La Cadena Perpetua en Colombia

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Niños, niñas y adolescentes, sean conscientes de sus alrededores y de cómo podrían escapar, si es necesario. La prevención es el mejor remedio.

Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente Red Colombiana de Veedurías Ciudadanas.

La plenaria del Senado aprobó, en último debate, el pasado 15 de junio, la reglamentación de la cadena perpetua, en Colombia, que se podrá imponer a quienes asesinen o violen menores de edad.

La iniciativa, que tuvo el apoyo de 67 senadores y el voto negativo de 14 de ellos, ahora pasará a sanción presidencial para que pueda ser utilizada en Colombia.

El proyecto de ley prohíbe penas de destierro y confiscación. La extinción de dominio sólo se hará efectiva si el violador adquirió los bienes de manera ilícita. El acto legislativo comenzará a regir a partir de la fecha de su promulgación.

La cárcel como castigo fue creada en el siglo XVII, para resolver problemas de esa centuria. Se originó para humanizar la ejecución de las penas, porque los métodos que se venían empleando eran crueles. La primera vez que se utilizó la cárcel como pena institucionalizada fue en Inglaterra, en 1557, con la famosa House of Correction of Bridewell (Londres), nombre que todavía utilizan muchas instituciones británicas de este tipo.

¿Por qué no ampliaron la cadena perpetua, e incluyeron la pena de muerte, para aplicárselas a los corruptos que malversan los fondos públicos, y empresarios que han arruinado a la clase media? Porque no hay legisladores que tengan la audacia y la integridad moral para convertir a Colombia en una potencia económica mundial con un estatus similar a los Estados Unidos, China, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia.

En Colombia el tema de los violadores seriales son casos aislados, porque la mayoría de los casos de abuso sexual están asociados a un núcleo familiar, a personas cercanas y a las entidades religiosas; pues únicamente teniendo en cuenta los casos comprobados e investigados por organismos independientes, existen más 100.000 víctimas de la pederastia clerical reconocidas en todo el mundo; sin incluir los casos que están en la impunidad.

El Ministro del Interior, Daniel Palacios, manifestó a los medios que “con este proyecto de ley se envía un mensaje a esos criminales”.

Wilson Ruiz, ministro de Justicia, autor del proyecto, indicó también que “El Estado está obligado a brindar una máxima protección a niños, niñas y adolescentes, el grupo más vulnerable de la sociedad”.

Uno de los puntos fundamentales del proyecto de ley estatutaria es la imprescriptibilidad de la acción penal cuando se trata de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

Algunos sectores, relacionados con la rama judicial, consideran que el proyecto no es una acertada política criminal, pues los estudios de criminología demuestran que no es la severidad de la condena lo que sugestiona al delincuente, sino la seguridad de la pena, porque el criminal cree que no será atrapado. Con relación a la protección que se busca de los menores, esta ley no es preventiva, sino reactiva, pues la cadena perpetua se aplica a personas que ya cometieron el abuso.

Con la cadena perpetua se agravará el problema del hacinamiento en las cárceles, pues en la actualidad, existe una sobrepoblación de 16.706 personas en las cárceles, lo cual atenta contra la vida digna de los reos.

Sin embargo, el problema sigue presente en los centros penitenciarios, ya que las cárceles tienen capacidad para 80.900 personas y el sistema cuenta actualmente con más de 97.000 personas privadas de su libertad, lo que demuestra una falla en varios eslabones del sistema penal.

El hacinamiento en Colombia es un problema que ha crecido con el paso de los años. Los expertos apuntan a la falta de políticas públicas, ausencia de inversión en infraestructura y fallas en el sistema penal.

A marzo de 2021 el índice de hacinamiento llegó a 20,65%, una cifra que, aunque sigue siendo negativa, dista en más de 30 puntos porcentuales del indicador que mide el exceso de personas en las prisiones del país registrado por el Inpec en 2020.

Cada preso le cuesta al país 22 millones de pesos al año en gastos para alimentación, educación y salud de los reclusos.

En Colombia, hay 116.017 personas en detención intramuros. Eso arroja un total de $2.552.374 billones de pesos anuales, más los costos de administración: $984 mil millones de pesos, una parte significativa de sus recursos que se va en el pago de la nómina de los custodiadores, directivos, asesores, profesionales y demás trabajadores que prestan un servicio para el Inpec; mientras que otra parte del dinero es destinado a conceptos de papelería, administración del sistema y dotación de uniformes.

Una alternativa de solución para el problema del hacinamiento, y además para convertir a las penitenciarías en dependencias productivas, podría consistir en implementar proyectos de cárceles agrícolas, un espacio rural destinado al cumplimiento de la pena de privación de la libertad, en el cual se desarrollarían diferentes actividades dirigidas a la resocialización del recluso, mediante la unidad dialéctica entre el trabajo y la educación.

Hay miles de hectáreas improductivas en Colombia que el Estado podría comprar para fundar colonias penales agrícolas, que fueron establecidas en el Código Penitenciario y Carcelario de Colombia (Ley 63 de 1993, art. 28), pero que nunca esta normatividad se llevó a la práctica. De haberlo hecho, hoy serían establecimientos de reclusión orientados a la resocialización, rehabilitación y reinserción social del delincuente mediante el trabajo agrícola y ganadero, alejados de centros poblados que, con políticas públicas adecuadas, serían constituidos como estrategia fundamental e insustituible en la prevención integral del delito.

La sociedad elige funcionarios públicos para que trabajen en pro del desarrollo del país, pero su apatía indolente demuestra que de acuerdo a la conclusión de la investigación realizada por los economistas Nathanael Fast y Deborah Gruenfeld, el poder puede literalmente «subirse a la cabeza», causando que los gobernantes piensen que tienen un mayor control sobre la realidad, del que verdaderamente poseen. Por esta razón ellos olvidan la noble misión del servicio que deben prestarle a la patria.

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Eduardo Padilla Hernández
Abogado, Columnista y Presidente Asored Nacional de Veedurías


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