En la región fueron asesinados 27 periodistas por su labor de denuncias, entre los cuales se destacan en Colombia, Flor Alba Núñez y Luis Carlos Cervantes, este último sacrificado porque la Unidad Nacional de Protección le quitó la seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su evaluación sobre la situación de la libertad de expresión durante el 2015, llamó la atención sobre un incremento de la violencia contra los y las periodistas en América.
Durante el año pasado En efecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH documentó 27 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en circunstancias que podrían estar relacionadas a su profesión, además de otros 12 casos en los que no es posible determinar sin una investigación exhaustiva el vínculo con la labor de informar.
En 2014 habían sido 25 los casos registrados por esta oficina de la citada Comisión. A su vez, continuaron los episodios de intimidación y amenazas, así como un incremento del uso del derecho penal en contra de los comunicadores sociales. Aunque limitado a algunos países, la aplicación de leyes que contienen gravosas regulaciones respecto a los contenidos de los medios de comunicación derivó en la aplicación de sanciones económicas desproporcionadas.
La Relatoría Especial también expresa su preocupación por la respuesta desmedida de varios Estados al derecho a la manifestación y a la protesta, lo que se hizo presente a través de la disolución violenta de protestas por parte de cuerpos de seguridad del Estado, detenciones de activistas y periodistas, agresiones y roturas de equipos de los comunicadores. El uso discriminatorio de la publicidad oficial, la persecución a medios comunitarios y la concentación en la propiedad y control de los medios continúan siendo desafíos pendientes en el continente y, en algunos casos, estas situaciones se agravaron.
Asesinatos de comunicadores e Impunidad
En 2015, los países que tuvieron periodistas asesinados fueron Brasil, Honduras, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Paraguay. Los y las periodistas asesinados y agredidos cubrían en su mayoría el accionar del crimen organizado, hechos de corrupción política o representaban una robusta voz en sus comunidades locales. Vinculada a la situación de violencia, se mantienen altos índices de impunidad en muchos países respecto a la identificación y sanción de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, lo que genera un efecto inhibitorio generalizado que limita el derecho a la libertad de expresión de zonas enteras del continente.
«Se mantienen altos índices de impunidad en muchos países respecto a la identificación y sanción de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, lo que genera un efecto inhibitorio generalizado que limita el derecho a la libertad de expresión en zonas enteras del continente», lamentó la CIDH.
En este capítulo no hay que pasar por alto el homicidio de la periodista tolimense Flor Alba Núñez y del comunicador de Antioquia, Luis Carlos Cervantes, asesinado por negligencia de la estatal Unidad Nacional de Protección, bajo el mando en ese entonces de Andrés Villamizar, por considerar que no tenía riesgo, ya que solo ponía salsa en su emisora.
El uso desproporcionado de la fuerza estatal
Durante 2015 las manifestaciones y la protesta fueron un factor clave para el ejercicio de la libertad de expresión y la canalización de demandas tanto sociales como las relativas a la lucha contra la corrupción, la no discriminación y el respeto al estado de derecho en América. En muchas de estas manifestaciones se registró un uso desproporcionado de la fuerza para dispersar o acallar a quienes reclamaban en las calles.
La Relatoría recomienda a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que diseñen marcos regulatorios orientados a proteger y facilitar el ejercicio de la protesta social y adopten medidas especiales para proteger a los y las periodistas que cubren situaciones de alta conflictividad social y garantizar que no sean detenidos, amenazados, agredidos, ni sus derechos limitados en cualquier forma por estar ejerciendo su profesión; y que su material o herramientas de trabajo no sean destruidos ni confiscados por las autoridades.
Asimismo, recomienda a los Estados asegurar la protección de las personas y abstenerse de estigmatizar o estereotipar a los manifestantes y sus reivindicaciones, evitando hacer generalizaciones con base al comportamiento de grupos particulares o hechos aislados. Si las fuerzas de seguridad deben actuar en una manifestación, deberán utilizar las medidas más seguras y menos lesivas de los derechos de las personas.
Ataques de los gobiernos mediante la publicidad
En diversos países de la región continuó el ataque a periodistas y medios de comunicación a través de declaraciones estigmatizantes hacia aquellos que publican información que no es del agrado de las autoridades. Durante 2015 esto sucedió principalmente en Argentina, Ecuador y Venezuela, donde los más altos funcionarios señalaron a trabajadores de medios de comunicación por sus noticias u opiniones. En un orden similar en Argentina, Ecuador, Venezuela y Guatemala se registró una asignación discriminatoria de la publicidad oficial en función de la línea editorial del medio de comunicación.
Al respecto, la Comisión Interamericana exhorta a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, en particular aquellas que puedan colocar en riesgo la vida e integridad de las personas.
Aquí puede bajar completo el Resumen Ejecutivo Libertdad de Expresion CIDH
Denuncia del Centro Democráctico contra la Presidencia
Por su parte, el representante del Centro Democrático, Samuel Hoyos, viajó a Washington (Estados Unidos) para llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una lista puntual de casos en los que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos han presionado a periodistas y medios de comunicación. Hoyos llegó con una carpeta documentada de cada caso y le entregó copia al relator para la libertad de prensa Edinson Lanza “solicitando que se atienda la situación de la libertad de prensa en Colombia buscando que se respete el derecho de los colombianos de ser informados de manera libre y objetiva”.
A su turno, Pedro Vaca, Director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), también visitará la Comisión para presentarles su informe sobre agresiones, amenazas y asesinatos de periodistas en Colombia.
