Qué ganan los magistrados de la Corte Constitucional engavetando los procesos?


 

La Corte Constitucional de Colombia ha estado rodeada en los últimos años de escándalos que han demostrado que la corrupción se tomó un importante sector de la justicia. Basta nombrar los casos de los exmagistrado Jorge Pretelt y Rodrigo Escobar Gil, procesados por actuaciones non sancta en el caso Fidupetrol y famosos por engavetar en esa Alta Corte reconocidos expedientes (o tutelas) en el país.

Pero parece que la escuela de engavetamiento de los procesos, que implementaron y dejaron instituida Pretelt, Escobar y otros, la heredaron varios Magistrados en la Constitucional, quien al momento de su posesión juraron equidad, igualidad y justicia, pero no han cumplido con su palabra y dejan mucho que desear en su paso por el Alto Tribunal.

Al parecer, uno de estos magistrado es Luis Guillermo Guerrero, quien es de la escuela de Escobar Gil, pues fue su segundo al ser magistrado auxiliar de este y ahora, como pago, tiene a la sobrina de Escobar laborando en su despacho.

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Recordemos solo estos casos.  Mediante el auto del 31 de enero de 2012, la Sección Primera de Selección de la Constitucional escogió para revisión la tutela interpuesta por la señora Clovis Barrios de Chico, contra las decisiones de la Sala Civil del Corte Suprema y el Tribunal de Bolívar por violar sus derechos fundamentales dentro de un proceso de petición de herencia sobre sus terrenos en la isla de Barú, Bolívar, cerca a Cartagena.

El mencionado proceso se inició el 31 de julio de 1998, cuando un Juez de primer instancia reconoció a Barrios de Chico como legítima heredera, sin embargo, el Tribunal de Bolívar desconociendo normas procesales y especiales que obligaban a tener en cuenta, tanto los reconocimientos de los hijos naturales de acuerdo con la Ley 57 y 153 de 1887, permitió que uno de los integrantes del mencionado Tribunal salvara el voto, lo cual originó un recurso de casación y una posteriormente tutela en la Corte Suprema, en la que intervino oscuramente el exmagistrado Francisco Ricaurte, hoy privado de su libertad. Como era lógico, dicha tutela fue fallada contra la reclamante. Ricaurte luego se convirtió en abogado de una miembro del Clan Ochoa de Medellín, recordado por sus antiguos nexos con el narcotráfico, que se convirtió en contraparte de la verdadera heredera porque pretendía arrebatarle sus tierras.

Posteriormente, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, conformada, en su momento, por los magistrados Jorge Iván Palacio, Adriana Guillén de Maya y Gabriel Mendoza, conocieron una revisión de dicha tutela interpuesta por la señora Barrio de Chico, pero antes de producirse su pronunciamiento, el expediente casi se pierde, pues apareció despues de mucha búsqueda en el cajon de un escritorio que se iba a daba de baja por deterioro. Cuando apareció el proceso, la señora Guillén, esposa del exContralor Edgardo Maya, rindió una ponencia negando el amaparo a la accionante bolivarense. Luego, la señora Barrios de Chico formuló un incidente de nulidad contra esa sentencia de la Sala Tercera y el caso volvió a engavetarse. De ahí en adelante, el proceso duró seis años más,  bajo la égida del togado Luis Guillermo Guerrero, durmiendo en su escritorio.

Hoy, se sabe que la Corte Constitucional, finalmente, amparó y reconoció como heredera a la señora Clovis Barrios, pero, el expediente se volvió a perder en el Tribunal de Bolívar y aún no se cumple con lo ordenado con lo ordenado por la Sala Plena de la Corte, pues los jueces de Bolívar, después de un año, no han querido darle cumplimiento al mandato de la Constitucional.

Recordemos que la propia Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado nortesantandereano Antonio José Lizarazo Ocampo, ordenó investigar a magistrados, jueces y abogados y, con eso, salvó in poco la imagen del Alto Tribunal, a pesar de llevar poco tiempo de haberse posesionado en el cargo.

A todas esta, aún la justicia no llega para la heredera original de Barú, quien lleva 20 años clamando e implorando por sus bienes y perversos particulares particulares siguen cozando y ganando dinero en las tierra que le pertenecen a ella desde épocas ancestrales.

Surge un pregunta: ¿En las demandas contra el Estado por casos como estos, habrá que Repetir contra Magistrados y jueces deshonestos?

Hay muchos otros expedientes engavetados en la Corte Constitucional, que sufren demoras sin razón en la oficina del magistrdo Guerrero, como es el caso de los niños discapacitados de Córdoba. Una tutela en donde también aparce el clan de los Besaile (encabezado por el detenido exsenador Musa Besaile) y el corrupto exmagistrtado Ricaurte, miembro del llamado el Cartel de Toga.

Esta acción fue interpuesta por varios padres de familia con niños en situación de discapacidad, coadyuvada por el periodista Leonel Guerrero Aguas, padre de una menor con iguales limitaciones físicas y mentales en ese departamento caribeño, que ha reclamado en cinco escritos dirigidos a la Corte Constitucional, la atención para su ser querido y todos los infantes cordobeses que ven como día a día se les deteriora su salud ante la negligencia y carencia de solidaridad del Magistrado Ponente, Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Lo paradójico es que los togados de la Constitucional, en innumerables fallos, le han jalado las orejas a Jueces y Magistrados de la República, por la inobservancia de los términos judiciales, pero ellos se creen con poder omnímodo para violarlos.  Como quien dice “en casa de herrero, cuchillo de palo”.

Los nuevos Magistrados de la Constitucional han vendido, ante los medios de comunicación y la opinión pública, que iban a borrar la imagen negativa de la Corte y a construir una entidad con sentido social y progresista.  Pero con la práctica del engavetamiento todo fue tirado por la borda. Esa es una jugada que no es digna de ningún jurista respetable en el mundo.

¿Qué ganan los magistrados de la Corte Constitucional engavetando los procesos?…

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