Por: Eduardo Padilla Hernández.
Presidente Asored Nacional de Veedurías*
@edopadillah
La exorbitante multa impuesta el pasado 11 de febrero a un joven ciudadano, por comprar una empanada prendió las alarmas en todo el país sobre la equivocada interpretación de los incisos 4 y 6 del artículo 140 del Código Nacional de Policía por parte de las autoridades policiales. Pero antes de corregirse el error, contrariamente, se convirtió en un efecto dominó que, en los siguientes días, desencadenó una serie de irregulares procedimientos policivos a nivel nacional, lo que se consideró una persecución contra los vendedores ambulantes.
Esta polémica sobre la ilegal ocupación del espacio público no es nueva, sin embargo, la Corte Constitucional se ha venido pronunciando sobre el deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, a la vez que debe proteger los derechos fundamentales de “(…)las personas que se dedican al comercio informal ocupando el espacio público por pertenecer a grupos vulnerables por faltas de oportunidades académicas y laborales. Muchos hacen parte de la población desplazada debido al conflicto armado interno que les obliga a abandonar áreas rurales para ubicarse en las urbes, a lo cual se suma el desempleo constante y, muchas veces, la falta de programas estatales para la inserción de las personas en la vida social y económica, de manera que puedan contar con la asistencia que ofrece el Estado(…)”. (Sentencia C-211-17).
En el plano de la recuperación del espacio público, la corte ha establecido la importancia del principio de confianza legítima para proteger a los ciudadanos afectados frente a cambios bruscos e intempestivos de las autoridades, que pueden enfrentarlos a una situación sensible vulnerando sus derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo, denegándoseles el acceso a una fuente de ingresos estables que les permita acceder a una vida digna.
De acuerdo a esta alta corporación, el trabajo tiene un carácter de derecho-deber y, como todo el tríptico económico de la carta -propiedad, trabajo, empresa-, cumple una función social. Es una actividad que goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado.
Si bien es cierto que se tiene que recuperar el espacio público para que haya una mejor movilidad, esta recuperación no se puede dar de forma abrupta como se ha pretendido por la falta de conocimiento y capacitación de las autoridades policiales, quienes deben actuar en conjunto con las administraciones municipales para coordinar las acciones respetando siempre el derecho al trabajo y a la reubicación de los vendedores informales, al mismo tiempo que se busca la protección de nuestro medio ambiente, que en algunos casos, puede verse afectado por el ejercicio de actividades comerciales sin la correcta disposición y manipulación de la materia prima.
Colombia se ha caracterizado por ser un país del “rebusque” ante la falta de oportunidades laborales y de preparación académica por un gran sector de la población, que tienen derecho a una vida digna permitiéndosele satisfacer, aunque sea escasamente, sus necesidades básicas y en este proceso se necesita el acompañamiento y solidaridad no sólo de las administraciones locales si no también de las autoridades policivas que, sin dejar de cumplir con su funciones, deben tener en cuenta una serie de factores socio – económicos que afectan a un gran sector de la población colombiana.
En este aspecto son las mismas autoridades las que han permitido el ejercicio del comercio informal con la ocupación del espacio público por lo que antes de apuntar a un solo objetivo de carácter policivo deben ser ellas las que generen alternativas para brindarle solución a esta problemática social.
Para ello, además de las políticas de mejoramiento de la calidad de vida, recuperación del espacio público y reubicación de los informales, se debe capacitar a nuestros policiales en la correcta interpretación de las normas y el precedente judicial de las altas Cortes para evitar que se sigan cometiendo esta serie de abusos contra un sector vulnerable de la población y contra la ciudadanía en general, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Procuraduría, Rama Judicial y otros organismos gubernamentales.
Por el momento y para que no se vuelvan a presentar vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos, endilgándoseles responsabilidades por fuera de las normas y multas exageradas, se debe realizar una reforma del Código Nacional de Policía, con el que se buscó combatir a los grandes usurpadores que montan negocios por toda la ciudad convirtiéndose en unos acaparadores mercantilistas del espacio público pero que ha sido, en algunos casos, mal interpretado por las autoridades policivas.
Resulta necesario entonces, que esta administración y las que le sucedan, entiendan la importancia complementar estos procesos sancionatorios, en toda la cadena, desde la formación empresarial de estos colombianos, ciudadanos de bien que desarrollan actividades informales, generando alternativas sostenibles; hasta la formación permanente de los entes de control, que deben ser capaces de diferenciar, a luz de nuestro ordenamiento jurídico, y dimensionar entre la informalidad y la ilegalidad, pues lo que ha quedado en evidencia en los eventos cubiertos por los medios, es que resulta más gravoso ser vendedor ambulante de empanadas, que ladrón.
Hay que sensibilizar, como otrora lo hiciéramos desde la Personería de Bogotá, a los vendedores ambulantes para que entiendan que su actividad debe cumplir con temas de salubridad, ocupación, etc., y a los policiales hay que ayudarles a discernir que la señora de las empanadas no puede ser tratada como el contrabandista que viola las normas de propiedad intelectual, a quienes jocosamente llamamos “piratas”; hay que propender porque nuestros policías sean unos verdaderos defensores de los derechos humanos, tanto los individuales como los colectivos, que nuestra Carta Política reconoció como la base de nuestro ordenamiento social.
El éxito de cualquier estrategia entonces, resulta obvio desde la instrucción que en múltiples fallos ha dado la Corte Constitucional, se debe recuperar el espacio como derecho colectivo de todos, pero no con el sacrificio de los derechos individuales, y es desde la formación de los dos extremos y de los compradores que estamos en el medio, que podemos garantizar que los correctivos realmente perduren en el tiempo.
Abogado especialista en derecho urbano y medio ambiente*
