Colombia Necesita Una RED de Salud Pública y otra Privada

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Yo voté por Duque, y he apoyado su administración; pero sólo lo seguiré apoyando hasta donde vea que su gestión tome la dirección correcta basada en el bien de nuestra patria.

Por: Eduardo Padilla Hernández.

Presidente Asociación Red Nacional de Veedurías (ASO-RED)

Para tratar sobre la gravedad de este importante sector, se me ocurre acudir a la raíz de todos los males que le han sobrevenido al país.

Cuando las hordas extranjeras invadieron a América, específicamente a Colombia, a partir de 1492, trajeron consigo una doctrina de demonios: Latrocinio, destrucción y muerte. La élite criolla aprendió con rapidez los procedimientos de su escuela tenebrosa. Esa misma élite malévola se reprodujo como roedores, y sus descendientes extendieron esas mañas hasta nuestros días en el siglo XXI. Uno de los sectores más golpeados con esta tradición es el de la salud.

La élite actual, mediante la Ley 100, le entregó a la empresa privada (EPS: Entidades Promotoras de Salud) casi todos los recursos de esa cartera, dineros que antes eran destinados a las IPS (Instituciones prestadoras de servicios: Hospitales, Camus, clínicas y demás centros de salud públicos). Con ese procedimiento construyeron un enorme túnel por donde se fugan casi todos los recursos destinados a dicho sector, que se deslizan por ese canal hacia las arcas de la citada clase minoritaria. Por esta razón, el Plan Obligatorio de Salud (POS) no se está cumpliendo a cabalidad.

La negación de servicios o las barreras administrativas hacen que los ciudadanos recurran a la tutela, mecanismo establecido en la Constitución colombiana para defender a los ciudadanos.

Adicionalmente en los últimos años han sido constantes las denuncias de los medios de comunicación sobre graves complicaciones y muertes originadas en las negaciones o tardanzas excesivas en las autorizaciones de servicios.

La situación sigue presentando problemas que impiden la materialización de los derechos fundamentales, pues persisten las amenazas y vulneraciones a los ciudadanos que acceden a los servicios, la falta de capacidad resolutiva de los diferentes actores, la no garantía de los beneficios contemplados en el Plan de Beneficios de Salud (PBS), la falta de oportunidad en la atención, entre otros. Estos problemas se reflejan en el número de quejas y tutelas que a diario se presentan en el país.

En el 2015 los usuarios presentaron 614.520 acciones de tutela. Actualmente no existen estudios que den a conocer las cifras de tutelas contra el citado sector. No sabemos a qué se debe este silencio. Sin embargo, a menudo vemos en los noticieros a los beneficiarios exigiendo que el sistema cumpla con los principios y componentes para los cuales fue creado, porque ellos creen que no están siendo utilizados con eficiencia social y económica los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.
Por todas estas razones los usuarios de la seguridad social piden:

-Que realmente se garantice la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

-Que el Estado garantice la solidaridad mediante su participación, control y dirección del mismo, porque los recursos provenientes del erario público deberían ser aplicados siempre a los grupos de población más vulnerables.

-Que la cobertura sea aplicada con integridad en todas las contingencias que afectan a este sector, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población y que sean atendidas las contingencias amparada por la ley.

-Que haya unidad en la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social de niños y adultos.

-Que la comunidad pueda ejercer su derecho a intervenir en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto.

-Que haya progresividad real para ampliar cobertura a toda la población y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

-Que el sistema general de pensiones cumpla con el objetivo de asegurar a la población el cubrimiento de los riesgos o contingencias derivados de la vejez, la invalidez y la muerte, por medio del reconocimiento de pensiones y prestaciones determinadas por la Ley, porque una población numerosa no está cubierta por este componente.

En este momento se está pensionando poca gente (contributivos y subsidiados), porque muy pocos cumplen las condiciones para llegar al sistema y entre los que si llegan en el régimen de ahorro individual, que son solo el 15% del total, la mayoría está en retiro programado o se lleva su ahorro, lo que significa que la mayoría de colombianos acogidos sobrevivirá a sus ahorros. Y ese es un costo fiscal latente muy fuerte que tiene el Gobierno. Entonces, ¿quién va a hacerse cargo de esos ancianos cuando sobrevivan a sus ahorros? Por ahora eso no ha pasado porque la población es relativamente joven, pero eso es inminente y va a ser un problema.

La ley 100 le dio al sistema de salud una figura ambigua donde no existe competencia; por ejemplo: Si un usuario se retira de una EPS, y acude a otra, de inmediato nota que se trata del mismo burro con diferente cabestro.

Así, pues, como están las cosas, es necesario que la corrupción sea separada radicalmente de este importante sector.

La sociedad civil necesita con urgencia máxima un sistema de salud de altos estándares y que, además, ofrezca instalaciones modernas, para que los usuarios estén seguros de que sus necesidades médicas sean bien atendidas.

Para este propósito hay que reformar o desmontar la ley 100. De esta manera se puede fundar una red de salud pública y otra privada, con el objeto de que los usuarios tengan la opción de elegir la red que les presta mejor servicio. Y que la Súper Salud vigile a ambas redes, pero mientras esta idea no se haga realidad, continuará el disparate en este sistema.
Si el gobierno, en cabeza del presidente Duque, ignora está propuesta, significa que, deliberadamente, está favoreciendo la candidatura de Petro, quien actualmente va subiendo de manera acelerada en las encuestas.

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Eduardo Padilla Hernández
Abogado, Columnista y Presidente Asored Nacional de Veedurías


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