Mujeres privadas de la libertad


 

De las 157.693 personas privadas de la libertad en Colombia que están bajo la custodia del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), 8.120 son mujeres que se encuentran recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelarios, otras 3.664 mujeres están en detención domiciliaria (sin condena) y 3.546 se encuentran en prisión domiciliaria (condenadas).

Muchas de estas mujeres han incurrido en actos de transgresión a la ley como consecuencia de un sistema económico-social de un Estado que las discrimina, las subordina, las excluye, las violenta empujándolas a la búsqueda extrema de una supervivencia para ellas y sus familias.

En las prisiones colombianas hay mujeres injustamente privadas de su libertad, otras quienes se encuentran detenidas preventivamente porque presumiblemente pueden ser responsables o no de algún delito, y también están aquellas que conscientemente se han rebelado contra el Estado, algunas con armas y otras sólo armadas de ideas.

Sistema penitenciario

Unas y otras deben enfrentar la realidad de un sistema judicial, penitenciario y carcelario que no comprende que las mujeres habitan de manera diferenciada el espacio en el que viven con respecto a los hombres. En la prisión, la carga patriarcal no sólo se traslada sino que se agudiza a tal punto de invisibilizarlas.

El hecho de ser las mujeres una minoría dentro de la población privada de la libertad intramural (7%), la inexistencia de una política y tratamiento penitenciario con perspectiva de género, la falta de conocimiento de aplicación de la ley donde prevalezca una justicia de género, que reconozca que las mujeres y los hombres son humanidades distintas, que por lo tanto merecen un tratamiento diferencial, así lo evidencian. Tal desconocimiento en general implica una homogeneización del tratamiento ante la ley y del tratamiento penitenciario para hombres y mujeres que sólo amplía la brecha de desigualdad entre unos y otras.

Entre muchas otras cosas, podemos destacar una circunstancia que poco o nada se tiene en cuenta a la hora de determinar formas privativas de la libertad y el tratamiento punitivo para las mujeres transgresoras o presuntamente transgresoras en Colombia: muchas de ellas son madres, la gran mayoría cabeza de familia para quienes el Estado ofrece pocas o nulas opciones de vida.

De forma preocupante, cuando una mujer madre cabeza de familia es privada de la libertad, su situación se hace inevitablemente extensiva a sus hijas e hijos, mayoritariamente menores de edad, quienes resultan seriamente afectados en sus derechos fundamentales. Pero el Estado no ha tenido en cuenta esta realidad que exige la aplicación de una justicia de género que ofrezca alternativas distintas a la cárcel intramural a esas madres junto a sus descendencias que son el futuro de un nuevo país.

Trato degradante

De otra parte, entre las mujeres privadas de la libertad también se encuentran las prisioneras políticas -de conciencia y de guerra-, quienes padecen con especial rigor la privación de su libertad por el tratamiento de “enemigas” que los entes judiciales como el personal de guardia aplican sobre ellas al trasladar la lógica del conflicto interno armado colombiano a cárceles y penales. Tratos degradantes, hostigamientos, persecución a familiares, abogados, altas condenas y exorbitantes multas pecuniarias, negligencia médica, especialmente hacia las combatientes que fueron capturadas heridas, amenazas, entre otras, son parte de su vida cotidiana, que afrontan con dignidad.

Ahora que en Colombia se adelanta un proceso de conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, que en el marco del mismo, por primera vez se ha nombrado una subcomisión de género con el propósito de que los acuerdos allí logrados incluyan ésta perspectiva, es una buena oportunidad para que se mire la realidad que afrontan las mujeres en condiciones de privación de la libertad y se considere también para ellas una alternativa.

Para las prisioneras políticas –de conciencia y de guerra– (lo mismo que para los prisioneros políticos) lo que se espera es que haya una solución político-jurídica que les devuelva la libertad y así puedan en adelante aportar a la consolidación de la paz por medios no cruentos.

Pero aquellas otras mujeres, las otras víctimas de un sistema que las ha discriminado y excluido siempre, también merecen ser tenidas en cuenta. Aquellas mujeres privadas de la libertad que son madres, especialmente las que son cabeza de familia, necesitan una opción distinta a la prisión intramuros porque tras de sí se arrastra también a una nueva generación de niñas y niños que merecen vivir en un país que los incluya positivamente.

Es imperativo pensar en alternativas judiciales y penales con perspectiva de género distintas a la prisión. Las inhumanas cárceles colombianas no son una opción para las mujeres.

Las mujeres le apostamos a una paz que revierta las tradicionales inequidades entre lo masculino y lo femenino, donde cese toda forma de violencia y exclusión contra la mujer, por ser mujer, y donde finalmente reconocidas como sujetos sociales y políticos podamos ser protagonistas también de la construcción de un nuevo país con paz y justicia social.

En el Día Internacional de la Mujer, el reconocimiento y la solidaridad a todas las mujeres luchadoras que se encuentran privadas de la libertad. Especial reconocimiento a todas esas otras mujeres: madres, abuelas, hermanas e hijas que incondicionales con sus mujeres privadas de la libertad también padecen sobre sus humanidades los vejámenes de la prisión.

Por Liliany Obando

Detenida por rebelión

Tomado de Agencia de Prensa Rural

 

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