Por: Germán Calderón España.
No soy experto en materia tributaria, pero una reforma que no impone mayores cargas a la clase media y a las familias más vulnerables, se puede catalogar como “social” desde una mirada constitucional, por dos aspectos que resultan relevantes en su análisis: 1) cumple con el principio de progresividad, que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, obliga al sistema a “propender por adoptar medidas que generen que los contribuyentes aporten al sostenimiento de las políticas de Estado y reciban sus beneficios dependiendo de su capacidad económica”; 2) respeta el principio de solidaridad, sobre el cual, el sistema tributario debe sustentarse, como así lo afirma en forma reiterada el máximo tribunal constitucional, en “estrictos criterios de razonabilidad y proporcionalidad que permitan la imposición de un impuesto con atención a la real capacidad contributiva de los sujetos pasivos.”
En la presentación de la reforma tributaria de hace unos días, abortada por el Gobierno, que fue el detonante del vandalismos y la destrucción de media Colombia a manos de los criminales que están cayendo poco a poco ante la acción de la Fiscalía General de la Nación, sostuve que era inconstitucional, porque golpeaba la canasta familiar de los colombianos, el mínimo vital de los sectores más vulnerables, derecho que no resistía una medida de tal magnitud para los bolsillos de quienes perdieron sus empleos y no cuentan con ingresos debido a la crisis producida por la extensión de los efectos de la pandemia del Covid-19, y porque no consultaba la capacidad económica de los contribuyentes, sin embargo, ahora debo decir que esta nueva propuesta de ingresos para el Estado, respeta la razón de ser de la tributación, que consiste en financiar la actividad estatal para asegurar, i) la satisfacción de las necesidades mínimas mediante prestaciones positivas; y ii) garantizar que los derechos fundamentales que, en apariencia, implican un deber estatal de simple abstención, en la práctica, requieren también de intervenciones constantes del Estado. (Corte Constitucional. Sentencia C-293 de 2020).
No podía el Gobierno presentar una reforma regresiva que vaya en contravía del sentido social de las acciones legislativas extraordinarias adoptadas durante el estado de emergencia que configuró un plan de beneficios sin precedentes en el país, con medidas de toda índole y para todos los sectores, como i) la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias para fortalecer el sistema de salud con el fin de evitar la propagación del virus y atender las poblaciones más vulnerables y, de paso, proteger la economía nacional; transferencia de recursos a los programas sociales de mayor impacto -familias en acción, adulto mayor y jóvenes en acción-; iii) garantía del derecho fundamental al agua potable como elemento esencial de vida, en la alimentación, en la higiene personal, etc.; iv) protección a los beneficiarios de los créditos educativos del ICETEX con ayudas y alivios económicos para evitar la mora en el pago de sus cuotas de educación superior; v) digitalización de los servicios esenciales de justicia, administración pública, atención en salud y educación; vi) inyección económica a los planes de alimentación escolar para garantizarle a los niños, niñas y adolescentes escolares, su sustento alimenticio diario; vii) incentivos económicos a los campesinos en aras de garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos; entre otras.
Entre la avalancha de legislación y reforma tributaria, bien puede decirse que, ni una ni otra, satisfacen a cabalidad las necesidades de un país pobre, con grandes problemas sociales sin resolver y que recibe el coletazo de la epidemia del hambre que es peor que la de cualquier enfermedad fatal, pues según los informes de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura -FAO-, “cerca de 600 millones de personas podrían sufrir de hambre en 2030”, como consecuencia de problemas complejos, como el cambio climático, la violencia, los desplazamientos masivos, los flujos incontenibles de migraciones por razones ideológicas, políticas y religiosas, la pandemia del coronavirus del Covid-19, y otros, todos ellos, nada ajenos en nuestro contexto.
Pero entre todo lo regular y lo malo que se le puede colgar a un Gobierno, se han venido superando los problemas, sin que sus estructuras sean reforzadas o reconstruidas, situación que llevará muchas años más, siempre y cuando el proceso democrático de nuestro país no sufra alteraciones políticas que modifiquen radicalmente la dinámica de las instituciones y sus roles, porque los cambios intempestivos de carácter populista podrían encauzarnos a una Venezuela, con hambre, miseria y violación sistemática de los derechos humanos.
Meterle la mano a los ricos no es fácil, pero en desarrollo de ese principio de solidaridad que sostiene el sistema tributario de una nación, son los llamados a coadyuvar en la intervención estatal dirigida a los que no tienen, pues ayer todos ayudamos al sostenimiento de la banca, por lo que hoy, deberán echarse al hombro la misión de sacar adelante el país, porque dependemos recíprocamente unos de otros.
El pueblo no puede dejarse meter los dedos a la boca con las mentiras de quienes no quieren al país para el beneficio de todos, sino para su propia ganancia. Ahora más que nunca se requiere “estabilidad”, que significa “propiedad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio estable o de volver a dicho estado tras sufrir una perturbación.”
¡Ojo! “Mantenerse en equilibrio estable”, no ponernos a aventurar con cambios ideológicos que prometen mucho, pero que no dejan nada bueno; no más miremos al lado.
