La Supersociedades le dio la razón a Funtierra contra la Gobernación de Córdoba

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En una batalla jurídica que duró cinco años entre Funtierra Rehabilitación y la Gobernación de Córdoba, al fin el Juez Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles, Francisco Hernando Ochoa Liévano, resolvió la situación a favor de esa entidad humanitaria.

La gobernación pretendió justificarse procediendo con una nulidad ante la Supersociedades, pero esta autoridad resolvió que “En cuanto a la comunicación del 5 de mayo que fue recibida por la Gobernación, es claro que la entidad está alegando su propia culpa para beneficiarse, circunstancia que no está autorizada por la ley, ni puede acolitar este despacho”.

Y la Súper agrega: “Curioso que la parte demandada y el Ministerio Público sí hayan participado en la audiencia, pero la Gobernación de Córdoba no haya podido. Pero, contradictoriamente, sí reconocen haber recibido información sobre la audiencia del 2 de junio casi un mes antes, no obstante, a la cual, no se hicieron presentes”.

La meta de Funtierra siempre fue: “Nunca ceder ante la corrupción”.
En Colombia un gran sector de ciudadanos no enfrenta a los corruptos por miedo.

Funtierra ha librado esta batalla legal contra la corrupción sin temor y sin apoyo de ningún político tradicional.

No es fácil sostener está lucha sin recursos financieros. En el caso nuestro nos hemos visto forzados a mantener las sedes de las clínicas cerradas. Hay casi 500 niños, con tutelas, esperando el servicio, pero a pesar de ello nunca hemos cedido al flagelo de la corrupción. Vamos a seguir en esta tónica, pues gracias a nuestra integridad nos hemos mantenido firmes.

En la Contraloría General y en la Superintendencia de Sociedades nos hemos ganado todos los procesos a favor de los niños discapacitados de Córdoba, porqué consideramos que tanto la actual contraloría como la superintendencia de sociedades, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales del interior del país, son órganos que están compuestos por gente honesta y que realmente aman a Colombia.

La batalla que hemos sostenido contra la “mafiacracia” da resultado en la medida en que uno tenga valor moral, en la medida en que uno nunca se haya dejado seducir por esa plaga.

Por eso la corrupción en el departamento de Córdoba, a la que nosotros siempre hemos combatido, a la que nosotros siempre hemos denunciado, se unió con la clase política, se unió con la administración; pero no logró aliarse con algunos funcionarios de los organismos de control que aún son decentes; por eso no pudieron callar nuestro clamor social de justicia y honestidad.

Encontramos, entonces que, en tres procesos, la Contraloría General exoneró a Funtierra, después de que nosotros probamos nuestra transparencia.

Posteriormente, la Superintendencia de Sociedades, en dos sentencias favoreció a Funtierra, porque se dio cuenta de que nosotros hemos sido víctimas de argucias y persecuciones.

El tribunal de Bogotá en la sala civil, en una sentencia de primera instancia, confirma lo realizado por la Supersociedades.

No obstante, después, con artimañas, funcionarios despreciables acudieron a la Corte Suprema de Justicia, en dónde siguieron argumentando falacias; sin embargo, la Alta Corte dijo la verdad, le dio la razón a Funtierra; porque no podemos esperar otra cosa de esa noble entidad de jurisprudencia, la cual, en este momento difícil para Colombia, está en un gran proceso orientado hacia la auténtica legitimidad institucional.

Pero sucede todo lo contrario con la Gobernación de Córdoba y los funcionarios inescrupulosos que, con suspicacia, están ocultando algo en la secretaría de salud, pues ellos tergiversaron el espíritu jurídico y procedieron con un sofisma de distracción, aduciendo que hay que auditar lo auditado.

Se trata de algo inaudito, porque la ley establece que no se pueden auditar las cuentas médicas o la facturación que ya han sido auditadas, pues esto es una prohibición legal y violatoria de todos los principios constitucionales y legales. Esos aletazos ignominiosos, por atacar a Funtierra, demuestran que los funcionarios de esa cartera no conocen la ley de la salud.

No obstante a que los órganos de control han fallado a nuestro favor, los funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental continúan con la insidia de mancillar el nombre de Funtierra Rehabilitación.

Pero resulta que los oscuros propósitos de esos malos funcionarios traicionaron sus propios actos, pues éstos han producido consecuencias contrarias a las previstas y deseadas por sus autores. Además, ellos no contaban con el hecho de que nuestra empresa tenía la información digitalizada con todas las pruebas: Facturación, autorizaciones, acta tarifaria, tutelas, códigos del departamento. Todo en orden.

Sin embargo, hemos sido víctimas de su hostil persecución, pero la justicia de Dios acampa a nuestro alrededor, nos defiende, nos guarda en el camino y nos introduce en el lugar que Él preparó para nosotros de antemano. Por eso somos más que vencedores en este caso.

Los cordobeses deben saber que por la persecución a Funtierra, hay varios funcionarios pagando condenas, procesados. Pero aún falta seguir destapando la olla de corrupción en la secretaría de salud, pues aún hay funcionarios contumaces que están empecinados en auditar lo que ya los órganos de control auditaron.

Hay que preguntarle al gobernador de Córdoba:
¿Por qué, para salvar el acuerdo de la ley 550, funcionarios de la Secretaría de Salud atropellan a la gente honesta del departamento?

Más adelante daremos a conocer los nombres involucrados en el entramado de corrupción en Córdoba, entre funcionarios públicos del departamento, políticos tradicionales y el papel que cada uno de ellos está jugando en la persecución contra Funtierra Rehabilitación.

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Sixto Alfredo Pinto
Director de La Otra Cara. Investigador, Periodista y Escritor.


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