Tomado de cafenoticias.tk
Tania Otero Arroyo, representante legal de Funtierra Rehabilitación IPS, a través del abogado José Marimón, presentó demanda de Parte Civil contra el exsenador Musa Besaile Fayad, con el fin de que le sean indemnizazos los daños y perjuicios que le ha ocasionado con su actuar.
El exsenador fue denunciado en octubre del año anterior por el Director Jurídico de Funtierra IPS, Eduardo Padilla Hernández, ante La Corte Suprema de Justicia, con base en las grabaciones hechas por la DEA de las conversaciones sostenidas por el exgobernador Alejandro Lyons Muskus y el abogado Leonardo Pinilla (a.) “Porcino”, donde este último le comenta a Lyons que Musa ya tenía listo lo de la orden de captura para Tania Otero dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por los recursos de la salud del departamento de Córdoba.
Del complot, que fue bien explicado dentro de su principio de oportunidad por el abogado Pinilla, también hacían parte el exfiscal Daniel Díaz, el exdirector anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el mismo Pinilla y la propietaria de la IPS Crecer y Sonreír, Yolima Rangel Yánez, quien se encuentra vinculada al proceso y evadiendo la acción de la justicia con una orden de captura en su contra tras haberle ofrecido a Daniel Díaz, un soborno de 200 millones de pesos por su absolución y el desvío de la investigación contra Otero Arroyo.
El exfiscal Díaz, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla se encuentran privados de la libertad; el primero en Colombia y los dos últimos en EE.UU. (Ver nota relacionada).
Con esta demanda se le complica la situación al exsenador Musa Abraham Besaile Fayad, pues deberá responder pecuniariamente por los perjuicios morales y materiales causados a la víctima Otero Arroyo y a sus familiares por el daño a la vida de relación.
Poco a poco se va descubriendo el verdadero cartel de la corrupción en el departamento de Córdoba y la persecución de que fue víctima la empresa Funtierra IPS y su representante legal Tania Otero, la que se inició por una falaz investigación fiscal de la Gerencia Colegiada departamental de la CGR en Córdoba encabezada por Alba Posada Lerech, quien ya fue destituida al haberse descubierto que desaparecieron un cuaderno de pruebas aportadas por Funtierra desvirtuando cada uno de los falaces hallazgos fiscales, de lo cual se percató la nueva funcionaria investigadora de la CGR en Bogotá, a donde fue trasladado el proceso desde el mes de agosto del presente año.
