Por: José Félix Lafaurie Rivera.
¿Qué pasaría si un colombiano del común, usted o yo, porque no está de acuerdo con el sistema o la institución policial, o porque no le gusta que un soldado patrulle cerca de su predio rural, decide agredir al policía o al militar, quitarle su arma y secuestrarlo?
Pues le caerá el peso de la ley, no solo por la gravedad del delito –secuestro, para empezar–, sino porque la agresión a la Fuerza Pública por parte de civiles “no delincuentes” es –o era, más bien–, un impensable al que ni usted ni yo nos atreveríamos; algo que, lamentablemente, está cambiando, como lo vemos en las marchas vandálicas, en las asonadas contra la policía y en las protestas indígenas, en las que parece legítimo agredir salvajemente a la autoridad.
El caso de los indígenas es grave, porque usted o yo, o el vándalo, estamos sometidos a esa autoridad, por la renuncia parcial que hacemos de nuestra libertad en favor de quienes “nos gobiernan”; pero los indígenas no sienten tal sometimiento, porque el excesivo garantismo de nuestra democracia, exacerbado en la Constitución de 1991, no solo les reconoce sus propias “autoridades”, sino también su propia justicia.
Bien sé que cuestionar la Carta del 91 y a los indígenas son pecados que pagan crucifixión mediática de la izquierda y de los “Roys” que antier eran derecha, ayer centro y hoy ¡progresistas!, pero lo asumo, porque es larga la historia de agresiones indígenas contra la autoridad y la sociedad en general.
El país recuerda la humillación a 100 soldados en el cerro Berlín en 2012, el machete al cuello de un policía en 2018, las tomas violentas de la Panamericana, la minga de 2019, que sumó muertos a la pandemia -quién lo duda- con el apoyo de los alcaldes de Cali y Bogotá; o el ataque a la propiedad privada –incendios y destrucción de cultivos– que justifican con el cuento de “la liberación de la madre tierra”, con el que se devuelven hasta 1492 en sus exigencias.
Ayer nomás, “con machete y cuchillo” fueron desarmados y secuestrados nueve militares por un grupo de indígenas, que además los golpearon con sus “pacíficos bastones”. ¿Qué les pasa? Nada. Tienen su propia justicia. Y ¡Ay de que les pase!, porque caerán encima la izquierda, el centro, la ONU, la CIDH y hasta Vivanco de HRW.
Curiosa doble moral: acusan al Gobierno de no protegerlos, pero agreden a quienes van a protegerlos. Se esconden en su justicia de “latigazos”, pero cuando funciona por excepción, corren a entutelar en la ordinaria. Acabo de leer que la Corte Constitucional anuló la condena por feminicidio impuesta por la justicia indígena a dos embera katío. Al fin qué. ¿Hasta cuándo los indígenas seguirán siendo colombianos diferentes, sujetos de muchos derechos y muy pocos deberes?
Notas Bene:
1. Cepeda: mal perdedor. Si todos demandamos penalmente al juez que no nos da la razón, la justicia andaría peor de lo que está.
2. Claudia tolera protestas callejeras violentas, la procesión de la minga con rumba incluida y la francachela futbolera de diciembre, pero no gusta de las procesiones religiosas, solemnes, ordenadas y silenciosas.
3. La ONU repite. Instigada por la izquierda y los indígenas, arremete contra la aspersión aérea, pero calla frente al narcotráfico.
4. ¿Habrá que preguntarles a los narcoterroristas si tienen menores reclutados, antes de hacer uso de la fuerza legítima del Estado?…
y como no hay quinta mala: Solidaridad con Claudia Gurisatti, Vicky Dávila y el presidente Duque, amenazados de muerte por el bandido que defiende el mal perdedor de mi primera nota.
@jflafaurie
