“Las amenazas y denuncias en contra nuestra hacen parte de una estrategia de persecución política”, dicen los directivos de la constructora Ávila Ltda, quienes niegan ser «los Nule» de La Guajira.
“No descansaré hasta verlo preso o muerto”, fue la dramática sentencia contra Antonio Ávila Chassaigne, Representante Legal y actual gerente de la constructora Ávila Ltda. después que la Unión Temporal del Norte (UTN) solicitara justificadamente, a la aseguradora Liberty, hacer efectivas las pólizas por el incumplimiento y mal manejo de los anticipos de dos obras que subcontrató con el ejecutor de la amenaza y que este dejó abandonadas e inconclusas. Desde entonces, el subcontratista de esas obras, el señor Manuel Luis Ballesteros, se ha dedicado a amenazar y denunciar con saña a la UTN y particularmente a Ávila Ltda., firma que hace parte de dicha unión.
Ballesteros, a quien le dicen “Manuel Luisito” y primo del saliente gobernador de La Guajira, “Chemita” Ballesteros, ha presentado múltiples denuncias con la intención de establecer que en el contrato para la construcción de colegios en el departamento de La Guajira hay supuestos sobrecostos. Exasperado porque a la fecha nada se ha comprobado, la última temeraria acusación que se inventó fue el no cobro del IVA por casi 30.000 millones de pesos desconociendo que desde hace veintitrés años los contratos de obras con alcaldías y gobernaciones están exentos de ese impuesto (Ley 21 de 1992, Art.100).
Como consecuencia de esas denuncias, fuentes consultadas confirmaron que la Contraloría General de la República (CGR) ha enviado en dos ocasiones a la Gobernación de la Guajira sus observaciones sobre las mismas, para que en un plazo no mayor a cinco días esta se pronunciara, resultando muy casual y no menos sospechoso que las dos veces esta información fue filtrada a los medios de comunicación antes de que la administración departamental diera respuesta a dichas observaciones. Todo con la calculada intención de que la documentación aparezca como un fallo de responsabilidad fiscal en contra de la UTN y no como un documento de observaciones sobre dichas denuncias. Lo anterior se oscurece más si se tiene en cuenta que el saliente gobernador de La Guajira, José María Ballesteros es cercano familiar de quien denuncia y amenaza a Ávila Ltda.
Fue a través de los medios que la dirección de Ávila Ltda. se enteró sobre esas denuncias, por lo que acudió voluntariamente a la Contraloría General. En efecto, el organismo de control pidió aportar toda la información necesaria sobre los contratos (actas de entrega, pólizas de garantía, etc.). Es necesario reiterar que dicha información, a pesar de los reiterados pedidos de la Contraloría nunca ha sido facilitada por la Gobernación de La Guajira la cual, hace cerca de dos años y argumentado falta de presupuesto, se ha negado a cancelar a Ávila Ltda. facturas que cuentan con todos los soportes y refrendaciones de la interventoría.
Aunque los abogados de Ávila Ltda. han aconsejado siempre que la defensa se haga ante las entidades de vigilancia y no a través de los medios de comunicación, el reconocido portal http://www.las2orillas.co/, en razón del equilibrio informativo, permitió a la constructora responder en este espacio a un escrito publicado en octubre pasado en donde de manera temeraria y sin pruebas un señor llamado Carlos Rodríguez, basado en enunciados y fuentes falaces, califica a sus directivos como “los Nule de la Guajira”. Consecuentemente, Ávila Ltda. en esta replica y con la verdad objeta contra quien de manera irreflexiva y mezquina pretende manchar su buen nombre.
Nuestra investigación encontró que la empresa HyH Arquitectura sigue siendo miembro de la Unión Temporal del Norte, aun cuando en el año 2011 se acogió a la Ley de reestructuración Administrativa. Que esta nunca abandonó su responsabilidad en la mencionada Unión Temporal y las obras objeto del contrato 770 se terminaron y fueron recibidas todas a satisfacción por parte de la Gobernación de la Guajira como consta en el acta de recibo final consolidada de fecha 15 de Septiembre de 2014. Cabe aclarar que no existe una sola persona natural o jurídica que en relación con el mencionado contrato se haya visto afectada por el proceso de reestructuración de esta firma. Por lo que, todo lo que dice el señor Rodríguez es falso. Es demostrable que el contrato 770, por disposición de la entidad contratante, incluyó el diseño de 52 instituciones educativas en el Departamento de La Guajira, todos entregados y recibidos a satisfacción desde el año 2011. Adicionalmente incluyó la construcción, no de 44 instituciones educativas, sino de 43, entregadas a partir del año 2012. Este proyecto, el más importante en los últimos cincuenta años, correspondió a la primera etapa del Plan de Infraestructura Educativa del Departamento de la Guajira, que incluye el mejoramiento y/o ampliación de más de 120 instituciones. Lo que hasta la fecha se ha ejecutado de dicho plan, ha beneficiado a más de 33.000 nuevos alumnos en el departamento, cifra que puede ser corroborada en el Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de educación.
Fuentes de Ávila Ltda. expresaron que es una absoluta y perversa mentira afirmar que los proyectos y presupuestos no fueron revisados y aprobados por Mineducación a través de ARQ y FONADE. Y confirmaron que, de no haber sido así, el ministerio no hubiera aprobado la partida por más o menos el 10% del valor de las obras, exigiendo que fueran invertidas en tres de las 43 obras en los municipios de Uribia, Maicao y Riohacha. Estas obras fueron supervisadas por el ministerio hasta su terminación y entrega.
Revelaron también que no solo el Ministerio de Educación supervisó este proyecto, el que mayor atención ha tenido con dos interventorías diferentes y dos supervisores por parte de la Secretaría de Obras de La Guajira en dos periodos de gobierno por los que han pasado siete gobernadores, sino que además el DNP mantuvo vigilancia en todas las mesas de trabajo donde se revisaron y aprobaron los costos luego de terminados los diseños. Igualmente la Contraloría General de la Republica hizo auditorias periódicas a las obras.
Actualmente en los municipios de Villanueva y Uribia, en La Guajira, está en ejecución la construcción de dos de los proyectos diseñados en el marco del contrato 770 y al comparar los montos de dichas obras es fácilmente comprobable que los costos ajustados a la fecha son muy superiores a los cobrados por la UTN.
En todas las auditorías practicadas al proyecto, Ávila Ltda. nunca ha dejado de atender las observaciones y recomendaciones de tipo técnico. Tampoco se le ha requerido por algún caso que afecte la estabilidad de las obras después de haber sido recibidas a satisfacción por el cliente. Fe de esto puede dar la aseguradora Confianza S.A.
Lo que sí es evidente es la absoluta falta de sostenibilidad que han tenido los 43 colegios construidos, pues, durante los tres años que llevan funcionando las entidades responsables de dicha sostenibilidad han permitido el deterioro, vandalismo y saqueo de muchos de ellos, sin hacer nada para impedirlo. Por lo que no es cierto que la Contraloría haya comprobado sobrecostos en las obras. Como ya se ha dicho, esa es una de las denuncias que ha instaurado desde hace más de tres años el señor Ballesteros quien ha presentado ante la CGR un comparativo amañado entre los precios contractuales y algunos subcontratos parciales, subcontratos que no eran prohibidos en el contrato 770 y de los cuales siempre tuvo conocimiento el contratante.
Avila Ltda. afirmó que cuando la Contraloría General le hizo saber al departamento sobre las denuncias presentadas donde se estimaba un supuesto daño económico por más de 30.000 millones de pesos, el mismo supervisor del contrato por parte del Departamento de La Guajira, a través del oficio del 2 de septiembre de 2015, le contestó a la CGR, entre muchas otras cosas, que “…no existe posibilidad de que haya detrimento por parte de la administración, toda vez que existen razones de peso que soportan el tema de sobrecostos y retenciones realizadas”. También el secretario de hacienda departamental de la época, en oficio G/OF/DSH-148 de 2015 contestó a la CGR, “resulta indispensable aclarar, que por disposición legal los contratos de obra pública que suscriba la Gobernación de la Guajira están excluidos de IVA, como establece el artículo 100 de la Ley 21 de 1992”. Y concluye diciendo: “por las normas citadas se puede concluir que los supuestos hechos de la observación 2 están infundados y por tanto las consecuencias de imputación y sanción no son procedentes”.
Este periodista confirmo que Ávila Ltda. ha solicitado comedidamente a la Contraloría que se le informe sobre estas denuncias y se le permita defenderse de ellas en los escenarios correspondientes, y la respuesta ha sido que, a la fecha no existe abierto un auto de responsabilidad fiscal. “Si en algún momento se abre algún proceso, entonces Ávila Ltda. ejercerá su legítimo derecho a la defensa en los estrados de ley”, afirmaron sus directivos.
La historia de Ávila Ltda. se puede conocer en la página http://www.avila.net.co/. y enterarse como, en el pico más alto de su producción, ha generado más de dos mil empleos desarrollando diseños arquitectónicos y la gestión y coordinación de estudios técnicos para más de 650.000 M2 de edificaciones en La Guajira y en muchas zonas del país. De igual forma ha participado en el diseño, construcción y mantenimiento de numerosos kilómetros de vías. Igualmente a nivel nacional ha construido más de 350 mil m2 de edificaciones y participado en la construcción de más de 70 Km de canales revestidos para distritos de riego, y ejecutado más de 80.000 M3 de estructuras de protección costera.
Ávila Ltda. también ha diseñado más de 150 instituciones educativas en todo el territorio nacional y construido más de 100 colegios. Así como en el diseño y construcción del recientemente inaugurado Centro de Integración Educativa más grande y moderno del país, en el municipio de Codazzi, Cesar. Algunos de sus clientes son gobernaciones, ministerios y alcaldía municipales, el Cerrejón, Fidubogotá, Corporación “El Minuto de Dios”, Odinsa, Universidad Militar, Invias, Fonade, Sociedad Puerto Aguadulce, Comfaguajira, Sena, ICBF, Banco de la Republica, Colpatria, Consorcio Hospitalario de Cataluña y La Previsora, entre otros.
Durante la investigación pudimos ratificar que durante más de 30 años, Ávila Ltda. nunca ha incumplido sus compromisos contractuales, jamás ha sufrido una multa por incumplimiento ni se le ha decretado la caducidad de ningún contrato. Siempre ha cumplido cabal y oportunamente sus compromisos tributarios, tanto con la DIAN, como con los municipios donde opera. Tampoco ha sido sancionada por organismo de control alguno y ninguna aseguradora ha tenido que reparar a nadie por incumplimiento. Desde su creación, el principal soporte económico y de aseguramiento de Ávila Ltda. ha sido la banca nacional y las compañías de seguros. Aunque la constructora reconoce que no ha sido ajena a reclamos, advierte que estos siempre han sido atendidos con diligencia y conformidad.
En desarrollo de sus operaciones recuperó dos edificios abandonados en Riohacha para crear el Hotel Taroa y remodelar y poner nuevamente en servicio el emblemático Hotel Gimaura. Todo, después de cumplir con los requisitos legales exigidos, desmintiendo los rumores malintencionados con los que se trató de tachar esas ejecuciones. Así mismo, mientras ejecutaba para El Cerrejón el mantenimiento de la carretera Uribía – Puerto Bolívar y construía el hospital de Maicao, visualizo la urgente necesidad de una adecuada infraestructura hospitalaria que tenía la población Wayuu de la Alta Guajira. Así desarrolló, como iniciativa privada, la actual Clínica Uribia que, desde hace más de ocho años, permite atender la salud en la zona.
Actualmente, Ávila Ltda. desarrolla en muchas regiones del país estudios, diseños y obras de hospitales, colegios y viviendas de interés prioritario. También como iniciativa privada, adelanta la construcción y comercialización de 520 apartamentos VIS y las edificaciones del nuevo puerto Agua Dulce, entre otros. Es necesario puntualizar que la contratación estatal no ha sido el principal objetivo de Ávila Ltda., prueba de ello es que nunca ha suscrito un contrato con el municipio de Riohacha, ciudad en la que nació la empresa.
Ávila Ltda, es una empresa familiar riohachera que durante más de 30 años se ha constituido en algo más que un negocio, única verdad que el señor Carlos Rodríguez escribe en su diatriba del pasado mes de octubre. El nombre de Ávila Ltda. es en honor al padre del actual gerente, un riohachero que en plena bonanza marimbera no se dejó tentar por el ilícito, y que a pesar de las necesidades formó a ocho hijos, vivió una vida austera y dejó como herencia la educación y sus valores. Por esa razón la firma lleva su apellido.
Finalmente, directivos de la constructora advirtieron que si se inicia algún proceso relacionado con las engañosas denuncias, Ávila Ltda. está jurídicamente dispuesta para demostrar la verdad verdadera y comprobar que quien amenazó de muerte a su gerente es quien tendrá que responder ante la ley por sus intimidaciones y falsas denuncias.
Por Édgar de Castro
Periodista – Investigador T.P. 7817
Redactor de La Otra Cara
edetor@hotmail.com
