Iván Cepeda habría cometido abuso de autoridad y fraude procesal

Iván Cepeda hace fiesta cuando las decisiones judiciales le favorecen, pero cuando no, incendia la justicia

Bernardo Henao

Por Bernardo Henao Jaramillo.

Pese a las graves e inadmisibles presiones indebidas que se ejercieron en contra del Dr. Gabriel Jaimes coordinador de fiscalías, quien conduce el proceso que se sigue en contra del expresidente Alvaro Uribe Vélez,   tanto por intromisión del director de HRW, José Miguel Vivanco, como por la manifestación suscrita por 1290 firmantes sino también por la reprochable actuación del propio ex Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, quien en forma desobligante y por demás amenazante,  dejo saber que decidir solicitar la preclusión era claramente incurrir en un prevaricato, el fiscal que impulsa la actuación no se dejó amedrentar, sin temor alguno,  actuando con la independencia que le es propia,  decidió radicar la solicitud de preclusión.

Claro resulta que cuando se investiga en una actuación penal un presunto hecho delictivo y se demuestra en medio de la actuación que uno de los indagados es por completo ajeno a los hechos por los que se le investiga, debe, es incluso obligación hacerlo, solicitar terminar la actuación a través de la aplicación de la llamada preclusión, figura procesal legal, que contempla la terminación del proceso penal sin el agotamiento de todas sus etapas procesales, por ausencia de mérito para sostener una acusación. Por esta razón, se indica por parte de la Fiscalía en su comunicado fechado en marzo 5 de 2021: “…. Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que, si lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe.”

Resultaron en vano todas las injerencias indebidas, pero en especial deja mucho que pensar que una supuesta víctima como está acreditada en proceso como es el senador Iván Cepeda venga insultar, e incluso injuriar al propio Dr. Gabriel Jaimes cuando en recientes declaraciones entregadas al portal KienyKe señaló: “El fiscal Gabriel Jaimes ha menospreciado olímpicamente el acervo probatorio recogido por la Corte Suprema de Justicia. Se ha convertido en el defensor de Álvaro Uribe, y ha decidido practicar pruebas que ya se habían realizado en la Corte Suprema. Las nuevas que ha ordenado son contra el testigo principal Juan Guillermo Monsalve y las víctimas, es decir, no ha practicado pruebas que profundicen lo que debe ser su verdadera función que es investigar al imputado”,

Fácil es refutar al senador Cepeda pues al dar esa irrespetuosa y ofensiva declaración, aún no se había presentado la solicitud que se acaba de conocer, pero falta incluso, la sustentación ante el juez de conocimiento que la vaya a decidir, luego no sólo prejuzga Cepeda, sino que incurre en indebida actuación y de contera viola ostensiblemente uno de los principales deberes de los Congresistas, como es “Guardar para con los Congresistas, servidores públicos y todas las personas el respeto que se merecen, actuando frente a ellos con la cortesía y seriedad que su dignidad le exige” (Literal f Ley 1828 de 2017).  Por supuesto, no basta hacer pormenores análisis para saber la razón de su nerviosismo, miedo y desespero. Colombia ya está cansada del abuso arbitrario del ejercicio del derecho y del litigio por parte de dicho senador y más lo está cuando persiste tercamente y sin fundamento, en mostrarse que él es el único dueño de la verdad y, los colombianos cansados de ello, ya lograron identificarle su mal proceder.

El expresidente Uribe consigue otra victoria temprana en su “infame” proceso en su contra. Avanza un escalón más en el tortuoso y difícil camino que le espera, ya que el hecho de que se solicite la preclusión, ésta la debe aprobar o negar un juez penal de conocimiento. Efectuado el reparto, se conoce que correspondió a la Juez 28 de Conocimiento Dra. Carmen Helena Ortiz, quien una vez surtidos todos los trámites citará la audiencia en la cual deba decidir. Como es lógico y obvio, en presencia de un proceso garantista, todos los sujetos procesales harán uso de la palabra. Inicialmente el Fiscal Gabriel Jaimes quien fundamentara y sustentará su petición que seguro anticipa la total inexistencia de prueba que comprometan al expresidente Uribe y desde luego refutará las ilegalmente obtenidas como fueron las grabaciones al abonado telefónico del expresidente, por supuesto las de los falsos testigos que ya han dado cuenta ciertos medios. Ya dejo saber que las causales en que fundamentará la solicitud son: “atipicidad del hecho investigado y ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”. Tendrá el turno la defensa, las víctimas y sus apoderados, el ministerio público, en fin, le llegará el turno a la Juez 28 de pronunciarse.

De todas formas, como siempre acontece esa futura decisión es susceptible de apelación, de la que ya han anticipado las víctimas se hará uso. Por eso, poco se comprende y entienda que si saben y anuncian que harán uso de los recursos que la ley concede, vengan a tratar de atemorizar al fiscal de la causa en instaurarle una denuncia penal por señalar que está incurso en prevaricato al adoptar esa decisión. A esas cuestionada víctimas que  hacen de la justica un espectáculo bochornoso,  de la que son sus principales protagonistas con las no dudar payasadas con las que salen a los medios a buscar figuración, se les recuerda que en los estrados se interviene en las audiencias o se allegan memoriales, para hacer uso de los recursos de ley. Siempre ante los fiscales y jueces la actuación debe surtirse con respeto, el alzar la voz o la grosería es sinónimo de carencia de argumento,  no pueden desconocer la imparcialidad e independencia de la justicia, por lo que también es pertinente  recordarles que el Código Penal tiene contemplado como delito la falsa denuncia.

Es más, la futura decisión que llegare adoptar la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, será susceptible de ser cuestionada vía tutela y por ese medio, quien lo creyera, volver a llegar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. No se olvide que el expresidente Uribe por falta de garantías como lo expusiera en su momento, terminó renunciando a su curul de senador, pero por esos laberintos procesales muy propios de nuestro sistema judicial, puede llegar de nuevo a esa alta corte. Este singular y moderno proceso kafkiano, muestra esta posible e imaginable “ironía” judicial, que en tanto llegue a dar vueltas y vueltas en el extraño carrusel de los recursos y acciones, de seguro en el país de macondo todo será posible y acontecerá.

Ver: SOLICITUD DE PRECLUSION DEL CASO URIBE

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Bernardo Henao Jaramillo
Abogado e investigador


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