Por: Germán Calderón España.
El 5 de diciembre venidero, se celebrarán las elecciones de los consejos municipales y locales de juventud, instancias mediante las cuales el Gobierno nacional busca establecer instrumentos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes con la institucionalidad que incentiva a este sector de la población que se debate entre la esperanza de tener un mejor futuro, pero también, ante la frustración de un presente que no le ofrece estándares óptimos para su desarrollo integral.
En el reciente documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social expedido el 9 de agosto de 2021 -CONPES 4040-, reunido con el fin de establecer políticas que favorezcan efectivamente el desarrollo integral de la juventud en Colombia y de sus potencialidades en los ámbitos del hogar, educativo, laboral, comunitario y de espacio público y digital, ante obstáculos como que i) el 18% de los jóvenes en adolescencia viven en pobreza multidimensional; ii) el 28,8 % de los jóvenes urbanos entre los 17 y 21 años y el 22,8 % de los jóvenes rurales en este rango de edad no asisten a un establecimiento educativo por carencia de recursos; iii) tienen una baja valoración de la educación, dado que el 32,1 % de los jóvenes entre los 14 y 16 años manifiesta poco interés por el estudio, se perfilaron las líneas de acción para enfrentar las barreras que les causa tanta frustración y que desembocan en la protesta social violenta, con un presupuesto de 33,5 billones de pesos a ejecutar entre 2021 y 2030.
No se pueden desconocer los avances y oportunidades de mejora en diferentes niveles y sectores que vienen permitiendo el desarrollo integral de los jóvenes: En educación, se destacan los esfuerzos relacionados con estrategias orientadas a promover la permanencia escolar, el logro de trayectorias educativas completas y el fortalecimiento de la educación media, a través de programas de transferencias monetarias como Familias en Acción que aumentó en un 12% las probabilidades de que los niños, niñas y adolescentes estén matriculados en un establecimiento educativo; el avance en educación media en la cobertura en la última década; el avance en educación superior en la última década incrementándose en 13,1 puntos con programas como “Ser Pilo Paga”; la asignación de recursos para la educación superior pública, apoyando a las poblaciones rurales, indígena y víctimas del conflicto armado interno; y la implementación de auxilios de matrícula para la educación superior para las familias que tuvieron efectos negativos de la pandemia del Covid-19.
En agricultura y desarrollo rural, se destaca el fortalecimiento del programa Jóvenes Rurales – acceso a la educación superior con créditos subsidiados; En innovación, se atiende a los adolescentes y jóvenes a través de Sacúdete y se creó la Dirección de Adolescencia y Juventud en el ICBF (Decreto 879 de 2020); en inclusión productiva de la juventud, se evidencia la promoción del empleo y el emprendimiento juvenil, políticas que cada vez se articulan de una mejor manera para lograr sus objetivos; el programa de 40 mil primeros empleos con incentivos para la contratación de población joven en el proceso de inserción laboral; la facilitación de experiencias laborales en el sector público, derivada de la Ley Pro-Joven y de la Resolución 452 de 2021 que creó el programa Estado Joven; la regulación del empleo a partir de los 15 años, en atención al Convenio 138 de la OIT y de la Ley 1098 de 2006 -Código de la Infancia y la Adolescencia-; En inclusión productiva de la población en condiciones de pobreza extrema, se benefició a la población joven con capacitación y financiación de 3.400 planes de Negocios implementados y consolidados de grupos de jóvenes rurales a través del programa Campo Emprende; En salud y bienestar, se resaltan los avances en la atención primaria en salud y la intervención de determinantes sociales en salud evitando evento en salud pública como los hábitos de vida poco saludables, embarazo subsiguiente, enfermedades de transmisión sexual, violencias, consumo de SPA, problemas mentales, suicidio, etc.; como en otros tantos sectores.
También, el documento hizo un breve análisis de la juventud bajo medidas de protección; adolescentes en conflicto con la ley; jóvenes víctimas del conflicto armado interno; y juventud LGBTI, en las que las problemáticas son complejas con precaria intervención estatal.
Entre las líneas de acción, se plantearon con prioridad el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los jóvenes en zonas urbanas y rurales del país para el avance en la garantía del acceso, la permanencia, la calidad y la pertinencia de la educación media y pos media; de los perfiles de la juventud y pertinencia de las oportunidades de inclusión productiva y generación de empleo; de las capacidades para la generación de ingresos juvenil; las estrategias para incrementar el aseguramiento en salud de la población joven; el acceso a una vivienda digna a la población joven; el fortalecimiento de los entornos protectores para mitigar el riesgo de vinculación de los adolescentes y jóvenes al delito; y el desarrollo de acciones para la incorporación del enfoque de juventud en la implementación del Acuerdo de paz.
En este contexto, tienen ustedes los jóvenes un reto muy grande en relación con su propio bienestar y futuro, pues sin importar las metodologías establecidas para ser elegidos, ustedes, ya en esas células de participación, tendrán que exigir con vehemencia, pero con respeto, que el sistema tenga dientes, porque los detractores del mismo saltan de uno y otro lado. Así, inquietarán al Gobierno, tenga a quien tenga en su conducción.
