Mediante un documento poco conocido en nuestro país, el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP) denunció que el ex senador colombiano Álvaro Araújo Castro fue procesado y condenado por presuntos nexos con los paramilitares en 2010 por la Corte Suprema de Justicia, sin respetar su derecho a un juicio justo y sin pruebas que sustentasen su pena.
Este pronunciamiento fue aprobado por unanimidad por el Consejo Directivo de la UIP en su sesión No. 197 realizada en Ginebra (Suiza) el pasado 21 de 0ctubre de 2015, pero en Colombia poco trascendió, por eso nuestra revista lo publica para el conocimiento general.
La Unión comienza recordando que en Colombia los miembros del Congreso son investigados y juzgados en procesos judiciales de única instancia por la Corte Suprema, por eso, Araújo renunció a su escaño en el Parlamento el 27 de marzo de 2007 y a raíz de esa renuncia, su caso fue transferido al sistema de justicia ordinaria, en cuyo marco la Fiscalía General de la Nación era la encargada de investigarlo y un juez penal se ocuparía del juicio y de condenarlo, con posibilidad de apelación ante el Tribunal Superior.
Sin embargo, «después de reinterpretar su jurisprudencia», la Corte se declaró de nuevo competente para juzgar esa causa y Araújo fue condenado el 18 de marzo de 2010 a 112 meses de prisión y al pago de una millonaria multa, sin darle la oportunidad de ser escuchado y contra cuya decisión no cabe la presentación de recurso de apelación alguno, explica la UIP. El ex parlamentario fue puesto en libertad condicional en febrero de 2011, luego de haber cumplido las tres quintas partes de la pena en prisión.
«Se reafirma la posición, que se viene manteniendo desde hace largo tiempo, de que el Sr. Araújo fue condenado en 2010 tras la celebración de un proceso judicial en el que se vulneró su derecho a un juicio Imparcial y en el que no se presentaron pruebas convincentes, tangibles y directas que permitieran fundamentar su condena por complicidad con las fuerzas paramilitares y por los cargos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector; señala, a este respecto, que, por el contrario, los hechos y los testimonios ponen de manifiesto que reinaba un clima de clara hostilidad entre el Sr. Araújo y los grupos paramilitares de su departamento (el Cesar)», sostiene la UIP.
La Unión muestra su preocupación porque ahora la Corte Suprema usará la condena de 2010 contra el ex congresista como base para ordenar otro proceso con un cargo mucho más grave, en el sentido de que Araújo formaba parte, de hecho, de una estructura de mando paramilitar, y por eso, la nueva investigación, se refiere a crímenes de lesa humanidad, basado en testimonios de antiguos miembros de las Autodefensas como los desmovilizados José del Carmen Gelves Albarracín, «El Canoso», y Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, «El Pájaro».
Sin embargo, la UIP recuerda que el mismo jefe de la Autodefensas en la Costa Caribe «Jorge 40″ declaró ante la Fiscalía General que el Sr. Araújo no formaba parte de su organización y reconoció que el Sr. Araújo había denunciado públicamente los delitos cometidos por su grupo».
La nueva averiguación fue abierta el 18 de marzo de 2015 por el asesinato, en 1997, de un ex empleado suyo llamado Eusebio de Jesús Castro, cuyo tema ya fue investigado por la Fiscalía General y suspendido. Se trataría de un caso de Falsos Testigos para afectar al ex congresista y a este teme que nuevamente pueda ser detenido, afirma la UIP.
Al respecto la entidad asegura: «Se recuerda, en este sentido, que desde hace mucho tiempo le preocupa la credibilidad de los testimonios de los paramilitares desmovilizados y el modo en que se obtienen y usan esos testimonios en las causas penales».
El organismo internacional también dejo ver su preocupación, y así se lo ha hecho saber a la justicia colombiana, por los casos de otros ex congresistas procesados por supuesta parapolítica, como Óscar Arboleda y Piedad Zuccardi, quien lleva tres años detenida preventivamente sin que le inicien su juicio. Sobre su expediente, la UIP se ha manifestado en dos resoluciones llamando la atención de la comunidad internacional para que no se le vulneren las reglas del debido proceso.
La UIP envío hace un tiempo a Colombia al abogado británico Nick Stanage como observador de la actuaciones de la Corte Suprema de Justicia en el juicio contra la ex senadora Zuccardi. Especialmente el modo cómo se obtuvieron los testimonios en contra de la dirigente política sucreña y la forma cómo se pretenden utilizar en esa diligencia.
«Las preocupaciones generales sobre el derecho a un juicio imparcial en procesos penales contra parlamentarios colombianos se ven agravadas en este caso por numerosas irregularidades”, puntualiza la UIP en uno de sus pronunciamientos.
Sobre el tema de Aráujo, el Comité de la Unión Interparlamentaria pide la intervención inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, para que se otorguen medidas cautelares al ex congresista, quien ya las solicitó en 2011 por las irregularidades en su proceso penal, tal lo hicieron otros ex parlamentarios como Zuccardi, pero no ha existido un pronunciamiento de ese organismo.
Un miembro de la UIP, el senador Juan Pablo Letelier, inclusive viajó a Washington el pasado mes de septiembre de 2015, para reunirse con la Secretaría de la Comisión lnteramericana y examinar los avances en el análisis de la petición de Araújo y otros casos de los que se ocupan simultáneamente el Comité y dicha Comisión.
«Se recuerda que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia conexa proporcionan una amplia protección del derecho a un juicio imparcial; se considera, por tanto, que la actuación de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos es fundamental para ayuda a reparar la injusticia sufrida por el Sr. Araújo; se espera sinceramente que la Comisión adopte, con carácter prioritario una decisión sobre la petición de medidas cautelares, de manera que se impida toda nueva conculcación de los derechos del Sr. Araújo», manifiesta la Unión Interparlamentaria.
Para el 2016, el Comité de la UIP anunció que estudiará realizar una visita de sus miembros a Colombia para evaluar el caso de Araújo y de otros ex congresistas con las autoridades ejecutivas, parlamentarias y judiciales de nuestro país.
