Delinquen las Personas, no las Instituciones

Bernardo Henao
Bernardo Henao Jaramillo

 

Los colombianos no salimos aún del horror que nos causó  el grave y aberrante delito de abuso carnal violento que rechazamos por completo,  cometido en la joven niña indígena con tan solo escasos doce o quizás trece años de edad, perteneciente  a la comunidad  embera katio,  cometido por seis soldados regulares que prestaban servicio militar obligatorio que contó con un cómplice, todos los cuales en la diligencia de imputación adelantada por la fiscalía  el pasado 25 de junio, aceptaron los cargos por los gravísimos hechos ocurridos el 22 de este mismo  mes.

El Fiscal General Francisco Barbosa, presurosamente convocó desde la ciudad de Cali, una improvisada rueda de prensa para dar a conocer el exitoso trabajo investigativo en tiempo record de la entidad a su cargo. Bien reza el dicho que de las carreras solo queda el cansancio y enterados los colombianos de la diligencia de imputación a los siete soldados, no se hizo esperar el rechazo por la conducta imputada como fuera el de acceso carnal abusivo, cuando se trató según el relato conocido de un acceso carnal violento. Llegar a indicar que fue lo primero, es por completo cuestionable, en consideración a que una niña de escasos 12 o 13 años, ante un ataque miserable no puede ser de recibo que haya expresado o consentido en el acto sexual cometido. La celeridad de esta actuación, confiemos no sea mañana sorprendida con la instauración de una nulidad que se impetre por falta de asesoría o defensa técnica por quien (es) fungiera (n) como apoderado (s) de los autores del hecho.

Cierta doble moral que aqueja a los colombianos, que se desgarran con prontitud sus vestiduras y se oponían al proyecto de cadena perpetua, a la par que otros medios periodísticos se dieron a la tarea de difundir la desgarradora noticia, más en ánimo de amarillismo y conseguir audiencia que realmente en ahondar en las causas que motivaron tan deplorable hecho. Los que más se oponían en el Congreso de la Republica a esa condena para violadores, fueron los primeros en salir a exigir su aplicación para los soldados en cuestión. Pero su señalamiento no quedó en eso, atrevidamente señalaban al Ejército como responsable e incluso, algún medio nacional, dejaban saber que el hecho ocurrió en una instalación militar en el departamento de Risaralda, aunque la declaración de un familiar informó que la niña la encontraron en una escuela al amanecer de aquella noche infernal.

La noticia desgarradora impactó al señor Presidente de la República quien más como padre de familia que como Jefe de Estado, dolido por lo ocurrido anunció que los soldados que cometieron el acto, “si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos lo haremos”. Muy desafortunada declaración ya que el acto legislativo ni siquiera en ese momento había sido sancionado y promulgado. Tampoco entra a regir de inmediato toda vez que se requerirá de una ley que lo reglamente. Bajo ninguna circunstancia es aplicable esa posible condena a cadena perpetua.

Este hecho es politizado y utilizado, entre otros, por los senadores Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y la representante Aída Avella. El primero por un twitter de la Dra. María Fernanda Cabal quien debió documentar más el tema pero que ya borró, lanzó toda clase de insinuaciones a manera de fábula o mejor dicho camuflado de fábula para querer decir lo que la senadora no dijo; mientras que el segundo atrevidamente señaló en su cuenta de Twitter que “Colombia debería parar un día ante la brutalidad del estado en contra de la niñez en nuestro país”. Por su parte, la representante Avella, le preguntaba al Sr Ministro de Defensa ¿Qué clase de formación les dan? Estos mensajes e invitaciones son por completo desafortunados, oportunistas y se aprovechan de la desgracia y el dolor ajeno para hacer populismo mediático. Todo acto criminal es obra de personas no de instituciones. Calumniar de esa forma al estado como lo hace Petro, en su estilo  guerrerista, afrenta las instituciones democráticas y es un mensaje no subliminal sino directo a desistitucionalizarlas.

El estado nunca será responsable por la conducta abusiva de las personas sean civiles, policías, soldados, sacerdotes, políticos, actores, en fin, de cualquier profesión liberal. En materia criminal toda conducta es individual y no colectiva. No se puede caer en la trampa de las irresponsables generalizaciones. Culpar al Ejército o a las FFMM es por completo desafortunado. Quienes cometieron ese delito, son jóvenes, soldados regulares, que prestaban el servicio militar obligatorio, no son ni sub oficiales ni oficiales de carrera; son personas que acorde con los mandatos legales prestaban el servicio militar para conseguir su libreta, no ingresaron voluntariamente lo hacer por ser obligatorio, su equivocada formación ya venía con ellos por falta de educación en valores y principios. El servicio militar no es ni será para suplir la función formativa de los padres; nunca se puede pensar como equivocadamente se cree que el Ejercito sea un reformatorio.

Si de encontrar culpables se tratara, debemos ir a los orígenes de la falta de educación en principio y valores desde la infancia en los hogares colombianos. Cuando por fuerza de la pandemia hemos regresado a la casa alejados del ajetreo laboral y social, echamos de menos y recordamos la importancia del diálogo formativo en los hogares; en un país católico por mayoría como es Colombia, se aprecia también el alejamiento de Dios. No hay respeto. Al no haberlo y no forjar el carácter de los jóvenes en ese respeto a los valores, principios y tradiciones no se extraña que algunos desadaptados incurran en actos por completo demenciales que ya les marcó de por vida su existencia.

Decimos lo que otros callan
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