La aguerrida y joven diputada Santandereana por el Partido de La U, Ángela Hernández, cuya férrea postura sobre algunas normas que tienen que ver con la educación sexual en el país, la ha puesto en el ojo del huracán de los sectores que defienden la comunidad LGBTI y hasta de su propio movimiento político, denunció amenazas contra su vida, al tiempo que le pide a sus contradictores respetar su derecho a disentir.
La líder regional ha despertado polémica sobre sus comentarios contra algunos aspectos de ley 1620 del 2013 mediante la cual “crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”.
Sus versiones han creado tanto ruido, que ahora Hernández denuncia que por las redes sociales ha recibido toda clase de insultos, injurias, atropellos y delicadas amenazas como arrojarle ácido en la cara para desfigurarla, aunque la citada diputada ha reiterado que no es homofóbica y que no tiene nada contra la comunidad homosexual, solo que está defendiendo los derechos de la gran mayoría de los colombianos, especialmente de los santandereanos, que no tienen esta respetable condición.
““Yo no soy homofóbica. Aquí hay “heterofobia” porque yo he sido amenazada con que me van a echar ácido y me han llenado de insultos por pensar diferente. Pero creo que mi derecho termina donde comienza el del otro. Yo no le impongo nada a nadie pero tampoco pueden imponernos nada”, confirma Hernández.
La Otra Cara certificó que en la Web casi todos los artículos son contra la diputada Hernández, una abogada de 25 años, al igual que en las redes sociales donde es objeto de toda clase de improperios, hostigamientos y ataques porque la acusan de discriminación, lo cual parece más una campaña de bullying o matoneo mediático por sus posiciones. Lo que confirma que la discriminada es ella por sus ideas.
El propio Coronel Gustavo Franco Gómez, comandante de la Policía de Santander, se reunió con ella para analizar temas logísticos y de seguridad con el fin de salvaguardar su integridad. “Reunida con Coronel Franco comandante policía en Santander, analizando temas de seguridad por amenazas recibidas”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter, en la cual subió una fotografía suya junto con el uniformado.
Recordemos que el mismo co-presidente del Partido de La U y senador, Armando Benedeti, anunció públicamente en los medios de comunicación nacionales que la citada diputada será llamada a rendir descargos ante el comité de ética de esa colectividad política, porque según él: “la diputada si discrimina a los niños por su condición sexual y va en contra de los postulados del partido de la U. Será investigada ya que está primando sólo su tendencia religiosa y no las leyes y derechos de todas las personas”. Todo, por pensar y opinar diferente.
A la diputada se le pone en la mira por no estar de acuerdo con la aplicación o imposición de un ley para toda la ciudadanía nacional, pero que fue creada pensando solo en la comunidad LGBTI, la cual es una parte de la población colombiana y no todos los habitantes tienen la misma condición.
Hay que aclarar que Benedetti, cuando se habla sobre los temas de la futura paz que afronta el país, es uno de los grandes abanderados en defender la pluralidad de opiniones y el derecho a disentir en los diferentes temas nacionales. En este caso, parece no aplicarlo.
Por su parte, Hernández reitera que no le importa perder la credencial del Partido de La U, porque si es necesario la entrega, ya que su lucha es por la familia, los padres y por los niños de Colombia, quienes no todos tienen tendencia homosexual, la cual respeta, ni deben ser educados para que adopten esta condición. La diputada reclama su derecho a disentir en nuestro país, lo cual es una garantía que le da la Constitución. El debate sigue.
