Quién Vigila al Vigilante del Equilibrio al Desequilibrio?


 

Por Álvaro Alario Montero

A raíz del activismo judicial que comenzó a establecerse en la mayoría de las democracias de occidente, el maestro italiano Mauro Capelletti lanzó uno de los interrogantes con los que titulo estas reflexiones: ¿Quién vigila al Vigilante?.

Los jueces pasaron de ser intérpretes y dispensadores de justicia a protagonistas y legisladores del derecho. Es el derecho viviente dicen unos, o la invasión desmedida de competencias, dicen otros. El profesor español Manuel Atienza con un poco más de sarcasmo lo denominó el imperialismo de la argumentación.

En nuestro país el tema es mucho más de fondo. La Constitución de 1991 trajo muchos regalos envenenados decía el ex constituyente Hernando Yepes Arcila, porque en su afán de copiar instituciones europeas termínanos creando híbridos que politizaron la administración de justicia. Su aparente democratización la convirtió en actor protagonista de las grandes decisiones del país.

Del otrora sistema de cooptación y elección periódica de Magistrados y Jueces se llegó a un sistema perverso en el que tu me eliges y yo te elijo. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura elabora la lista de candidatos a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, pero al mismo tiempo estas Corporaciones nombran a la mayoría de los Magistrados de la Sala Administrativa. Mientras tanto, a los magistrados de la Corte Constitucional los nombra el Senado de la República pero de listas que también envían las Cortes y el Presidente de la República, es decir, que a la academia, a las facultades de derecho y a las asociaciones de abogados litigantes no se les tiene en cuenta, a pesar de llevar el peso de una justicia paquidérmica.

Al interior de la Rama, en los medios y una parte de los académicos se decía que la causa principal de los males que afectaban a la administración de justicia era el salario y la falta de una carrera judicial independiente y fortalecida. Una retribución acorde con la labor que desempeñaban jueces y magistrados dignificaría a los funcionarios y lograría crear un clima de trabajo que se traduciría en mejores resultados, además, con la carrera judicial llegarían los mejores y se evitarían los actos de corrupción.

El gobierno de Ernesto Samper Pizano creó una bonificación para nivelar los sueldos de los magistrados de tribunales y de los fiscales y procuradores delegados. Algunos de ellos devengaban sueldos que correspondían al 40 por ciento de lo que ganaban sus pares de las altas cortes.

Samper, mediante el decreto 610 del 98, estableció que cada uno de los funcionarios afectados tendrían un incremento gradual del sueldo a partir del primero de enero de 1999, hasta llegar en 2001 al 80 por ciento de lo que devengan sus superiores de las altas corporaciones.

Cuando Andrés Pastrana asumió el poder derogó el decreto porque sencillamente no había de dónde sacar esa plata.

Sin embargo, y como era de esperase, varios magistrados demandaron la acción de Pastrana. El Consejo de Estado les dio la razón en septiembre de 2001. La votación para anular el decreto del gobierno de Pastrana estuvo a cargo de los 21 conjueces del Consejo de Estado, ya que los titulares se declararon impedidos pues aunque ellos no se beneficiaban con el reajuste de los salarios, sus magistrados auxiliares sí.

Adicionalmente, con la expedición de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), la Corte Constitucional al realizar el control automático afianzó los poderes de la Rama y selló el inicio de la supremacía de los jueces.

Hoy los resultados son otros, la administración de justicia es más corrupta, morosa y atornillada, los problemas se acentuaron. Ni el salario, ni la carrera le trajo beneficios al país. Los Magistrados de las Cortes devengan un salario igual al de los Congresistas, los de Tribunal perciben más de veinticinco millones de pesos y los jueces, más de diez millones. Son los funcionarios y empleados del estado que mejores salarios devengan pero esa dignificación no se ve en los resultados. Adicionalmente, la carrera judicial es un fortín burocrático, manipulado y cerrado, las Cortes califican a los magistrados de Tribunal y estos a los jueces, en una especie de coraza protectora que impide prescindir del juez corrupto e ineficiente.

El nombramiento de Magistrados, Jueces y empleados de la Rama Judicial se prolonga y se manipula, a pesar de existir la carrera judicial que tanto anheló la administración de justicia. El Consejo Superior de la Judicatura demora para convocar los concursos para que al interior de la rama se designen a los magistrados, jueces y empleados de las preferencias de cada nominador. Las estadísticas señalan que hay funcionarios judiciales en provisionalidad y en encargo por más de 2 años, porque no existen listas de elegibles. Esa es la oportunidad que aprovechan los nominadores para nombrar a sus amigos, familiares y subalternos, con graves consecuencias para la administración de justicia.

Entonces, con ese blindaje, el activismo judicial se hizo presente y comenzó a direccionar las políticas públicas del Estado. Los jueces ya no interpretan y protegen los derechos sino que los crean, es decir, que ya no solo administran justicia sino que legislan. Construyen puentes, carreteras, modifican la Constitución, crean nuevas relaciones familiares, ordenan nombrar funcionarios, organizan la minería, solucionan las peleas entre vecinos, y hasta la inversión extranjera, y cierran con una perla, nadie puede modificar la Constitución para establecer la forma en que se debe juzgar a los Magistrados de las altas Cortes. La Corte Constitucional, en contravía de la competencia del Congreso no permite que le creen un tribunal de aforados que se encargue de su juzgamiento, un mensaje claro de que ni el legislativo está en capacidad de reformar la Constitución. Así lo dijo una vez cuando señaló que entre lo que la Corte interpreta y la Constitución Política no cabe ni una hoja de papel.

Esa supremacía del poder judicial en Colombia es inevitable frente a un Congreso de la República desprestigiado, sin autoridad, temeroso y desequilibrado, y ante un poder ejecutivo débil y sin voluntad.

Después de la Constitución de 1991 se han intentado varias reformas sin resultado alguno. Entre la concertación y las declaratorias de inexequibilidad los jueces han creado un verdadero desequilibrio. Mientras un Congresista es juzgado por 4 operadores diferentes (Corte Suprema, Consejo de Estado, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República), a los Magistrados de las Altas Cortes escasamente los juzga una institución inoperante como la Comisión de Acusaciones. La última vez que se intentó crear un organismo que ofreciera credibilidad como lo era el Tribunal de Aforados, la Corte Constitucional se opuso y lo tumbó con aquel manido argumento de que se sustituía la esencia de la Constitución.

Por eso hay desequilibrio, nadie vigila al vigilante.

Cualquier reforma concertada será un fracaso, es hora de que el Congreso ejerza sus competencias constitucionales. Las propuestas son muchas, algunas van desde volver al viejo sistema de la cooptación, al de elección de Magistrados con la participación de la academia, la asociación de facultades de derecho, la asociación de abogados litigantes y por supuesto de la propia rama, solo así tendremos Cortes diversas. Hay que quitarle las facultades de calificación de los factores de calidad y eficiencia a la propia Rama y entregárselo a las academias y a las universidades, para evitar el contubernio entre jueces de diferentes categorías, y obviamente quitarle las facultades electorales y el ejercicio de la docencia para que la función judicial sea totalmente dedicada a administrar justicia.

La reforma es urgente. No podemos seguir viviendo el gobierno de los jueces.

Decimos lo que otros callan
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1 COMENTARIO

  1. Si mi amigo, interesante artículo y magnífica tu blog de la Otra Cara, el contenido del Vigilante, pese a lo breve, incluye aspectos de transcendencia en el Sistema Judicial que también retumban en los Sistemas Educativo, Económico y que se inicia desde el Sistema Político!!! Si quisiéramos hablar de una reingeniería, o de una restauración del Sistema, tendríamos que empezar desde las Aulas y Claustros, desde el núcleo de la Sociedad y de extraer los resultados de lo que se ha conseguido en cada uno de los Sistemas y matizar sobre lo mejor; sin embargo, solo al pueblo le interesa mejorar, la política, la economía y la estructura social tienen un matiz subjetivo, nada altruista. Me gusta la propuesta de la participación de la Academia, si bien es cierto que todo poder se Amanguala podría, traer cosas nuevas que refrescarian el Sistema Judicial, claro, con un aporte importante: LA ÉTICA!!!

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