Cloacina, diosa que rige las cloacas, descendió del “caelus” para destapar la marisma de corrupción que ha pisoteado su reino.
Por: Guillermo Villalobos Ramos.
A esta diosa no le agrada la urdimbre abstrusa del lenguaje técnico. Por esta razón hay que hablar claro, como el agua que debería correr por la contabilidad de la empresa de acueducto, alcantarillado y obras complementarias de Montería.
Otrosí es un término del lenguaje jurídico; es cada una de las peticiones o pretensiones que se ponen después del documento principal.
A nivel institucional, las entidades del sector público elaboran un Plan Operativo Institucional (POI), los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos por el manejo gubernamental en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales.
Carlos Correa Escaff, actual Ministro del Medio Ambiente (que en el período de 2012-2015 fue alcalde de Montería), debe explicar por qué, cuando fue alcalde de la capital cordobesa, le legalizó el Otrosí número 09 de 2014 a Proactiva, en incumplimiento del POI 2010 a 2024, mediante el cual le incrementó el costo al proyecto inicial por un valor que ascendió a la suma de 43 mil millones de pesos, los cuales se esfumaron en poder de Proactiva, que después se convirtió en Veolia, pues dicha empresa no ejecutó las obras sustitutas, porque se marchó del País, llevando consigo dichos recursos.
Ahora, el exalcalde Ordosgoitia, debe explicar qué hizo con lo exigido por la Procuraduría General de la Nación en su Control de Advertencia, de octubre de 2020, para recuperar el valor del peculado, cometido por Veolia, que supera los 40 mil millones de pesos por obras no ejecutadas del POI, quinquenio 2015-2019, que, a su cierre financiero del 31 de diciembre de 2019, tuvo más de año y medio de vencido.
Además, hay tres alcaldes responsables; los cuales han permanecido en un silencio secuaz, quizás porque el modelo punible de la contratación es un facsímil del que concibió Carlos Correa con la construcción coliseo cubierto “Miguel Happy Lora, de Montería, por lo cual un sujeto estuvo encarcelado.
Con el citado Otrosí se violó la ley de vertimientos 3930 de 2010; porque si hay una captación de agua potable (PTAP) en la calle 78, entonces no se podía contratar una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con su afluente deficitario en la calle 57.
Por consiguiente, todas estas normas se violaron, deliberadamente, en el proceso de estudio, diseño y construcción, por parte del concesionario, con el beneplácito del alcalde, quien firmó el otrosí número 09 de 2014, el cual, desde su concepción, evaluación y financiación fue amañado según los intereses creados de Proactiva, en detrimento de la salubridad y calidad de vida de los monterianos y del río Sinú; pues el mayor valor que fue de 22 mil millones de pesos, que incrementaron, se destinó a limpieza de canales de drenaje, pero no atendieron el déficit operativo sanitario, vigente desde 2012, que generaba el sector norte de Montería, de más de 110 litros por segundo (Lps), equivalentes a 35.000 M3 por día, descargados en la calle 57 sobre el Río Sinú, contaminados con fecales y coliformes (especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas).
Hoy, después de tres años de corrupción, toda esta materia contaminante continua en su fase dispersante por el río Sinú, desde Montería hasta San Bernardo del Viento, incluyendo las poblaciones intermedias, como Cereté, San Pelayo y Lorica, entre otras.
Fue irresponsable y punible la concesión del aludido otrosí número 09 de 2014, pues el sector norte de Montería demanda 350 lps que los suministra la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de Las Iguanas, ubicada en la calle 78, pero sólo se contrata la construcción de una nueva PTAR compacta de dos módulos, de 160 Lps, con capacidad de tratamiento de residuales de 320 Lps; entonces, ¿para dónde se vierten los 30 Lps sin tratamiento?
La nueva PTAR Compacta no se ha inaugurado y ya presenta déficit operativo sanitario, lo que se traduce como delito ambiental, pues su afluente no cumple la resolución 0631 del 2015 de CAR CVS, porque su afluente viola la resolución 0631 del 2015 de CAR CVS.
Si había recursos para limpieza de Canales,
¿Por qué no se amplió la capacidad de tratamiento de residuales de la nueva PTAR compacta, limitando con esto la expansión urbana del Norte de Montería y su densidad habitacional, debidamente proyectada y direccionada por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)?
El comportamiento del alcalde de la época (actual min ambiente) en esa evaluación técnica administrativa y financiera, fue típicamente punible en su concepción y resultados de Convertir en Cloaca sanitaria al río Sinú, con la insalubridad ambiental en toda su ronda, por gases y olores ofensivos, como lo cita la autoridad ambiental CAR-CVS en sus Autos y resoluciones vinculantes, con la imposición de multas al concesionario de los servicios de acueducto, alcantarillado y servicios complementarios de Montería.
Un gran sector de la población monteriana sabe que “ser pillo paga”, porque, la autoridad competente, en lugar de castigar a los responsables de todo el daño ambiental que se les ha causado a los habitantes de la capital cordobesa, el Estado los premia con altos cargos, como el caso del exalcalde Carlos Correa Escaff, que fue nombrado Ministro del Medio Ambiente.
Por delitos como malversación, prevaricato por acción, concusión, cohecho y peculado, cometidos por funcionarios públicos, jueces implacables deberían obligarlos a devolver el dinero, además de imponerles un castigo severo. Eso sería lo ideal.
Ahí está el espíritu de la ley, con sus instrumentos legales, esperando entrar en acción. Pero como dice la fábula de Esopo, ¿quién le pone el cascabel al gato?
