Por El Republicano.
En Colombia, el Estado es responsable de la manutención y atención de los presos. Para ello, cada año se destina una cantidad importante del presupuesto nacional a la alimentación, vigilancia, salud y educación de los reclusos, entre otros gastos adicionales.
La nación gasta aproximadamente 2 billones de pesos anuales en la vigilancia y atención de la población carcelaria. Aproximadamente 11 millones de pesos por cada preso. Un costo considerablemente alto.
Sumado a esto, hay un gasto que la nación tendrá que ejecutar más temprano que tarde: desde hace años el país advierte las graves dificultades que por hacinamiento vienen presentándose en la mayoría de centros de reclusión del territorio nacional. En el país están habilitadas 132 instalaciones carcelarias, con una capacidad para 80.150 presos. Actualmente el sistema sostiene 124 mil reclusos: una sobrepoblación del 55%.
La obligación de construir nuevas cárceles que ayuden a descongestionar el sistema es urgente, sin embargo la insuficiencia de recursos ha desembocado en que estas obras se hayan ido aplazando indefinidamente. Con la crisis económica que se prevé que llegará como consecuencia de la pandemia, no se vislumbran soluciones prontas.
Una alternativa que conduzca a dar solución a estas apremiantes dificultades, y que no debería ser descartada, es iniciar a promover la vida productiva de la población carcelaria: que los presos trabajen. Si vemos en el mundo, no es algo nuevo. La mayoría de países del globo han implementado algún tipo de sistema para que su población carcelaria no sea improductiva, como sí sucede hoy en día en Colombia.
En Estados Unidos, por ejemplo, el trabajo de los presidiarios genera 1.000 millones de dólares cada año. Allí, unos 60.000 reclusos tienen la oportunidad de trabajar en oficios de cocina en las cárceles, en la limpieza de éstas mismas, pueden trabajar para agencias estatales o incluso para empresas privadas.
Un caso de éxito que demuestra los beneficios de que la población carcelaria dedique su tiempo a trabajar es Noruega: el país nórdico tiene la tasa de reincidencia más baja del mundo: solo un 20% de los presos que salen libres vuelven a cometer un crimen.
En las cárceles de Noruega, los internos tienen la posibilidad de trabajar en agricultura, en cuidado de animales de granja o en cocina. El sistema noruego busca recrear condiciones óptimas para la resocialización del recluso, y el trabajo es un elemento clave en la consecución de ese objetivo. En la medida en que los presos mantienen su tiempo ocupado, disminuye la probabilidad de riñas y conflictos, además del estímulo que representa mantenerse activo y cumplir con un objetivo trazado mientras cumplen su pena.
Si los presos en Colombia trabajaran, se podría destinar una porción de los recursos generados para aliviar parte del gasto que representa su propia manutención, por ejemplo, o se podrían destinar dichos recursos a la construcción de nuevas cárceles que mejoren las condiciones del sistema penitenciario y el hacinamiento presente en éste.
Así, los reclusos podrían dedicarse a una gran variedad de actividades productivas que aporten al país, como son la agricultura, la mecánica, la artesanía, la sastrería, etc.
Un porcentaje de los recursos generados podría incluso destinarse a la familia del recluso, como incentivo, para que puedan obtener bonos para la adquisición de alimentos o vestido. O que el preso tenga la oportunidad de acceder a un ahorro una vez salga libre.
La propuesta no estará exenta de polémica y crítica, los expertos en el mundo hace años discuten hasta qué punto es correcto generar ganancias a partir de un trabajo posiblemente involuntario. Es por esto que la posibilidad de que un preso trabaje deberá plantearse bajo un esquema de voluntariedad del interno, incluso, como un incentivo o un beneficio al buen comportamiento.
Siempre se habla en el ámbito penal de que las cárceles deben ser centros para la resocialización del criminal, sin embargo, con la manera en que actualmente se manejan las cárceles en Colombia, éstas terminan siendo universidades del crimen. Si queremos gestionar mejor los recursos destinados al sistema carcelario, es imperativo que se empiece a intervenir de una manera más eficaz la estrategia de resocialización. De nada sirve poner preso a un delincuente, si una vez que sale va a dedicarse a delinquir. Además de ser un sistema altamente costoso para el Estado, resulta tremendamente ineficiente para el propio control del crimen en las calles.
No podemos olvidarnos de la opción de las colonias agrícolas. En Acacías, Meta, existe la única colonia agrícola para presos en Colombia. Allí, 1.200 reclusos pagan su condena en un área de 4.771 hectáreas, de las cuales el personal ocupa un 11% del terreno. Los presos pagan su condena realizando actividades agropecuarias. Además, dada la posibilidad de permanecer al aire libre la mayor parte del día, la experiencia al interior del centro carcelario es mucho más tranquila, facilitando los procesos de resocialización. Los datos lo avalan: la colonia agrícola de Acacías presenta la menor tasa de reincidencia de todo el país.
En Yarumal, Antioquia, se espera que avance el proyecto de una nueva colonia agrícola que ayude a descongestionar las cárceles de Antioquia. Sin embargo, el proyecto que existe desde 2012, ha tenido que pararse varias veces. La necesidad no es sólo avanzar en la colonia de Yarumal, sino también en otras ubicaciones. Habría que preguntar cuál es la voluntad de la Ministra de Justicia y del Presidente para pensar en estas opciones.
¿Acaso es lo más lógico, que la ciudadanía general tenga que pagar por la manutención de personas que finalmente lo que han hecho es delinquir?, ¿Imaginan los recursos que se podrían generar para aportar soluciones al país, solo si un porcentaje de la población carcelaria se dedicara a trabajar?, ¿Imaginan los beneficios en comportamiento que se lograrían, solo por incentivar a los reclusos a poder enviar una ayuda a sus familias? El debate está abierto.
