MinAmbiente se defecó en el Río Sinú, ¡Pero no pasa Nada!

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Esta investigación es como fuego que quema la hojarasca burocrática y como martillo que quebranta la piedra de la corrupción (Jeremías 23:29).

Por: Eduardo Padilla Hernández.

Hace rato diversos medios de Colombia venimos denunciado el desastre ecológico que sufren las comunidades ribereñas del río Sinú, a consecuencia del derrame descomunal de excremento en las aguas de ese majestuoso torrente.

El origen de esta catástrofe ambiental data de cuando Carlos Correa Scaff fue alcalde Montería (2012-2015), pero luego el gobierno nacional, sin tener en cuenta que Correa no había sido ajusticiado, lo designó Viceministro de Aguas (2016); Alto Consejero para las Regiones (2017) y, para colmo de males, desde octubre de 2020, Correa se desempeña como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, lo que significa que hay que ser corrupto para poder trabajar en el Establecimiento.

La paradoja, lo absurdo, lo incongruente de este asunto es que Correa Scaff ha hecho todo lo contrario a los cargos asumidos por él.

Esta historia empezó así: El sistema de tratamiento de aguas residuales de Montería presentaba, en el 2014, un déficit operativo de aproximadamente 500 litros por segundo y, para subsanar este problema, se firmó el otrosí 09 en ese mismo año, pero hoy continúa incumplido en más de un 70%, y con estos hechos dolosos el concesionario Veolia está tipificando un peculado, en detrimento patrimonial contra el municipio de Montería, cuya suma supera el orden de los 50 Mil millones de pesos.

Todo esto se ha hecho con la anuencia de alcaldes sucesores de Correa y la interventoría Consulcor, los cuales no imponen las sanciones respectivas a pesar del control de advertencia que le hizo la Procuraduría General de la Nación en el 2020.

El sistema de acueducto, alcantarillado y obras complementarias de Montería, es como tener un carro sin llantas, sin radiador sin gasolina y, por lo tanto, ¡no funciona!

Veolia, sin invertir un solo peso en tratamiento de aguas residuales, se ha ganado más de $20 mil millones por concepto de matrículas del servicio de alcantarillado de Montería.

Sin embargo, esa empresa sigue vertiendo más de 500 litros por segundo de aguas residuales, contaminadas con fecales y coliformes en la fuente del río Sinú, porque Veolia y el Min Ambiente “no saben” que esos hechos corresponden a un delito Ambiental, por el cual la CAR-CVS los ha multado con más de $500 millones que el concesionario no ha cancelado.

Los corruptos tampoco “saben” que esos delitos, que ellos continúan cometiendo, son causales de liquidación del contrato de concesión, según la cláusula 19, por cuya razón se han hecho acreedores a multas y sanciones.

Pero los alcaldes, la Interventoría y Min Ambiente cohonestan este desastre ambiental cotidiano que convierte en Cloaca Sanitaria al río Sinú, con el vertimiento en su cauce de más de 45.000 metros cúbicos por día, contaminados con fecales, coliformes, y baja DBO 5, lo cual significa que se está eliminando el oxígeno de las aguas del río Sinú.

Esto puede provocar la muerte de los seres vivos que respiran oxígeno, como bocachicos, charúas, lisetas, barbudos, bagres y demás seres acuáticos, no sólo del río, sino también de las ciénagas y demás humedales aledaños.

El recorrido de las aguas residuales contaminadas se inicia en Montería y luego de deslizarse por todos los municipios del medio y bajo Sinú, llegan a la bahía de Cispata, en San Bernardo del Viento, para desembocar en el mar Caribe, el cual también es afectado negativamente por la irresponsabilidad de la corrupción monteriana.

Este daño ambiental ocurre desde el año 2014, cuando colapsaron las tres plantas de tratamiento de aguas residuales, que a la fecha no han sido ampliadas ni optimizadas, y lo peor de este asunto es que se desaparecieron los recursos respectivos del Otrosí 09 de 2014 en las propias narices de todos los actores del contrato de concesión, con la venia política y económica del contratante: El municipio de Montería.

Veolia, en los años 2015 y 2016, por concepto de matrículas de alcantarillado del programa vivienda gratis VIP, del Minvivienda, de 5.000 apartamentos en el sector Sur Oriental, cobró la suma de 6.500 millones de pesos, sin invertir ni un centavo en el colector ni en la ampliación de la PTAR Sur Oriental con capacidad de 280 litros por segundo, la cual se encuentra colapsada desde el año 2014.

Las cuatro lagunas de oxidación del sector Nororiental están colapsadas desde el año 2010, cuando habían $20 mil millones abonados para su ampliación.

Hoy con $40 mil millones abonados, Veolia ha recibido, por concepto de matrículas, más de $35.000 millones, pero sigue funcionando la misma vieja planta de tratamiento de aguas residuales (ptar) construida en 1986, con capacidad de 240 litros por segundo, y que hoy recibe más de 350 lps, cuyo déficit operativo data desde el 2014.

Esta ptr vierte sus efluentes residuales, a la altura de la calle 57, en el río Sinú, lo cual se tipifica como delito ambiental, según auto 11277 del 2019 de la CAR-CVS.

Las citadas contravenciones ambientales cotidianas son las causantes de las sanciones impuestas por la Car-CVS, que están vigentes y guardadas por Minambiente, pues este funcionario sabe que dichas sanciones son causales de liquidación unilateral del contrato que él mismo amplio, irregularmente, porque, con dichas adiciones dolosas, él violó Ley 80 de 1993.

Los beneficios económicos directos obtenidos por Veolia, con el manejo de las fecales monterianas, desde el año 2015 hasta la fecha superan los 100 mil millones de pesos, por concepto de la sumatoria del peculado de $50 mil millones, más las matrículas del servicio público de alcantarillado que hoy, siete años después, tiene la misma capacidad de tratamiento de residuales de 650 lps que tenía en el 2014 cuando se firmó el Otrosí 09 y que debía dejar a Montería como una taza de plata y no como poso un séptico, lleno materia fecal.

Estamos diciendo algo irrefutable. Si no fuera así, los corruptos mostrarían evidencias de las nueve obras del POI, ejecutadas y en operación. Pero a pesar de lo anterior, reajustan tarifas cada año (2020, 2021 y 2022).

Y toda esta maraña ilegal, que no cumple con la normatividad vigente, ocurre bajo la mirada impasible de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Esperemos que, a partir del 7 de agosto del presente año, las cosas cambien cuando el nuevo gobierno de Colombia ponga tras las rejas a todos los corruptos que tanto daño le están haciendo a las comunidades.

Después de la citada fecha, los miembros de la mafia estatal tendrán que comprar una isla desierta, en algún lugar del océano, donde vivirán confinados, pues creo que ningún país quiera recibir basura colombiana, porque no sirve ni para reciclarla.

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Eduardo Padilla Hernández

Abogado, Columnista y Presidente Asored Nacional de Veedurías


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