Sentencia de paramilitar salpicó al Gobernador Cotes y a su tía, la candidata

El Gobernador Mello Cotes posa con su tía Rosa Cotes, ex Gestora Social del departamento del Magdalena.

 
En la condena del Tribunal Superior de Bogotá contra el temible Carlos Tijeras salió a relucir el nombre del Mello Cotes y su pariente Rosa Cotes. 

En los últimos años ha hecho carrera que los delitos de sangre no existen como para justificar la renovación de las estructuras paramilitares y parapolíticas del departamento del Magdalena, en cabeza de hijos, esposas y miembros cercanos de las organizaciones que mantienen voz y mando de ex comandantes “paracos” y ex jefes políticos condenados por la llamada “parapolíca”.

La reciente sentencia condenatoria (31 de julio de 2015) proferida contra el temible ex jefe paramilitar José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras,  quien operaba en la Costa Caribe, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá -Sala de Justicia y Paz-  se ocupó sobre la irrealidad de este dogma popular auspiciada por líderes y medios locales y particularmente se refirió a los casos de Luis Miguel Mello Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zuñiga.

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El Tribunal Superior de Bogotá, apelando a la teoría de la autoría mediata por dominio de organización que fue creada por el profesor alemán Claus Roxin, consideró de suma gravedad en su fallo el hecho de que familiares y antiguos coequiperos de personas condenadas por concierto para delinquir agravado se sigan presentando a elecciones y logren así ocupar cargos públicos; constituyéndose con ello un riesgo para garantizarles a las víctimas y la sociedad colombiana en su conjunto, que no volverán a sufrir de los males del pasado, puesto que muchos de los alcaldes, gobernadores y congresistas que se relacionaron con los paramilitares, y que fueron los responsables de eliminar la pobreza (y no lo hicieron), hacen parte de maquinarias políticas que no dejarán de existir porque hayan sido judicializados uno o varios de sus operadores, y mucho menos dejarán de existir tras la desmovilización colectiva de las denominadas Autodefensas Unidad de Colombia (AUC).

Precisó el Tribunal que con las evidencias y aclaraciones aportadas ésta llama la atención sobre las posibilidades reales que tienen las víctimas para gozar de su derecho a la no repetición de atrocidades vividas, pues así como se trata en las audiencias el tema de las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) como factores continuadores de la violencia y la corrupción; también se debe tener en cuenta el reacomodamiento de las maquinarias políticas que tuvieron vínculos con los grupos paramilitares.

La Sala consideró que se trata de “maquinarias políticas” porque quienes hacen parte de ella (como los “parapolíticos” condenados) comparten el propósito común de ganar elecciones para ocupar cargos públicos y acceder a las rentas del Estado, sin tener en cuenta consideraciones de tipo programático, ideológico o partidista.

Para el caso del Magdalena, sustentó la Sala, que el hecho de que el propósito común y prioritario de quienes conforman una maquinaria política sea ganar elecciones para poder ocupar cargos públicos (y desde allí tener acceso al presupuesto público), hace que no importe quien sea el candidato y cuál Partido Político otorgue el aval. Dicho de otro modo: las maquinarias políticas operan bajo el principio de fungibilidad, pues sus miembros son intercambiables y sustituibles, por eso, pueden ser hijos, hermanos o asesores de confianza quienes sucedan y releven generacionalmente a los políticos condenados e inhabilitados por sus nexos con grupos armados al margen de la ley.

Advirtió con su fallo en relación a maquinarias políticas, el que sus integrantes utilizan las elecciones como un método estandarizado para compartir privilegiadamente el poder burocrático. “Por ende, cada que hay una elección, las maquinarias políticas se reacomodan, pues sus integrantes acuerdan cómo sería a posteriori el reparto de los cargos públicos y los contratos, dependiendo del número de votantes que lograron movilizar durante los comicios” se puntualiza en la sentencia.

Lo que concluye la sentencia 

Este es el fallo del Tribunal Superior de Bogotá:

Un caso ilustrativo que muestra cómo se dio el reacomodamiento de las maquinarias políticas que se vincularon con los grupos paramilitares, fue la elección como gobernador del departamento de Magdalena del joven Luis Miguel Cotes Habeych. Así, con 171,153 votos (equivalentes al 41.90% de la votación), y avalado por un movimiento ciudadano llamado “Respeto por Magdalena”, Luis Miguel Cotes ganó la contienda.

Como gobernador electo nombró en su gabinete a compañeras sentimentales, familiares, amigos o antiguos asesores de despacho de personas condenadas por auspiciar grupos armados ilegales. Es decir, Cotes tuvo en cuenta a gente cercana al ex alcalde de Santa Marta, José Francisco Zúñiga Riascos; al ex gobernador de Magdalena, José Domingo Dávila Armenta; y al ex congresista Alfonso Antonio Campo Escobar. Dado que las maquinarias políticas que se aliaron con grupos paramilitares se han reacomodado, justamente porque se orientan por el principio de fungibilidad; la Sala, en aras de velar por el cumplimiento efectivo del derecho a las víctimas y la sociedad colombiana de disponer de garantías de no repetición; exhorta a la Fiscalía General de la Nación para que en las audiencias que se adelantan en esta jurisdicción, se dé cuenta de dichos reacomodamientos e informen si la permanencia en cargos públicos de familiares, amigos o antiguos funcionarios públicos que trabajaron de la mano de personas condenadas por auspiciar grupos armados ilegales, haya podido obstaculizar el cumplimiento de la normatividad de Justicia Transicional en Colombia, especialmente aquella relacionada con la implementación de la Ley 1448 de 2011.

Por ende, esta exhortación reviste de importancia pues en los Artículos 121, 122 y 171 del Decreto 4800 de 2011 que reglamenta la Ley 1448 de 2011, se le asigna un rol protagónico a los gobernadores, alcaldes, secretarios de salud departamentales y municipales, secretarios de educación departamentales y municipales, y secretarios privados departamentales y municipales, para garantizar el adecuado funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia Transicional y los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas.

De esa forma, la Sala optó por esta exhortación para prevenir que dichos funcionarios públicos estén o lleguen a estar obstaculizando el funcionamiento óptimo del modelo de Justicia Transicional, pues de ellos depende en gran parte que los derechos de las víctimas lleguen a satisfacerse”.

Dentro del grupo de personas a los que el Tribunal Superior de Bogotá exhortó a la Fiscalía General de la Nación dé cuenta de sus reacomodamientos dentro de las maquinarias políticas asociados a la parapolítica se encuentra la actual candidata a la Gobernación del Magdalena por el Partido Cambio Radical, Rosa Cotes de Zuñiga, quien ya comienza a figurar en los expedientes penales del proceso parapolítico.

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Rosa Cotes y su esposo José Francisco Zúñiga, ambos nombrados en la sentencia del paramilitar alias Tijeras.
Rosa Cotes y su esposo José Francisco Zúñiga, ambos nombrados en la sentencia del paramilitar alias Tijeras.

 

Según el portal lasillavacia.com en su sección “Quién es Quién” esta es el perfil de Rosa Cotes de Zúñiga:

 

Rosa Cotes
Alejandro Arias1
Por ALEJANDRO ARIAS
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBRE

 

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