Por: Germán Calderón España. Abogado Constitucionalista.
El refrán popular “agarrar el toro por los cuernos”, significa claramente “enfrentar una situación problemática con decisión”, que es exactamente lo que el Presidente Duque asumió a partir de exhortar al consenso para ajustar la reforma tributaria a lo que él mismo sostiene: “pensando en los más vulnerables.”
No tiene otro camino, pues como lo había señalado en artículo anterior, apoyado en la jurisprudencia constitucional colombiana en materia de reformas tributarias, una de las características de los impuestos para que satisfaga los preceptos de la Constitución Política es la capacidad económica del contribuyente, requisito que representa el hecho generador que los sustenta, y que si no se tiene en cuenta ante las numerosas demandas de constitucionalidad que se incoarán una vez se perfeccione la reforma en el legislativo, ésta sucumbirá en la Corte Constitucional.
Pensar en los más vulnerables es, detenerse a deliberar y estructurar políticas públicas que ataquen directamente el 6,8% del desplomo de la economía y el desempleo que asciende a 4,1 millones de personas que hoy no tienen ingreso.
Entonces, se percibe que el presidente Duque recobró el perfil de su mandato que, ante una crisis tan catastrófica como la que nos trajo la pandemia, expidió medidas legislativas a través de 115 Decretos proferidos en el estado de emergencia económica, social y ecológica, batería de soluciones que la Corte Constitucional, con la altura de siempre, avaló declarando la exequibilidad del 99,9% de las mismas.
Destacando en un somero recorrido de las soluciones a la crisis, mediante el Decreto Legislativo 444 de 2020, permitió que el país contara con recursos adicionales a los disponibles a través de los mecanismos ordinarios para ejecutarlos de forma ágil e inmediata, destinados exclusivamente a implementar medidas para fortalecer el sistema de salud y para garantizar las condiciones necesarias de atención y prevención en el marco de la rápida propagación del nuevo coronavirus COVID-19, así como a contrarrestar la afectación de la estabilidad económica y social que ello conllevó.
Con el Decreto Legislativo 458 de 2020, el Gobierno adoptó medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, en atención a que los efectos que se derivaron de las circunstancias que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica afectaron el derecho al mínimo vital de los hogares más vulnerables y con el fin de brindar apoyos económicos a la población más desprotegida.
A través del Decreto Legislativo 475 de 2020, se implementaron medidas destinadas a la gestión y agilización del pago de recursos o asignación de beneficios y apoyo en materia de seguridad social y al mínimo vital de los creadores y gestores culturales. También dispuso que los recursos de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de las artes escénicas girados por el Ministerio de Cultura a 31 de diciembre de 2020, a los municipios y distritos, se destinaran transitoriamente para apoyar al sector cultural de artes escénicas, en actividades de creación, formación, producción y circulación de espectáculos públicos de artes escénicas, presencial o virtualmente.
Dictó el Decreto Legislativo 519 de 2020, con medidas urgentes para proteger a los trabajadores, empleadores y familias de los riesgos de salud generados por el coronavirus COVID-19; resguardar a los trabajadores en el lugar de trabajo; estimular la economía y el empleo, así como también, sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con la finalidad principal de garantizar y respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos de la emergencia y de esta forma, lograr una recuperación rápida y sostenida.
En un momento crucial, el Gobierno expidió el Decreto Legislativo 544 de 2020, adoptando medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado global de bienes para mitigar la pandemia.
Ante la necesidad de proteger el empleo, se profirió el Decreto Legislativo 488 de 2020 para garantizar la ejecución del programa de alimentación escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media en casa; se le dieron herramientas a las entidades territoriales mediante el Decreto Legislativo 470 de 2020; se instituyeron alivios tributarios para el sector agropecuario con el Decreto Legislativo 573 de 2020; se modificaron las competencias de Findeter y Bancoldex para otorgar créditos directos a las entidades territoriales y a las empresas a través del Decreto Legislativo 417 de 2020; y así, se expidieron todas las medidas legislativas que el Gobierno consideró necesarias para garantizar el ingreso de las familias vulnerables, el empleo, la salud, la educación, etc.
Si estudiamos una a una las medidas que el presidente Duque y sus ministros despacharon ante el estado amenazante de un pueblo que iba al abismo económico, no puede ser otra la conclusión, en comparación con la propuesta actual de la reforma tributaria, que hay un contrasentido, sin embargo, los grandes hombres superan las batallas perdidas asumiéndolas como un problema más al que hay que afrontar con decisión, o como dice el refrán, “agarrando el toro por los cuernos.”
El consenso resulta imperativo en estos momentos de crisis, siendo el camino para restablecer la gobernabilidad, entendida por Samuel Huntington como la forma de contener las demandas económicas y sociales de la población, y en forma categórica, el Gobierno y los partidos tendrán que asumir que los contribuyentes no tenemos la capacidad económica para resistir una reforma tributaria unilateral, pues tendrá que ser consensuada. Esa es el ruta idónea a seguir.
