persona juzgue la realidad con suficiente conocimiento.”
Por estas breves consideraciones jurídicas, no siempre se puede decir todo lo que se piensa, porque cuando se dice lo que se piensa sin linderos, especialmente frente a lo que representan los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la imagen en una sociedad democrática, éstos gozan de amplia protección constitucional que, desconocidos, atentan y afectan gravemente a las víctimas de las expresiones, opiniones e informaciones cargadas de falacias, infamia e ignominia, más, cuando de las afirmaciones públicas sobre la responsabilidad penal de una persona se trata, pues éstas deben atender, al decir del máximo tribunal constitucional, “…a la garantía constitucional de la presunción de inocencia, por lo que para atribuirle a alguien un delito es un requisito ineludible contar con una sentencia judicial en firme que dé cuenta de ello.”
Me siento asistido y legitimado -como constitucionalista- para cambiarle algunas “comas” a Gustavo Bolívar, pues cuando afirma, por ejemplo, que “Álvaro Uribe tenía tres tipos de reputación”, y entre ellas, “como colaborador del cartel de Medellín” y “jefe natural del paramilitarismo”, viola la presunción de inocencia del ex Presidente, porque no cumple con ese requisito ineludible de mostrarle a sus lectores la sentencia judicial en firme que avale su dicho.
Cuando Bolívar se refiere al “perfil psicopatológico” de Uribe, entiendo, por la definición de ese concepto, que alude a quienes por “los rasgos que configuran su personalidad y que lo identifican con base en ciertos comportamientos que pueden ser predictivos” se convierten en personas peligrosas socialmente, patología que no se adecúa a la personalidad del ex Presidente, quien a contrario sensu se ha dedicado a servirle al país, con las consecuencias que de ello se desprende, con seguidores y contradictores.
Otra “coma” que debo corregirle a Bolívar: Uribe no politizó la justicia, porque si lo hubiere hecho no tendría la oposición judicial de la que es sujeto ahora. Justo de esta secuela surge uno de los factores de su “tristeza”, anidada en el deterioro de su reputación, porque lo embarga el excepticimo en este valor supremo ante el que ha interpuesto innumerables acciones de amparo en procura del restablecimiento de sus derechos fundamentales mancillados, -su honra, a su buen nombre y a su imagen-, y como si todos estuvieran de acuerdo, al unísono niegan sus pretensiones sin argumentación válida, verbigracia, a la fecha ninguna autoridad judicial le ha puesto freno al tratamiento difamatorio y oprobioso que le ha dado Daniel Mendoza en la serie Matarife, que lo tilda de “asesino” sin aquel requisito imprescindible de una sentencia judicial en firme.
Bien recuerdo la “tristeza” que inundó a Gustavo Petro cuando recibió la noticia de la destitución del cargo de alcalde de Bogotá e inhabilidad por más de una década para ejercer funciones públicas, hecho que consideró en su momento como un golpe a la democracia, o la “tristeza” en la que se sumergió su escudero Guillermo Asprilla, (q.e.p.d.), destituido cuando se desempeñaba como Secretario de Gobierno de ese mismo mandato.
Es aquella tristeza que sentimos quienes nos duele el país y sus instituciones y que no da lugar a aprovechamientos de índole político, y mucho menos, a abrir caminos a la deshonra y a la mentira.
Tampoco está habilitado Bolívar para señalar al ex Presidente Uribe como “expresidiario”, porque bien debe saberlo él, como escritor que es, que el término “presidiario” significa “persona que cumple condena en un establecimiento penitenciario”, no siendo el caso, pues como se dijo arriba, no se arrimó al escrito de Bolívar, una sentencia condenatoria en firme en contra de Uribe. Por eso no siempre se puede decir o escribir lo que se piensa.
En el mismo sentido, Uribe no es responsable por los actos de sus funcionarios cuando regentó la Presidencia de la República, porque como lo sostiene la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia “la responsabilidad penal es de carácter individual y personal, (…). Por lo tanto, cada sindicado solo puede ser sancionado por los hechos que cometió o en los cuales participó a título de dolo o culpa.” Bien podría exigírsele a Gustavo Petro responsabilidad alguna ante las variadas investigaciones penales que aún persisten en la Fiscalía General de la Nación contra sus alcaldesas locales o sus funcionarios de primer orden.
El segundo factor de “tristeza” de Uribe, del que echa mano Bolívar, lo reduce a la frase “Ojo con el 2022”, porque bien sabemos los colombianos que si Colombia elige mal en ese evento electoral presidencial, nos veremos abocados a la desintegración nacional servida en bandeja como ejemplo en nuestro país vecino Venezuela.
No fueron una, ni fueron dos, fueron varias “comas” las que tuve que cambiarle respetuosamente al columnista Bolívar.
*Abogado Constitucionalista.
