Despierta Colombia

Un análisis sobre la falsa paz en Colombia, firmada por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Farc, de Timochenko.

 

Cuando ya estaban por expirar las ilegales facultades otorgadas por un Congreso sumiso quien entregó su poder legislativo al Ejecutivo, el Gobierno Nacional, finalizando el mes de mayo de 2017, inundó con monumental avalancha de decretos ley al pueblo colombiano. Más de  treinta normas expedidas, con sustanciales cambios, al mejor estilo de leyes habilitantes propias del vecino país venezolano. Es desde luego un abuso a la premisa que “la ignorancia de la ley no sirve de excusa” cuando sabido es que en Colombia no se leen ni estudian por el común de las personas tanta norma que a diario se adopta. Son miles de páginas expedidas que ni las oficinas de abogados en largo tiempo alcanzarán asimilar. ¿Qué esperar entonces del ciudadano común?

La falsa Paz de Santos y los militantes de las Farc no pueden ser la agenda nacional. Hoy ese uso abusivo de las leyes Fast Track o de trámite rápido, que más bien con acierto han sido  rebautizadas en  círculos de opinión como “Farc Track”, en realidad son de “engaño rápido”, por cuanto con su expedición y contenido se pretende desconocer por completo la institucionalidad colombiana

Al tiempo que esto ocurre todos los colombianos de bien no salen de su asombro cuando por medios televisivos comprueban y constatan a diario como se desocupan las cárceles de Colombia de los peores criminales. Asesinos cruentos, autores de crímenes de lesa humanidad; causantes de miles de daños por la instalación de minas quiebra patas, cilindros bombas, obviamente bombas que perduran en la memoria, como la que colocaran las FARC en el Club El Nogal; responsables del establecimiento de campos de concentración para mantener en ellos secuestrados que nunca podrán olvidar su tragedia por años de maltrato, retención y secuestro, -muchos de ellos nunca regresaron a sus hogares- y toda clase de mutilaciones en desarrollo de lo que se conoce como “ocurrido en medio del conflicto armado”.

Se acogen al beneficio de esa pronta libertad subversivos que persiguieran por años, la autoridades de la República, paramilitares que regaron el país de miles de muertos y otros autores que se disfrazan o camuflan de actores del conflicto,  cuando en realidad son sólo narcotraficantes que han inundado con su droga maldita países del exterior, y a la propia Colombia, dañando lo más preciado de toda sociedad,  su juventud. Se suman al privilegio sin que les cobije criminales detenidos únicamente con fines de extradición. Alias “Nader” lo comprueba.

Se dice equívocamente que este ventaja que tanto malestar y desolación causa, se otorga porque lleva implícita la revelación de la verdad de los hechos de la “guerra” una vez se implemente y funcione la Jurisdicción Especial, que se conoce como la JEP. Esta jurisdicción que la conformarán  dos ciudadanos extranjeros y uno nacional  a quienes les es conocidos sus afectos y cercanías con movimientos comunistas, no es otra cosa, que el futuro establecimiento de tribunales para perseguir a quienes han tenido el valor de denunciar lo que está ocurriendo en Colombia.

En materia penal, se conoce, la aplicación del principio de oportunidad. Busca esta figura que el delincuente confiese hechos delictivos y ayude a desvertebrar organizaciones criminales. Quien se acoge a dicho principio, pueda gozar de beneficios y privilegios. Desde luego, este principio de oportunidad que es más bien su esencia como principio por delación, parte de algo elemental y obvio. Primero cuente y cante y después goce. Así tiene que ser. De lo contrario, como vaticino que va a ocurrir en Colombia, ya en libertad seguirán en lo que siempre aprendieron hacer y dudo que concurrirán a “cantar”, relatar  o contar los hechos en los que participaron y conocen  para llegar a la verdad.

La salida de estos atroces criminales es un nuevo golpe a la sentidas y dolidas víctimas que por miles se encuentran en el territorio nacional. Esa norma beneficiosa para el bandido en otro ataque a la víctima, la revictimiza nuevamente. Baste solo pensar que podrán sentir la comunidad de Bojayá cuando los perpetradores de ese crimen atroz y de lesa humanidad salgan de la cárcel,  como si lo ocurrido fuera solamente una película proyectada. Lo propio debe sentir las víctimas de la bomba de las Farc colocada en el  Club El Nogal, como fueron varios socios y sus familias, trabajadores y  visitantes. El club por respeto y prudencia  guardó silencio. Eso sí, que se sepa ninguno de las víctimas ni el propio Club ha escogido como supuesta “líder de víctimas” a la Señora Bertha Lucía Fríes quien con “camuflaje de reconciliadora”, solo busca beneficios propios, toda vez, que no se indica ni lo informan los medios, que la supuesta líder, tiene demandado al propio Club y al Estado Colombiano.

Bertha Lucía Fríes y el jefe de las Farc, Carlos Antonio Lozada, quien puso la bomba en El Nogal

Pero no solo causa estupor ver como se descongestionan los establecimientos penitenciarios sino que no se entiende ni comprende por las gentes de bien, que se expida el  Decreto  898 de  29 de mayo de 2017 que tiene al estilo propio de redacción de las FARC y su copia al modelo venezolano como título:  “Por medio del cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones”; la cual, guarda total y sospechoso silencio sobre el actuar criminal y atroz del otrora movimiento subversivo que aún tiene en poder considerable armamento y sigue delinquiendo a través de la que denominan disidencia y dudo mucho en ese apelativo, por el contrario, creería que se trata, según el discurso fariano, de “una de sus formas combinadas de lucha”

Es tan abultado y dirigido el decreto en cuestión que su estudio tarda muchos días y su cabal comprensión, arroja numerosas dudas, entre otras  se impone una obligada pregunta ¿A quién en su sano sentido se le ocurre creer que el victimario sea investigador y juez? Es tan aberrante la norma que invade la competencia de la fiscalía  y conforme a su artículo 8 el papel del fiscal será proponer la terna para su escogencia, pero condicionada desde luego a que sea “una terna de candidatos/as que proponga el mecanismo de selección y nombramiento de magistrados y otros funcionarios judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz, seleccionados de conformidad con lo establecido en el decreto 587 del 5 de abril de 2017”. No olvidemos quienes foráneamente y mayoritariamente serán los que conformarán la escogencia de los magistrados para la Jurisdicción Especial para la Paz.

Pero no es solo convertir a quienes son afectos a las Farc en investigadores y jueces. El Capítulo del mamotreto constitucional que se ocupa de tierras, viene siendo implementado de manera que las Farc, sin importar si hay o no desarrollo productivo, se hagan cada día más  al control territorial del país. Nunca la revolución armada que exportase el régimen castrista alcanzó semejante resultado. La reforma rural o agropecuaria que busca la entrega de 3 millones de hectáreas para 800.000 personas que vaya uno saber de dónde salió ese número,  no será jamás la respuesta. El control territorial en las zonas veredales y en aquellas establecidas para la dejación de armas, si se revisan sus ubicaciones se entenderá simple y llanamente que lo son en áreas fronterizas que hoy por monitoreos especiales, tienen cultivos de más de doscientas mil hectáreas de coca. Esa es la finalidad no lo duden proteger esas zonas; no va a ser la entrega al campesino u habitante de escasas tres hectáreas que todo modelo agropecuario  ha demostrado su fracaso. Como también ha fracasado por completo la entrega de tierras a los cabildos indígenas. El agro solo saldrá adelante combinado un modelo de asociación en que participen campesino, productores y estado, pero desafortunadamente la reforma impide la celebración de esta clase de participaciones,  pues la meta repito,  es únicamente la del control territorial.

Las Farc,  “criminales del pasado” no serán por fuerza de decreto gentes de bien. No se trata,  como parece ser, y así lo comprendo un número de personas significativo,  que por la Paz se les dé,  de todo: Curules, estatus, beneficio, tierras, legalización de dineros mal habidos. ¿Que recibe a cambio el país? Hasta  ahora  los niños reclutados no han regresado. No se sabe nada de los miles de secuestrados en su poder. Tampoco han devuelto la totalidad de las armas cortas y de largo alcance no se diga de otras de mayor poder destructivo. Las entregadas no hay registro fotográfico de ello ni numeración entregada. En materia de narcotráfico se sigue cultivando la mata que produce la droga maldita. En devolución de dineros y activos hoy se presentan como harapientos y escasos de recursos argumentando que la guerra  les agotó  sus finanzas. Ya el Señor Fiscal les acaba de desvirtuar sus  mentiras. También hacen parte de la nueva y copiosa normatividad una destinada a legitimar la mayor empresa de lavado de activos  y de dinero de una organización criminal sin antecedentes en la historia en Colombia y en el mundo.  La reparación de las víctimas es un capítulo que ni mencionan. Hoy se dan el lujo de decir que el gobierno incumple el Acuerdo. Ahora se han convertido en educadores de buena voluntad concurriendo a universidades y foros de casas periodísticas que el tiempo y las gentes de bien no salen de su asombro al constatarlo por los medios, pero dudan mucho en lo puedan realmente enseñar, cuando más de la mitad de su existencia, la destinaron a delinquir por todo el territorio colombiano.

Por Bernardo Henao Jaramillo

Abogado e investigador

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