Interbolsa le regaló un Jeep Grand Cherokee a Mauricio Infante


 

Por Alberto Donadio.

En marzo de 2014 el liquidador de Interbolsa S.A., Pablo Muñoz Gómez, demandó a una sociedad de Mauricio Infante Niño, que fue presidente de Interbolsa SAI, y a su esposa Olga Cecilia Niño de Infante para que se reversara la transferencia de un Jeep Grand Cherokee modelo 2007 que se hizo en el 2011. El vehículo fue traspasado en el 2011 de Interbolsa a la sociedad Infante & Otero S. en C, cuyo gerente era Mauricio Infante Niño. El liquidador también pidió reversar un traspaso del vehículo que la sociedad Infante & Otero realizó en julio de 2013, después de la quiebra de Interbolsa, a favor de la señora Olga Cecilia Niño de Infante.
Los liquidadores pueden pedir que se revoquen los actos realizados por los anteriores administradores de una compañía en liquidación que hayan sido hechos en detrimento del patrimonio de los acreedores.

El Jeep fue adquirido por Interbolsa S.A. en leasing con Leasing Bancolombia en septiembre de 2011. En diciembre de ese año Interbolsa S.A. lo traspasó a la sociedad de Mauricio Infante sin que Interbolsa hubiera recibido una contraprestación, es decir el traspaso se hizo a título gratuito. El liquidador consideró que el traspaso agravó el estado de insolvencia de Interbolsa S.A., la holding bajo la cual operaban la comisionista Interbolsa y las demás filiales como Interbolsa SAI, Sociedad Administradora de Inversión.

Al analizar la demanda del liquidador, la Superintendencia de Sociedades encontró que el traspaso del vehículo de placas CVP 489 se hizo en el 2011 por $20 millones, pero a Interbolsa el carro le costó $122.550.000, valor que figura en el contrato de arrendamiento o leasing con Leasing Bancolombia. Además no se encontró constancia de que la sociedad Infante & Otero hubiera pagado los $20 millones. Tampoco apareció una cuenta por cobrar a esa sociedad. Según la Supersociedades, que decidió la demanda a favor del liquidador: “Las condiciones mismas del precio por el cual se vendió el bien, muy por debajo de su valor comercial, están lejos de reflejar la buena fe de quienes intervinieron en la celebración del contrato”.

Concluyó la Supersociedades: “Es fuerza concluir que el contrato de 12 de diciembre de 2011 causó un daño a la masa de los acreedores de Interbolsa S.A.” También señaló la Superintendencia que existían elementos que permiten inferir que Infante Niño “conocía del mal estado de los negocios de Interbolsa S.A. que para entonces ya se estaba gestando, y a pesar de ello celebró un negocio lesivo para los intereses de dicha sociedad”. No lo dice Supersociedades, pero el negocio del carro ocurrió 9 días antes de que la Superfinanciera le ordenara a Infante Niño, como presidente de Interbolsa SAI, reversar unos créditos por $106.000 millones hechos a favor del Grupo Corridori por la Cartera Credit para la operación Fabricato. Esos créditos representaban el 20% de los dineros invertidos por los más de 5.000 clientes que tenía la Cartera Credit de Interbolsa SAI.

La sociedad de Mauricio Infante no se presentó cuando fue demandada por el liquidador. No fue posible notificar la demanda a la sociedad de Infante ni a la dirección física ni a la electrónica que aparecen en el certificado de existencia y representación legal en la Cámara de Comercio.

La Superintendencia ordenó revocar el contrato celebrado entre Interbolsa S.A. y la sociedad de Infante Niño en diciembre de 2011 pero se abstuvo de pronunciarse sobre el traspaso realizado en el 2013 entre esa sociedad y la esposa de Infante, porque ese traspaso no lo realizó el deudor, es decir Interbolsa S.A. La decisión está firmada por Graciela María Saldarriaga Molina, coordinadora del Grupo de Procesos Especiales, y se tomó el 28 de julio de 2015.

Multas de $129 millones a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz

Sendas multas de casi 129 millones de pesos impuso la Superintendencia de Sociedades a Tomás Jaramillo Botero y a Juan Carlos Ortiz Zarrate por no haber declarado que controlaban la compañía a través de la cual el Fondo Premium operaba en Colombia.

Después de una investigación que se inició a comienzos de 2013 la Superintendencia demostró que Valores Incorporados pertenecía en un 82% a una sociedad panameña llamada Andean Capital Markets, la cual a su vez en un 99.9% era del Fondo Premium en Curazao, oficialmente conocido como PCAF, Premium Capital Appreciation Fund. Este a su vez pertenecía en su totalidad, por partes iguales, a Jaramillo Botero y a Ortiz Zarrate.
Adicionalmente, el gerente de inversiones de Premium era una sociedad de Bahamas cuyos únicos dueños fueron Ortiz y Jaramillo. La sociedad se denomina Premium Investment Advisor Ltd. (PCIA).

El Código de Comercio exige que cuando una sociedad es controlada en más de un 50% por otra sociedad esa situación de control debe divulgarse e inscribirse en el registro mercantil para que se sepa públicamente quién ejerce el control.

Ni Jaramillo Botero ni Ortiz Zarrate cumplieron con esa obligación, según la Superintendencia, que demostró ese incumplimiento por medio del análisis de documentos extranjeros de Curazao, Panamá y Bahamas, valiéndose de correos electrónicos y también con el testimonio de varias personas que trabajaron para el Fondo Premium, como Rachid Maluf, Juan Andrés Tirado Moreno, Ricardo Emilio Martínez Gómez, Natalia Zúñiga y Claudia Patricia Aristizábal. Todos ellos declararon bajo juramento que recibían órdenes de Tomás Jaramillo y de Juan Carlos Ortiz y que eran ellos quienes les pagaban el sueldo.

Cuando la Superintendencia le preguntó a Rachid Maluf “¿Usted de quién recibía órdenes?”, Maluf contestó: “del Dr. Juan Carlos Ortiz Zarrate y de Tomás Jaramillo”. Maluf fue codirector de la firma encargada de las inversiones de Premium (PCIA) de noviembre de 2008 a julio de 2010 y luego asesor desde julio de 2010 a noviembre de 2012.
Igual respuesta dio Juan Andrés Tirado, que fue director de PCIA.

La Superintendencia de Sociedades, además de la multa impuesta, declaró que Jaramillo y Ortiz fueron los controlantes de Valores Incorporados desde el 12 de junio de 2008 hasta el 26 de noviembre de 2012.
La multa exacta es de $128.870.000 para cada uno y corresponde a 200 salarios mínimos legales vigentes.

La decisión fue firmada por el superintendente de sociedades ad hoc, Pablo Felipe Robledo del Castillo, que es el superintendente de industria y comercio. El superintendente de sociedades Francisco Reyes Villamizar se declaró impedido para conocer del proceso de intervención y de las actuaciones administrativas relacionadas con Valores Incorporados y con Rentafolio Bursátil y Financiero y por eso en diciembre de 2014 el gobierno nombró a Robledo como supersociedades ad hoc para lo relativo a ambas sociedades.

La decisión de Pablo Felipe Robledo señala: “Es preciso considerar que la revelación del control es una obligación de gran importancia y que precisamente uno de los pilares del gobierno corporativo es la transparencia en la información, que garantiza al eventual inversionista el conocimiento adecuado para tomar la mejor decisión de negocio”.

Blog Detrás de Interbolsa, un cabildo abierto sobre el tema.

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