Por: Eduardo Padilla Hernández.
Abogado. Presidente Asored Nacional de Veedurías*.
eduardopadilla@hotmail.com
La geopolítica es una ciencia que se ocupa del estudio de los efectos de la geografía, tanto humana como física, sobre la política internacional y las relaciones internacionales. Es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas.
Este concepto puede ser considerado como la influencia política de potencias que, de acuerdo a su posición geográfica y sus intereses económicos, buscan ejercer dominio en la toma de decisiones de otros estados. Un ejemplo que nos permite evidenciar la importancia de este concepto, es la intención del actual gobierno del Presidente Iván Duque, quien nuevamente pone sobre la mesa la decisión de la erradicación de cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea de GLIFOSATO, a pesar de todos los antecedentes negativos en salud y medio ambiente, y los pronunciamientos de la Corte Constitucional en contra de este método de erradicación.
Esta decisión se ha fundamentado desde el gobierno nacional, por los fuertes cuestionamientos de los Estados Unidos, a través de su mandatario Donald Trump, ante el supuesto aumento del cultivo, fabricación y comercialización de drogas.
Debemos entonces preguntarnos si la orientación de la política gubernamental de Colombia, producto de las presiones geopolíticas desde Estados Unidos, ¿están por encima de las normas constitucionales, de la salud y la vida de los colombianos y de nuestra riqueza natural?
Resulta obvio que las decisiones del gobierno Colombiano, están influenciadas por los factores exógenos que se hacen evidentes, por los hechos trascendentales que están ocurriendo actualmente en nuestro territorio, donde el Estado, apoyando proyectos de industrialización, está violentado los derechos fundamentales, está sacrificado la total protección y conservación de los diferentes ecosistemas de nuestro país, como se ha demostrado con Hidroituango, la aprobación para el desarrollo del fracking y la aspersión de glifosato.
Estas determinaciones han afectado a muchas comunidades colombianas, estos antecedentes y las miles de consecuencias negativas que les ha tocado afrontar a muchas ciudadanos, nos obligan a revisar con lupa las decisiones que se están tomando a nivel gubernamental sobre los temas ambientales, que día a día siguen impactando en nuestra fauna, flora y fuentes hídricas; además de la vida, la salud y la dignidad de nuestra población.
Mientras tanto, el actual gobierno después de varios años de la prohibición del GLIFOSATO, entra en debate por reanudar su utilización como medida ante la lucha contra el narcotráfico, que a pesar de todo el tiempo que se utilizó como método de lucha contra las drogas, resultó altamente gravoso en materia económica y no alcanzó los resultados esperados. ¿Cuál es la garantía de volver a utilizarlo, si sus antecedentes, no solo dejaron brechas de gastos en el presupuesto nacional, si no también, afectaciones ambientales que llevaron a la Corte, bajo el principio de precaución y protección, a desestimar su uso?
Colombia siempre ha hablado frente a los tratados y convenios internacionales, en contra del uso de este químico, mostrando nuestra preocupación ante los problemas ambientales, pero a la hora de tomar decisiones en pro de nuestro territorio volvemos la cara contra las regiones y dejamos que las necesidades e influencias de los demás estados dicten el accionar de nuestra política interna en detrimento de las condiciones de los colombianos.
El problema de la droga se debe ver de manera integral, en toda la cadena, y especialmente desde el consumo, un tema que para los Estados Unidos es intocable. Siempre han preferido echar la culpa a la producción, porque es una estrategia con dos vía de beneficio para ellos, pues el glifosato con el que se debe fumigar, sale de sus fábricas, incrementando los ingresos de las poderosas compañías químicas norteamericanas, y les permite mostrar una gestión frente a la lucha contra el narcotráfico, aun a costa de la salud la vida y el ambiente de aquellos países frente a los que fingen ser aliados.
No podemos permitir que estas políticas tomen forma nuevamente, a quien menos les interesa la salud, la vida, la dignidad y el ambiente de los Colombianos, es a los Estados Unidos, por eso no podemos aceptar que sus influencias vayan tan lejos como para arriesgar nuestros más preciados bienes.
