Contraloría archivó todas las investigaciones contra la firma Funtierra por caso terapias

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La Contraloría General de la Nación certificó el archivo de todas las investigaciones fiscales contra la firma Funtierra por el caso de las presuntas terapias incompletas en el departamento de Córdoba.

La citada empresa nunca estuvo vinculada a  los carteles de la región, sino por el contrario fue la mejor entidad prestadora del servicio para los niños pobres discapacitados, pero sus directivas afirman que por no prestarse a la corrupción del Clan Besaile fueron víctimas de montajes por parte de funcionarios de los entes de control en Córdoba, quienes utilizaron a los medios de comunciación locales para difundir noticias falsas.

Con falsedades desde el despacho del Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, para evitar el reconocimiento y pago de las deudas a Funtierra por su servicio prestado, se montaron una Acción Popular por moralidad administrativa con mentiras para evitar que se les caiga el acuerdo de la Ley 550  de 1999 (relacionada con el pago a los acreedores), porque el juez natural del caso, que es la Superintendencia de Sociedades, después de cinco años de examinar la facturación, le dio la razón a nuestra empresa, sentenció un vocero de la mencionada firma.

Para ellos está claro que los mismos funcionarios del despacho del actual Gobernador, que en el pasado también asesoraron a los exmandatarios cordobeses Alejandro Lyons y  Ewdin Besaile, continúan la persecusión contra Funtierra utilizando las argucias y falsedades del pasado que archivó la Contraloría.

Mire la decisión de la Contraloría…

En el tema se habla hasta de presuntos sobornos a funcionarios judiciales. Se dice que en el tema hay mucho dinero por medio, utilizando lazos de amistad entre asesores de la Gobernación y la Dirección Ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura.

La Oficina Jurídica de la Gobernación, que fue irresponsable en el manejo del proceso, quiere  evitar cumplir la sentencia de última instancia de la Sala Fiscal sancionatoria de la Contraloría, con total desconocimiento del fallo que archivó todas las investigaciones de Funtierra.

Según los representantes de Funtierra, esa Oficina, hoy quiere engañar con agumentos falsos al Ministerio de Hacienda,  la Contraloría, la Oficina de Defensa Judicial del Estado, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Administrativo de Córdoba para enredar el fallo de la Súper Sociedades que ya es cosa juzgada, desmaturalizando la Acción Popular por moralidad adminstrativa.

Para los expertos, con esta acción de la Gobiernación se están afectando a los niños discapacitados de Córdoba, que eran atendidos solo con fallos de tutela.

Ahora se anuncian denuncias ante el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalia por temeridad contra el abogado demandante de Funtierra dentro de la Acción Popular de la Gobernación cordobesa, Eduardo Elias Pacheco Falón.

Esta batalla continúa.

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