Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente Red Colombiana de Veedurías (Aso-Red).
Los antiguos zenúes tenían un manejo acertado del medio ambiente, de tal manera que las aguas del río Sinú eran tan transparentes que en el fondo se veían las piedras ovaladas de diversos colores como huevos de dinosaurios.
¿Qué nos pasó? ¿Por qué en lugar de avanzar, retrocedimos?
Esta involución se hace evidente con la grave problemática sanitaria que hoy padecen las comunidades monterianas, y el río Sinú, que obedece a una complicidad estructurada entre el contratante (Municipio de Montería) y concesionario (Veolia), que comienza en el año 2000 con la celebración del contrato de concesión número 002 MM LP 199, suscrito con Proactiva S.A., para la prestación de servicios PD de acueducto y alcantarillado Sanitario, que en su Cláusula 15 (obligaciones del contratista), establece, entre otros, el compromiso de presentar los cuatro planes quinquenales de inversión (POI), de obligatoria ejecución, para garantizar los parámetros de calidad de la norma RAS 2000.
Una cláusula adicional obligaba a que al término de concesión en el 2020 se debía entregar un superávit operativo del 10% sobre la demanda diaria de los dos sistemas concesionados, además de cumplir la remisión de más del 80% de cargas contaminantes en los afluentes sanitarios, de acuerdo a la normatividad vigente según RAS 2000.
El déficit de almacenamiento de aguas blancas en el 2014 superaba los 10 mil m3, y el de tratamiento de aguas residuales estaba por encima de los 450 lps, pero se habían generado vertimientos sobre el río Sinú de más de 35 mil m3 por día, contaminados con fecales y coliformes, además de una baja demanda biológica de Oxígeno (DBO).
Al mismo tiempo que la corrupción apalanca la excretada del concesionario, sin imponerle multas, se le premia con la firma, del exalcalde, actual Min Ambiente, Carlos Correa Escaff, del otrosí número 09 de 2014, donde le adicionan una suma que asciende al orden de los 70 mil millones de pesos y, de “ñapa”, extienden el contrato de concesión por 10 años más, hasta el 2030.
Con este otrosí legalizan el incumplimiento por parte del concesionario del POI, quinquenio 2010-2014, en 43 mil millones por obras ejecutadas con recursos de la nación. Con esta feria de cupos indicativos de Santos, el concesionario se obligaba a sustituir por otras obras que nunca ejecutó, pues en el 2015 la concesión Proactiva le vendió a Veolia, pero aquella se marchó llevándose la plata del país y nadie respondió por esos recursos. ¡Desaparecieron! Y, para colmo de males, Veolia también incumplió el POI obligante del quinquenio 2015-2019 en más de 40 mil millones de pesos, sabiendo que dicha acción tipifica peculado.
Esa adición firmada por el exalcalde, actual Min Ambiente, revaluó el valor económico de Proactiva, con la intención de hacerla atractiva, y así poder venderla en el mercado internacional de Servicios públicos. Ahora, Veolia heredó el lío de ese peculado generado por la codicia del exalcalde Carlos Correa Escaff, actual ministro del Medio Ambiente.
El actual MinAmbiente en su pre-evaluación en 2014, como Alcalde de la época, para definir el POI del quinquenio 2015-2019, encontró un déficit operacional de los servicios concesionados superior al 20% y causales de imposición de multas por incumplimiento de las metas obligantes del contrato primigenio.
Pero como Veolia no ejecutó las obras de optimización de las tres PTAR de Montería, ni el nuevo tanque de almacenamiento de 5 mil m3, se producen vertimientos de los afluentes sanitarios en las calles 24 y 57 sobre río Sinú, por descargas de 35 mil m3 por día, con fecales y coliformes sobre el mencionado torrente, tal Como lo cita la CAR-CVS en su Auto 11277 de agosto del 2019 y las resoluciones, imponiendo sanciones por delitos ambientales que el concesionario no canceló, aunque son causales de liquidación del contrato de concesión por justa causa, según la cláusula 19 que genera multas. Por todos estos hechos punibles, Min Ambiente debe ser citado, ya que él tiene asiento en la Junta directiva de Car-Cvs, para que aclare toda la serie de hechos que fueron la causa de la contaminación del río Sinú, cuyo caudal recibe un millón de m3 por mes, con fecales y coliformes, convirtiendo su caudal en la cloaca sanitaria de Montería.
El POI obligante del quinquenio 2915-2019 se cerró el 31 de diciembre del 2019, con un incumplimiento del 80% de obras no ejecutadas, equivalentes hoy a más de 40 millones de pesos, lo cual obligó a la Procuraduría General de la Nación a elevarle control de advertencia al municipio de Montería, en noviembre de 2020, exigiéndole al alcalde la recuperación del valor del peculado e imposición de multas respectivas por concepto de detrimento patrimonial del municipio de Montería.
Desde el 2010 los alcaldes son supuestos cómplices del concesionario, porque lo usan para violar la ley 80 de 1994, valiéndose de convenios interadministrativos para adjudicar contratación a dedo y por eso, como los bomberos, no se pisan las mangueras con las multas. Con esas mismas mañas adjudicaron, a dedo, todas las obras con recursos de la Nación, del alcantarillado del sector Sur Oriental por 43 millones de pesos, pues así se cita textualmente en la parte considerativa del otrosí número 09 de 2014, firmado por Correa Escaff, certificando el comportamiento delictivo de los actores con ese contrato punible.
Ahora, en el 2021, el déficit operativo de los servicios concesionados es más crítico que en el 2014, porque así lo cita la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, continúa la inejecución de las obras del POI obligante y los vertimientos en el Río Sinú. No obstante, es evidente la apatía del Min Ambiente, a pesar de ser el principal causante de semejante desastre sanitario, debido a su inoperancia ambiental.
