El Pueblo va a Pasar Factura a los Gobernantes de Córdoba en el 2022

Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente Red  Colombiana de Veedurías.

Esa vieja costumbre, que tiene el gobierno cordobés, parecida a la de los gallinazos, que corren a hacer el nido cuando está lloviendo, se les va a acabar.

Hay en el ambiente un sentir unánime, del pueblo, tendiente a que le va a pasar factura al gobernador y a los alcaldes del departamento de Córdoba, porque estos están incumpliendo la Ley 1523 del abril 24 de 2012, por la cual fue adoptada la política nacional mediante la cual se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y demás disposiciones.

Las autoridades sinuanas han ignorado, deliberadamente, el artículo 18 de esta ley que trata sobre la prevención de riesgo, que se traduce como “medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con ANTICIPACIÓN con el fin de evitar que se genere riesgo.

Esta norma está enfocada a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva PARA IMPEDIR QUE SE GENERE NUEVO RIESGO”.

“Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible”.

¿QUÉ ES LA CALAMIDAD PÚBLICA?

Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o en los recursos, ocasionan un desastre.

¿QUIÉN DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA?

El artículo 57 de la Ley 1523 de 2012 faculta a los alcaldes para declarar la situación de calamidad pública en los siguientes términos: «Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declarar la situación de calamidad pública”.

Sería razonable declarar la calamidad pública cuando esta ocurre por primera vez, pero este problema del desbordamiento del río Sinú ha ocurrido en forma periódica durante siglos. La inundación del Sinú es cíclica, como el verano y el invierno.

LA CORRUPCIÓN ANTIGUA Y LA NUEVA SON SIMILARES.

En los tiempos de Noé, nunca había llovido sobre la tierra; sin embargo este patriarca, que era meteorólogo, estudió la atmósfera y la forma en que esta podría afectar los sistemas de la Tierra; mediante observaciones pudo comprender y predecir el comportamiento del tiempo. De este modo aplicó una contingencia de prevención. Este científico le explicó a la Bación que sobrevendría un diluvio. Su campaña la hizo gratis, porque él era científico, no político. Los políticos son los que no dan puntada sin dedal. Noé le advirtió a los gobernantes sobre el inminente desastre invernal, pero ellos ocultaron su advertencia, con el fin de ganarse unos cuantos millones en los contratos y obtener los votos de los damnificados. Pero como dicen los campeones del billar: Los corruptos “tacaron burro”, porque ellos también perecieron ahogados.

ESTA AHOGADA ES INMINENTE

Es probable que en el 2022 podrán “ahogarse”, en las aguas turbias de la corrupción, todos los candidatos que pertenecen a los grupos políticos de los actuales gobernantes cordobeses, por la misma causa que se ahogaron literalmente los falsos gobernantes en los tiempos de Noé.
La salvación o la ahogada unánime dependen de la actitud que tengan los gobernantes y políticos acerca de poner en práctica la Ley 1523 de 2012 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Desde hace mucho tiempo los escenarios de riesgo están plenamente identificados, no han sido priorizados, no hay prevención, no hay acciones contundentes de intervención ni de reconstrucción, a pesar de que existe la maquinaria adecuada. No se sabe si existen los recursos o si ya se esfumaron. No hay monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes, ni respuesta frente al desastre con acciones dirigidas a atender a la población afectada, ni restitución de los servicios esenciales afectados. En fin, no hay acciones de rehabilitación ni de reconstrucción. ¡No hay nada!

Existe una sentencia que los gobernantes no cumplen. Eso se llama desacato. Y el que comete desacato debería de estar preso.

Como podemos ver, Córdoba está acéfala: No tiene Ministro de Ambiente, ni gobernador, ni alcaldes. Todo esto significa que los políticos y los administradores del Estado, con su apatía, le están haciendo la campaña gratis a las nuevas generaciones.