Por Bernardo Henao Jaramillo.
Sólo saber de la existencia del denominado «cartel de la toga» genera pánico y sería suficiente para ya entender que hay que reformar la justicia en Colombia. Que se conozca en los anales de la historia, ningún país libre ha llegado a tener semejante operación criminal.
En materia penal el antecedente de lo que es un cartel criminal tiene su origen en conductas de empresarios reprochables que propiciaron prácticas anticompetitivas, para sacar del mercado la competencia mediante acuerdos amañados de precios, arreglo de licitaciones, división o reparto de mercados en fin conductas que se hizo necesario tipificar y judicializar cuando ocurriese.
Pero la expresión que más comprende el común de las personas para referirse a un “cartel”, es que se trata de un “concierto para delinquir”; pero alarma cuando se etiqueta el de la “toga” y no a cualquier nivel de operadores de justicia, se enquistó en las más altas cortes colombianas.
Tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia dos de ellos encarcelados Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo Malo Fernández; otro al parecer fugado que pronto deba ser detenido José Leonidas Bustos Martínez son sin duda los artífices de tremendo plan criminal que se descubrió gracias entre otros a la confesión de uno de sus compinches el otrora zar de anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera quien se encuentra privado de su libertad en Estados Unidos y acaba recientemente de dejar saber y señalar que el ex fiscal y ex vicefiscal Eduardo Montealegre L. y Jorge Perdomo, son parte de ese entramada delincuencial.
Cuánto daño la han hecho al país instrumentado mecanismos para enriquecerse indebidamente, aprovechándose de información privilegiada, usada como máquina de extorsionar a delincuentes políticos y de cuello blanco, enlodar testigos que gozaban de credibilidad; en fin todo, un aparato para manejar a su antojo la Justicia que les confiaron pero que fallaron a la honorabilidad y dignidad de la majestad que impone administrar justicia.
No es de recibo que la Corte Suprema de Justicia que recientemente separara del conocimiento a la magistrada Cristina Lombana recusada por el senador Iván Cepeda dizque porque ya hace más de 20 años cumpliera un trabajo de abogada en la oficina del defensor Jaime Granados. Ese impedimento no existe pero si es claro que desde la época reprochable de Leonidas Bustos, y otros exmagistrados, se tiene en la mira judicializar al expresidente Alvaro Uribe Vélez, que creyó y denunció ante la justicia el comportamiento del senador Cepeda de visitar las cárceles buscando posibles testigos que, en giro poco imprevisible, hizo que de denunciante pasara a denunciado y ser investigado.
Pero no solo a la Corte Suprema se le cuestiona. Las quejas por doquier caen en la Corte Constitucional que en fallos discutibles y reforzados desconoció olímpicamente la decisión de un pueblo soberano de no aprobar la Paz. Esos fallos, y aquel por ejemplo de no mantener un régimen impedimentos para los magistrados de la JEP, similar al de todos los jueces, que de haberlo sido, por lo menos el 30% de los magistrados designados en la Jurisdicción Especial para la Paz estarían inhabilitados; peor fue, mantener el narcotráfico como delito conexo al delito político o reiterar que el conocimiento del reclutamiento y violación de menores no era del resorte de la justicia ordinaria sino de esa jurisdicción son aberrantes. De todas formas de esta Corte Constitucional es mucho peor, su intromisión en la Rama legislativa. Vía fallos judiciales se legisla y no se respeta división de poderes.
El Consejo de Estado no se queda atrás. Aún no se sale del asombro las condenas a la Nación por la Masacre de Bojayá, o por la condena al estado por el atentado con Bomba al Club el Nogal.
La JEP o Supra Corte si, como dice el común de las gentes, lleno la tapa y no puede ser como dijo equivocadamente la exministra de justicia Gloria María Borrero, que poco aprendió de justicia en su paso por la corporación excelencia de la justicia “que aquella vino para quedarse”, no está en mora de irse.
El propio Timochenko confesó que ellos la hicieron a su medida. Es un tribunal que en el tiempo de operación que lleva, injustificadamente alargó su período y está claro que es un tribunal hecho a la necesidad de las otrora Farc. En cambio, para los militares y agentes del estado, ya es hoy calificada como un tribunal de la infamia.
Tomar más de un año, en el caso de “alias” Jesús Santrich para confirmar si se cometió en determinada fecha el delito es francamente risible y preocupante. Su fallo que poco lo es, desconoce claros tratados internacionales. Cuando tenían la posibilidad de demostrar imparcialidad, confiesan en cuestionado comunicado que son un tribunal político, garante de la paz que se opone a la extradición. Es desde luego, rescatable, los dos excelentes salvamentos de voto de las magistradas Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez pero la decisión de los tres magistrados de la sala de Revisión Jesús Ángel Bobadilla Moreno, Caterina Heych Puyana y Adolfo Murillo Granados resulta presuntamente prevaricador.
Triste pero real. La Rama judicial no nos equivocamos esta infestada y requiere cirugía de precisión. No puede ser su solución un engorroso trámite de un referendo, no la enfermedad ya hizo metástasis y reclama actuar de inmediato con una reforma integral a la justicia que solo se consigue si el Gobierno del Sr Presidente Iván Duque reconsidera su decisión y convoca de inmediato la Constituyente.
