Acuerdo de Escazú, Gobernanza Ambiental

Por: Manuel del Cristo Diaz Salgado.

El pasado, 20 de julio, el Mandatario de los colombianos, presentó, ante el honorable Congreso de la República, el proyecto de ley que busca ratificar, el Acuerdo de Escazú, el cual se tiene previsto, que esté firmado para el 15 de diciembre de 2020.

El acuerdo de Escazú, adopta su nombre, en distinción a la ciudad y distrito costarricense que albergó su última reunión de negociación.

El pacto de Escazú, tiene su génesis en el principio diez de la declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible; este principio busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información, igualmente que participe en la toma de las decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras.

Para muchos, la ratificación del Acuerdo, es una verdadera revolución, es promover una democracia de lo climático y medioambiental, además de ser una especie de “volver la cara” en la protección del medioambiente.

El acuerdo de Escazú, tiene cuatro columnas fundamentales donde encuentra su asiento, que son los derechos de acceso a la información, participación y justicia, y la creación y el fortalecimiento de capacidades regionales; esto traducido al lenguaje sencillo, se asemeja mas o menos a las llamadas consultas previas, pero más vigorizadas, desde el punto de vista de la justicia ambiental a nivel internacional, al menos de los países que suscribieron el acuerdo, también es importante anotar el nuevo rol que desempeñaran las corporaciones ambientales regionales (CAR), ante el advenimiento de los posibles juzgados y tribunales ambientales, para ello debemos señalar, que en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, existen tribunales y superintendencias ambientales, casos como el de Argentina y Chile, en nuestro país Colombia, estos temas están bajo el resorte del Ministerio del Medioambiente, aunque parezca mentira, el tema más importante que es el relacionado con licencias ambientales es manejado por la ANLA, que cuenta con autonomía administrativa y financiera, y hace parte del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que para muchos otorga licencias a diestra y siniestra.

Otro de los pilares del pacto de Escazú, tiene que ver con la protección de los líderes ambientales, la divulgación en la información ambiental con base en la participación de la sociedad civil, como acreedora de los deberes consignados en el acuerdo.

Los reproches, que se indilgan al Acuerdo, tienen que ver, con la intromisión extranjera en los asuntos ambientales de nuestro país, relacionados, por ejemplo, en que toda persona, puede pedir explicación sobre cualquier asunto que se crea que afecte ostensiblemente el medioambiente, esto según los opositores afectaría de manera grave los grandes proyectos en materia minero energética que se quieren o pretenden desarrollar en el país.

Las críticas a la ratificación del acuerdo, están a la orden del día; mas, sin embargo, con la ratificación damos un salto a una verdadera gobernanza de lo ambiental; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), manifestaba: “[…] lo que el mundo necesita hoy es cambiar, el mundo como está es insostenible. Pero eso sí, nada sobre nosotros sin nosotros […] de eso se trata justamente el principio diez”.

 

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