Imposible juzgar a Uribe en nuevo tribunal de paz

El ex presidente Álvaro Uribe no podría ser juzgado por el nuevo tribunal de paz.

 
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa…”
El nuevo debate en torno al proceso de paz en Colombia, ahora se remite a establecer si un Tribunal Especial de Paz creado en el marco de los acuerdos de justicia transicional en La Habana, podría investigar y juzgar al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez por presuntas conductas que pudiesen constituir delitos cometidos antes de posesionarse en la máxima magistratura del país, como por ejemplo, cuando fue Gobernador de Antioquia.
 
Para dilucidar el debate propuesto por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, resulta imperioso acudir al tenor literal del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que acogió el derecho fundamental al debido proceso, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, el que en su inciso segundo prescribe: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.”
 
De este precepto, aparece la primera premisa por la que claramente se concluye que el juez o tribunal competente para investigar al ex Presidente sería el que de conformidad con la ley de la época cuando ejerció como Gobernador, era el preestablecido, es decir, lo investigaría la Fiscalía General de la Nación y lo juzgaría la Corte Suprema de Justicia.
 
Ahora bien, existe un vacío constitucional y legal en cuanto al juez o tribunal competente para juzgar a los Presidentes de la República, durante su período o después de su culminación, por delitos cometidos antes de su posesión.
 
Ni el artículo 199 constitucional, – que determina que durante su periodo no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa -, ni el 235, que fija como atribución de la Corte Suprema de Justicia, “juzgar al Presidente de la República…”, “por cualquier hecho punible que se les impute,…”, lo especificaron.
 
El más cercano antecedente de un debate como éste, es el que se dio cuando se conoció la noticia de la infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper Pizano, porque sus enemigos deseaban que lo investigara un juez ordinario por los presuntos delitos en que hubiese podido incurrir en los momentos previos a su elección y posterior posesión.
 
Recordemos que este episodio culminó con la decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, de no acusar al Presidente Samper.
 
En su época, recogiendo los pronunciamientos de algunos juristas publicados en El Tiempo, el constitucionalista Luis Carlos Sáchica dijo: “En la Constitución no están previstos los casos relacionados con delitos anteriores al mandato.”
 
El penalista Augusto Ibáñez Guzmán sostuvo que: “La Constitución no distingue sobre la época en que se comete el delito. Por lo tanto, la Comisión de acusaciones sí es el ente encargado de este proceso, aún cuando el hecho sea anterior a la posesión del alto funcionario.”
 
El actual Representante Germán Navas Talero expresó: “En mi concepto sí porque es, en este momento, el Primer Magistrado de la República, y sería absurdo que para este efecto no tuviera fuero y pudiera ser investigado por un juez municipal.”
 
El jurista Alfonso Gómez Méndez, ex Fiscal y ex Procurador señaló: “…El fuero en principio sólo cobijaría los actos ejecutados durante el ejercicio del cargo y mientras permanezca en él,…”.
 
Por último, el constitucionalista Jaime Castro, en Semana del 16 de noviembre de 1995, refiriéndose a los delitos que tuvieron lugar antes de que el Presidente Samper se posesionara, indicó que “Una vez instruido el proceso que reciba la Cámara, el Senado debe decretar que hay lugar a seguimiento de causa, o sea ordenar que el proceso siga su curso y enviar el proceso a la Corte Suprema.”
 
El antecedente jurisprudencial que refuerza mi tesis sobre la imposibilidad de juzgar a Uribe ante un nuevo Tribunal Especial de Paz, está dado en la Sentencia C-222/96 de la Corte Constitucional que refiriéndose al fuero presidencial concluyó: “Dicho fuero especial no implica el sometimiento a jueces y tribunales especiales, esto es, distintos de los ordinarios,…”
 

Los jueces o tribunales ordinarios para el caso de las presuntas conductas que pudiesen constituir delitos cometidos por el ex Presidente cuando era Gobernador son la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

 Fuentes: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-376368 y http://www.semana.com/enfoque/articulo/quien-lo-juzgaria/26964-3

 German calderon

 

Por: Germán Calderón España

Abogado Constitucionalista

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