Por Bernardo Henao Jaramillo.
Nos hemos acostumbrado a la distorsión de los conceptos para darle paso a la admisión de lo que no debe ser por lo que debería serlo. Como abogado, columnista y padre de familia soy consciente que las manifestaciones – protesta pacífica son legítimas en una sociedad democrática y dentro de un marco constitucional, que tal constituye una garantía intemporal y un gran triunfo de la humanidad, pero es inaceptable que bajo ese rótulo se cobije el terrorismo urbano, que es lo que en verdad acontece en nuestra sociedad, para convocar e incitar al vandalismo – desorden, en perjuicio de los intereses generales y aún de la propia vida de quienes concurren y de la de su familia. Ese bandidaje merece el reproche enérgico de todos, en primer término, de las autoridades, y la judicialización inmediata de los responsables.
El espectáculo de resentimiento, odio y violencia que se transmitió por los canales de tv, por la radio y a través de los videos enviados por WhatsApp de la serie de actos fieros y aún inhumanos causados el 28 de abril de 2021 por una horda de “manifestantes” que se dieron a la tarea no sólo de destruir los bienes públicos y privados, que con tanto esfuerzo se han construido por los colombianos, sino de atacar en su humanidad a miembros de las fuerza policial, sólo permite experimentar sentimientos de ira, angustia, tristeza, desolación y, quizás hasta de compasión, que no sensibilizar a la comunidad para que considere que su motivación corresponde a exigencias razonables.
Menos aun cuando se tienen antecedentes del origen y finalidad de esas “protestas”, uno el 10 de septiembre del año anterior, que registró 27 CAI vandalizados, y 12 incendiados; 21 uniformados lesionados de consideración, 5 motos afectadas y un vehículo vandalizado; el otro, el paro de noviembre 21 de 2020 que causó gran destrucción en buses y estaciones de Transmilenio, entre otros. Es necesario, entonces, como en su momento lo advirtió el Ministro de defensa Guillermo Botero, llevar a cabo la reglamentación del derecho a la protesta, para que éste tenga la connotación de protección a los derechos, que no de destrucción inmisericorde.
Huelga recordar que el pasado 26 de marzo de 2021 reapareció en video el terrorista mayor de las Farc-Ep, Iván Márquez, que hoy se distingue como “narcotalia” e invito a salir de los “huecos de la exclusión para luchar unidos por una patria nueva, necesariamente tendremos que convertirnos en nuestros propios libertadores a través de este pacto nacional”, y habló de un supuesto legado de Tirofijo “y su discurso político y el ideal de una Nación en masa (…) hacía la destrucción del mal gobierno”. ¿Serán meras coincidencias? Como también que Gustavo Petro sea uno de los defensores de esos movimientos de “masas”; que, desde el año anterior, cuando comenzó su estrategia electoral, llamara a hacer un “pacto histórico”; y que luego de haber perdido las elecciones presidenciales pasadas, al aceptar su derrota, dejara saber que las calles les esperaban.
Por otra parte, resulta inquietante que promotores y defensores de la realización de las “manifestaciones” no hubieran acatado la decisión judicial que impedía llevarlas a cabo por el momento epidemiológico que se vive en el país, cuando otrora habían expresado que las decisiones judiciales son para cumplirlas y que “Colombia debe respetar la justicia. ¿Será que ellos no hacen parte de lo que llaman Colombia y por tanto pueden proceder de la manera que mejor les parezca?
Sin que, de otro lado, la proyectada reforma tributaria, se considere equivocada e inoportuna, pueda servir de pretexto a los irresponsables organizadores y promotores del paro de abril 28 de esta anualidad, pues su llamado a esa movilización ya estaba listo desde antes de conocerse dicha iniciativa, convocatoria precedida de una actuación totalmente dolosa por conllevar la confección de un plan previo preparatorio, aprovechado por los que instigan y promueven el vandalismo, hecho que quedó al descubierto con lo sucedido en las principales ciudades del país, pues, de los ataques de que fueron víctimas se advierte la ejecución de un estratégico plan completo de desestabilización, debidamente financiado, que demandó instrucciones y entrenamiento previo, así como el señalamiento de objetivos a devastar y vandalizar. Lo acontecido es clara demostración de que la Revolución Molecular Disipada está en curso y tiene en la mira hacerse con nuestro país. La extrema izquierda radical, cercana a esos grupos disidentes y a otros alzados en armas, saben que por los medios democráticos no se harán con el poder y quieran conseguirlo través de provocar un levantamiento popular; esa es otra de sus formas criminales de lucha, a la cual nos corresponde oponernos con una resistencia – protesta verdaderamente pacífica.
Y es que no podemos seguir soportando ataques de las magnitudes ocurridas en Cali, Pasto, Bogotá y Manizales. Pavorosos escuchamos y vimos testimonios y videos de saqueos y actuaciones que pusieron en jaque a la sociedad civil en Cali, aun resuena en los oídos de los colombianos el grito de desespero de los empleados bancarios cuando les destruyeron su sucursal y que solamente los vidrios de protección blindados impidieron que les afectaran su humanidad. ¿Qué pensar de los reportes de tiroteos como si la “guerra” antes en los campos se abriera paso en la ciudad?
Espanto y horror causa lo acontecido en Pasto, en donde con bombas incendiarias lanzadas a los policías del Esmad, que cumplían heroicamente con su trabajo, les prendieron fuego. Ataque aleve, miserable, por completo desmedido contra la fuerza pública. No hay derecho a que a los miembros de la policía para que se defiendan y hagan lo propio frente a la vida y bienes de las personas solo se les permita contar con un escudo, mientras que los milicianos terroristas pueden atacarlos con bombas, papas bomba y otros instrumentos que les afectan por completo su humanidad. En Soacha por impedir un saqueo fue asesinado el Capitán Jesús Alberto Solano (q.e.p.d.). Nuestra fuerza pública, tanto Policía como Ejército, tiene el apoyo irrestricto de la sociedad legal, pero no es sólo manifestarles nuestro respaldo sino que tenemos que rodearles y exigir a los líderes políticos que a través de proyectos de ley les retornen y otorguen las garantías que les son indispensables para desempeñar tan estoica labor. Los extremos a los que se han visto abocados son consecuencia directa del fallo de la Corte Constitucional que les impide el justo uso de las armas propias para contrarrestar el actuar delictivo contra los integrantes del Esmad. No debe olvidarse, como lo hizo la mencionada sentencia, que la fuerza pública es la institución que constitucionalmente materializa la fuerza coercitiva del Estado y actúa como colaboradora y defensora de él. Ahora, por cuenta de algunas decisiones judiciales, ellos y nosotros estamos en manos de los bárbaros.
Todos los colombianos, sin excepción, hemos padecido los graves efectos de la pandemia del Covid 19, la economía se ha resentido bastante y los indicadores de pobreza muestran su aumento a cifras y records inquietantes. Hay desolación y, para agravar la situación, se presenció como el gobierno no escuchó el clamor ciudadano ni el de los principales y destacados líderes políticos, menos el de unas fuerzas institucionales y gremiales que dejaron saber que no era el momento de impulsar una reforma tributaria. Equivocadamente persiste en hacerlo, aunque ahora tardíamente decidió sustituirla, pero quedó en el ambiente visto como cómplice silencioso al dar esta clase de “combustible” para alebrestar los ánimos. Lo obvio y elemental que le compete al jefe de estado es impulsar una reforma que adelgace el estado, reduzca sustancialmente el gasto público y refuerce la creación de empresas para que todos tengan posibilidad de trabajar, con mayor razón si los promotores de la protesta lo hacen para que se elimine la reforma tributaria que contempla lo que piden: renta básica universal con ingreso solidario. En verdad, otros deberíamos ser los que protestáramos.
El balance de destrucción será aún más billonario de continuar con los disturbios de quienes son llamados movilizarse y no habrá recursos ni reformas para reparar los monumentales daños. Tendrá el gobierno que hacer obligatoriamente uso de los estados de excepción. Lástima que ya no se tenga el estado de sitio que otrora estaba previsto en la mejor Constitución como lo era la de 1886.
Queda por completo claro o despertamos las mayorías o las minorías vandálicas nos acaban la Nación.
Pildorita. Se conoció el sondeo que realizó Polimétrica en abril de 2021 sobre “Qué piensan los jóvenes”, el 76% de la muestra registra que no tienen afinidad con ningún partido político; es entonces ahí donde se debe concentrar en la próxima campaña en comenzar a despertar esta futura participación electoral que, contrario a lo que se cree, tan solo registra un 6% de identificación con la Colombia Humana que orienta Gustavo Petro.
