Por Rafael Nieto Loaiza.
El DANE presentó los resultados del estudio laboral del trimestre enero marzo. La tasa de desempleo fue 15,8%, 3,2 puntos más frente al 2020 (12,6%). Hay mucho más desempleo en las grandes ciudades, 18,1%, que en el sector rural, 8,5%. El desempleo se ceba con las mujeres, 21%, y es menos grave en los hombres, 12%. Y se ensaña con los jóvenes: sufren un desempleo de 23,9%, 8,1 puntos por encima del promedio nacional. Acá, de nuevo, son las muchachas las más afectadas, 31,3%, frente a los varones, 18,5%.
No hay la menor duda de que es el aumento del desempleo, resultado de los confinamientos y de otras medidas restrictivas como los pico y cédula y los toques de queda, lo que disparó la pobreza. En consecuencia, deberíamos todos estar en la tarea de crear las condiciones para que haya más inversión y generar empleo con nuevos emprendimientos y el reenganche laboral de quienes se vieron obligados a dejar sus trabajos durante la crisis.
No ayudará la pérdida del grado de inversión. Subirá el dólar, aumentará la inflación por el mayor costo de las importaciones y, más grave, obligará a que muchos fondos de inversión extranjeros con posiciones en Colombia se ven obligados a liquidarlas y muchos otros no puedan entrar. Vamos a perder la oportunidad que crea el desastre de la constituyente chilena. Un pena.
Pero mucho más grave es el impacto del paro y los bloqueos. Las cifras del primer trimestre mostraban que empezábamos la recuperación, salíamos de la recesión y la economía crecía un 1,1%. Todo se ha visto frustrado por el vandalismo, la delincuencia y los bloqueos que han venido sucediéndose desde la noche del 28 de abril.
Hasta el miércoles pasado, según el diario La República, el paro le estaba costado al país $10,2 billones, el 1% del PIB. Es decir, estamos perdiendo todo lo ganado durante el trimestre pasado. Según el nuevo Ministro de Hacienda, el paro le vale al país $484.000 millones diarios.
La culpa de esta tragedia es fundamentalmente del comité del paro y de Petro. El Gobierno no ha hecho sino ceder. Retiró su propuesta de tributaria, sacrificó al Ministro de Hacienda, anunció educación universitaria gratuita para estratos 1, 2 y 3 y un subsidio para impulsar el empleo juvenil que beneficiará a medio millón de muchachos, permitió que se hundiera la reforma a la salud. Y el comité, conformado por las centrales sindicales, Fecode y un par de movimientos estudiantiles, todos de izquierda, no solo se mantiene en el paro sino que aumenta sus exigencias, muchas de ellas absolutamente inaceptables y económicamente impagables. Y Petro el incendiario no solo no condena los bloqueos sino que pide nuevas manifestaciones.
También, hay que decirlo, hay algo de responsabilidad del Gobierno. Se sentó a negociar con el comité en medio de la extorsión y ha cedido y cedido sin obtener nada a cambio. Incluso anunció diálogos con el Eln. Un error detrás del otro. No logra complacer a los del paro y en cambio frustra a sus electores. La izquierda radical siempre entenderá las concesiones como fragilidad. Son como tiburones que huelen la sangre y van detrás del débil.
Hay además una inadecuada comprensión del desafío que enfrenta. El paro, las protestas y los bloqueos no se dan por razones económicas sino políticas. Lo que la izquierda quiere es dañar la calle, erosionar la gobernabilidad, acorralar a Duque. Lo anunció Petro el día de su derrota, empezaron a implementarlo en los paros del segundo semestre del 18 y tuvieron su laboratorio en noviembre del 19. La pandemia solo atrasó sus planes y les dio una nueva excusa. Hay que insistir en que la izquierda no solo no tiene interés real en mejorar la economía sino que le apuesta al empobrecimiento. Está convencida de que su discurso de odio, resentimiento, de lucha de clases, contra los empresarios y el establecimiento, tiene más terreno fértil entre más desempleados y pobreza haya y que así tiene más oportunidades su candidato populista.
Por eso caen en el vacío todos los argumentos sobre el daño enorme que producen los bloqueos. A los que bloquean no solo nos les importa ese daño sino que lo desean. Por eso es muy preocupante la incapacidad del Gobierno y la Policía de levantarlos usando la fuerza legítima del Estado. No hay que olvidar que los bloqueos violentan los derechos y libertades de las mayorías y que si se prolongan en el tiempo son delitos.
Petro y el comité del paro están consiguiendo quebrar a las empresas que sobrevivieron a la pandemia y con ello disparar el desempleo y la pobreza. El Gobierno tiene la obligación de ejercer su autoridad y dar orden y seguridad. No caben más dilaciones.
En respuesta a su comentario, hay que aclarar varias imprecisiones.
La causa de la hecatombe por la cual atraviesa Colombia, se debe a las políticas neoliberales de exenciones concedidas en la anterior reforma tributaria al sector financiero, a empresas mineras y carboneras, así como una falta de acción, en relación con la tributación para el tema de las bebidas azucaradas, con la cual se ha dejado de recaudar más de 22 billones de pesos, lo cual, sumado a la migración de venezolanos y a los efectos de la pandemia, ha puesto en jaque las finanzas del país.
De otro lado, el gobierno no ha cumplido el compromiso que no sólo tiene con el Estado Colombiano, sino que además tiene con los países garantes y demás miembros de la comunidad internacional en relación con los acuerdos de paz, firmados el pasado 24 de noviembre del 2016. Por el contrario, la masacre sistemática -y no asesinatos colectivos aislados, como los quiere mostrar el gobierno y la fiscalia, ante organismos como HHRR- de líderes sociales, hacen entrever un difícil panorama que se viene reclamando desde la misma firma de los acuerdos.
Por lo tanto, pretender ignorar las causas reales de la situación actual de Colombia, aduciendo que son la consecuencia del supuesto «discurso de odio, resentimiento, de lucha de clases, contra los empresarios y el establecimiento» es un gran desatino que cualquier analista político podría inferir. Tampoco es pertinente afirmar que el país ha cedido, por el hecho de haber retirado una reforma tributaria que teníamos que asumir los colombianos con un 42% de pobres, y de los cuales el 12% se encuentra en pobreza multidimensional, ni mucho menos afirmar, que se ha cedido por aceptar la renuncia de la nefasta gestión del ministro Carrasquilla con dos reformas mal planteadas y con un prontuario de corrupción en el que 73 de 108 municipios que utilizaron los bonos de agua no completaron las obras programadas. ¿ceder porque «anunció educación universitaria gratuita para estratos 1, 2 y 3 y un subsidio para impulsar el empleo juvenil que beneficiará a medio millón de muchachos?». Estos derechos no deberían ser negociables, no se debería nombrar como una concesión que le está dando el gobierno a la sociedad colombiana. La constitución política per sé, garantiza tales derechos.
Tampoco se debe desconocer que es la política neoliberal, la que se ha perpetuado en el poder por casi 20 años y no la oposición de izquierda ni las bancadas alternativas las que tienen la mayor toma de decisiones para enfrentar la problemática actual del país.
Finalmente, los colombianos de a pie ya no «comemos cuento» de estas narrativas que fácilmente se pueden desvirtuar y que sólo buscan la desinformación entre la comunidad. ¿Culpables? Analizemos en en realidad quienes son los rculpables de verdad.