Inadmisible incumplimiento

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 Cuando se suscribió el Pacto de La Habana, primero en Cartagena de Indias y luego en el Teatro Colón, con bombos y platillos se estipuló que el centro del proceso se concentraría en las víctimas para quienes se buscaría conseguir Verdad, Justicia, Reparación y desde luego No repetición.  Hoy, transcurridos más de cuatro años, el balance no puede ser más negativo, desastroso, lamentable y desalentador.

La Verdad continua pérdida y embolatada, sólo hasta la fecha se conocen discursos evasivos de los entonces subversivos sin sustento probatorio alguno, cuando de asumir y aceptar responsabilidades se trata. La Justicia, a cargo del tribunal creado por ellos, en ese ya largo tiempo, no ha dado ningún fallo condenatorio, por el contrario, han sido exculpatorios o de indulto y amnistía para los otrora bandidos pertenecientes al grupo narcoterrorista de las FARC.

En cuanto a la Reparación de las víctimas, es protuberante el incumplimiento de las FARC frente al evidente cumplimiento del Gobierno. En octubre 1 de 2016, se debe recordar que las FARC emitieron una declaración unilateral, relacionada con los bienes, en la que informaron que los recursos por “inventariar integran su economía de guerra y que por razones de crítica política nunca hicieron ni hacen parte de patrimonios individuales” y remataron indicando que no cuentan con recursos monetarios y no monetarios adicionales, a los que van hacer declarados durante el proceso de dejación de armas.

Posteriormente, se dijo por los facinerosos que en materia de reparación, según inventario confeccionado unilateralmente por ellos y que pueda aceptarse que ese sea el real monto, que la reparación ascendería a un billón de pesos que distan mucho del nimio valor que se conoció reportó la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Esta entidad informó que hasta ahora se han recibido en “Dinero en efectivo $2.114.350.000; 450 mil dólares equivalentes a $1.442.22.675 (sic) pesos; 206.818 gramos oro comercializados en US11.285.643.36 (40 mil millones de pesos). 37.953 gramos de oro más, pendientes por comercializar y 2.836 granos de oro en joyas pendientes de avalúo. De 722 inmuebles relacionados, y valorados por las Farc en 484.604.000.000, solo entregaron 8; no entregaran 213 y están pendientes de entrega 501 inmuebles. De 319 vehículos reportados, la SAE recibió cuatro unidades que fueron vendidos por $14.500.000”. (Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, 2021). En fin, lo entregado escasamente llega a 45.000 millones que corresponde al escaso 4.5% de un billón de pesos.

Vergüenza, por decir lo menos, causa el cinismo del contenido de la declaración de Pastor Lisandro Alape Lascarro entregada en la JEP el pasado 23 de diciembre de 2020, al referirse al estado actual del proceso de inventario y gestión de los bienes de las FARC-EP a escasos ocho días de vencer el término, que ante el ya cercano incumplimiento para la entrega trató en vano de justificar por las “dificultades” que lo han rodeado, pretendiendo, además, que se incluyan dizque miles de kilómetros de carreteras y que el inventario se acoja en su conjunto, esto es, no solo sobre el estimado de comercializable sino que se mida por su “contenido social”, como si con ello resarcieran el dolor causado a miles de víctimas.

En el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” se plasmó y quedó pactado con rigor que quien incumpliese perdería todos los beneficios que le cobijaron al acogerse a la cuestionada paz pactada. Y, observamos que el plazo y su prórroga para la entrega de bienes por parte de los integrantes de la FARC terminó. El primero no se cumplió, y la prórroga o nuevo plazo adoptado en el Decreto 1080 de julio 31 de 2020 fijado hasta el 31 de diciembre de 2020, tampoco. Se evidencia, entonces, el total incumplimiento de las poquísimas obligaciones a su cargo, por tanto se hacen acreedores a perder por completo los beneficios otorgados, tanto como personas individuales como por la propia colectividad.

Al respecto, debe recordarse que los antiguos combatientes de las FARC están sometidos al régimen de condicionalidad, entendido como el conjunto de calidades e incentivos, tendientes a flexibilizar sus consecuencias penales, mientras que ellos garanticen a las víctimas el acceso a una verdad plena detallada y exhaustiva, reparación desde un enfoque integral con claras medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Así las cosas, enseñó la Corte Constitucional en sentencia C-080 de 2018, que el incumplimiento de estas condiciones puede generar: Pérdida de beneficios en el ámbito penal, penitenciario, disciplinario, administrativo, y en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y el artículo 67 de la ley 1922 de 2018 determinó el procedimiento que debe llevar la Jurisdicción para declarar el incumplimiento del régimen de condicionalidad, cuando los comparecientes falten a su deber de:

  • Entregar a los menores de edad reclutados por el grupo guerrillero
  • Contribuir a la reparación de las víctimas
  • Abstenerse de la comisión de delitos después del 01 de diciembre de 2016
  • Retomar las armas
  • Aportar verdad plena, detallada y exhaustiva
  • Dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.

No obstante las públicas y reiteradas faltas a sus diferentes deberes, las autoridades encargadas de proponer el incidente de incumplimiento se abstienen de hacerlo, la posibilidad que oficiosamente proceda la JEP es nula, y por completo el gobierno mantiene un silencio cómplice, el mismo que guardan los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Resulta inaceptable que el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, luego de informar que están pendientes de entrega 501 inmuebles, el pasado primero de enero de 2021, agregue que “si hay más bienes, aun extemporáneamente serán recibidos”, esto es absurdo, es una forma soterrada de propiciar la insatisfacción de la reparación a las víctimas, cuando lo que le corresponde es exponer y probar el incumplimiento para que se impongan las respectivas consecuencias.

Dijo este funcionario público que “en cumplimiento de sus funciones, enviará los informes pertinentes a la Fiscalía General y a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que son las instancias en que se debe analizar si hay responsabilidades individuales” ; labor que difícilmente será realizada por el Tribunal que desde su creación viene dejando de lado a las víctimas para, en cambio, otorgarles todas las garantías y protección a los miembros de las FARC, lo que parece obvio atendiendo su origen.

El incumplimiento es individual y de la colectividad de las FARC y lo que le compete al Gobierno es adelantar desde ya el incidente de exclusión de la JEP y más tarde las otras acciones que se dirijan contra la entidad jurídica FARC.  De no hacerlo, consideramos que la sociedad civil puede propugnar por el inicio de ese trámite de exclusión a través de entidades veedoras que salvaguarden la institucionalidad.

No cabe duda que en aplicación del Acto Legislativo 01 de 2017 le compete ya a las víctimas, al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), y/o a las Salas y Secciones de la JEP la solicitud de apertura del incidente de incumplimiento del Régimen de Condicionalidad, ante el protuberante incumplimiento, entre otros, de la entrega de los bienes con destino a reparar a las miles de víctimas en 53 años de largo conflicto, cuyo efecto debe llevar a que pierdan por completo todos los beneficios que el proceso de Paz les confirió. Si resultaren otros bienes que seguro serán materia de incautación, esos tendrán ya el tratamiento normal ante la justicia ordinaria, preferiblemente que sean objeto de extinción.

Antecedente de que es procedente la exclusión se tiene en las ya conocidas expulsiones de alias Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes al retomar las armas y darlo a conocer en vídeo dejó a la JEP sin otra alternativa que retirarlos y así le corresponde hacerlo ahora frente a los demás miembros de ese grupo ante su flagrante incumplimiento, que trae como consecuencia la total ausencia de reparación y por esa vía alejar a los colombianos de la paz que anhelamos.

Pildorita: Les deseo que este 2021 sea bien distinto al 2020, que superemos la pandemia y que el nuevo año que comenzó nos traiga mucha salud, esperanza y  bendiciones.

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Bernardo Henao Jaramillo
Abogado e investigador


Un comentario

  1. Magnífico artículo. Deja al descubierto la podredumbre de la JEP, un sistema de “justicia” hecho por los victimarios para su propia exculpación. Es una vergüenza para el país y y un dolor adicional para los más de 7 millones de víctimas que dejó el terrorismo de las Farc y que todavía siguen causando estos bandidos que muy orondamente siguen haciendo leyes para su el beneficio de su propio plan estratégico de toma del poder. Pará nadie es un secreto que los acuerdos de La Habana sólo significaron una tramoya para legitimar el aparato político de las Farc, e incluso, su aparato militar porque hasta les legitimaron la tenencia de las armas. Todos sabemos que la UNP no es más que eso. Santos debe ser juzgado y condenado por traición a la patria.

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