Por Eduardo Padilla Hernández*
Candidato a la Gobernación de Córdoba.
Cercanos a los comicios del mes de octubre de 2019, uno de los emblemas de las diferentes campañas en todos los niveles locales y regionales, es la transparencia y los discursos anticorrupción.
En Colombia, al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, resulta imposible dar la espalda a la realidad que nos ha marcado desde la independencia de los conquistadores españoles, las nuevas Repúblicas que surgieron como resultado de los fenómenos libertadores, se encontraron libres del yugo y la opresión, pero a merced de sus propios líderes que alimentados por el orgullo de patria, hicieron lo posible para conservar el fugaz poder ganado con la sangre y el sudor de los ejércitos populares.
No podemos darles la espalda a que los fenómenos de corrupción en procesos electorales, sean prácticas contemporáneas, por el contrario, la compra de votos, la trashumancia, el fraude electoral la suplantación, la alteración de resultados electorales y las demás acciones u omisiones que el Código Penal (artículos 386 y siguientes) y las demás normas que lo han complementado, han identificado como conductas sancionables (delitos) frente al bien jurídico de la participación democrática; son conductas con las que hemos convivido desde el nacimiento de nuestra amada República.
No porque sean prácticas tradicionales están bien. Nuestra realidad presente es una prueba que a este fenómeno se le debió haber puesto límites legales desde hace muchos años, pues con las prácticas de corrupción electoral, las castas de poder se apropiaron de nuestro País y consolidaron sus riquezas en detrimento del bienestar de la población, una población que bien fuere por ignorancia, por temor o por complacencia, para mantener el status quo, se ha venido desangrando.
Este es un fenómeno que no solamente ocurre en Colombia, podemos ver los ejemplos de nuestros vecinos, y casos recientes como el Guatemala, donde el abstencionismo frente a la elección del Presidente de la República, llevó a desarrollar un proceso adicional de segunda vuelta un mes después de la convocatoria para la elección.
El panorama entonces no es alentador, una práctica arraigada en el ADN colectivo de nuestros habitantes, una práctica que ha engendrado poderosos, una práctica que ha concentrado grandes riquezas a partir del clientelismo, una práctica que ha convertido la política en una empresa criminal con una estructura de mafia.
Ante estas condiciones y fenómenos electorales que se viven en nuestro país, hoy todos los candidatos salen a abanderar procesos que propendan por la transparencia electoral, y por supuesto por evitar la corrupción, y se recuerdan temas tan relevantes como los convenios internacionales que Colombia ha suscrito en materia anticorrupción, siendo algunos de los más relevantes la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción de la OEA y la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, del año 2003; compromisos internacionales en los que nuestro país ha acogido estrategias encaminadas a prevenir, identificar y corregir prácticas que atenten con la transparencia en la administración pública y por ende en los procesos democráticos.
Es necesario aterrizar las buenas intensiones que se plasman en los convenios internacionales y llevarlas al territorio. Obvio todo comienza con el proceso de educación de nuestros electores, pero ojo, no se trata de educar a nuestros niños solamente, y no se trata tan solo de hablar de las garantías constitucionales para ejercer el derecho al voto. Junto con los derechos existen obligaciones que debemos poner en cabeza de la comunidad. Si bien es cierto hoy todos los colombianos mayores de 18 años tenemos el derecho votar, hay que hacer unas fuertes campañas de concientización para que los electores primero vayan a ejercer su derecho y segundo lo ejerzan a conciencia, no es ir a votar por el “papelito” para el día libre, sino que votar es un acto que debe revestirse de toda la mayor seriedad y formalidad.
Hay que dar las herramientas para que los electores puedan votar correctamente, reforzando el conocimiento de nuestras instituciones y de las funciones que ostentan los cargos que elegimos, cuales son las funciones del acalde, gobernador, diputado y hasta el presidente; resulta increíble que no tengamos claro para que elegimos a nuestro gobernantes y por ende nos dejamos llevar por percepciones sociales, morales y hasta económicas al momento de seleccionar a quienes van a dirigir local, regional y nacionalmente los destinos en nuestro territorio.
Una vez tengamos una población conocedora y competente para elegir, hay que fortalecer la cultura del voto programático, llevar este concepto a las calles y si educar a nuestros electores para que antes de tomas la decisión, revise quien tiene el programa más adecuado para atender las complejas problemáticas territoriales.
Así que la educación debe ser realmente un proceso de formación, formar electores con las habilidades necesarias para cercarse a las urnas y votar de manera informada, consciente y responsable.
Las teorías democráticas que nos facultan para hacer política y ejercer nuestros derechos civiles de elegir y ser elegidos, se fundamentan en que necesariamente a un pueblo se le deben generar las competencias para ejercer sus derechos.
Colombia se debe adentrar en estrategias multiniveles, donde queden claras las responsabilidades de todos, desde el ciudadano de “a pie”, que tiene el derecho pero también el deber de participar, la administración pública que debe ser garantista del ejercicio del derecho, no podemos cerrar los ojos frente a la realidad de seguridad pública que tal vez en Bogotá, o en las principales ciudades no constituye un flagelo tan marcado, pero en las regiones si lo es, no podemos hacernos los ciegos ante la realidad de sangre y fuego que esta época electoral despierta en muchas zonas del país, donde salir a votar es un mercado en el que la moneda es la propia vida, más de 300 líderes sociales asesinados este año, un año de elecciones, deben ser el dedo en llaga de la seguridad pública, pues no es coincidencia.
Nuestro ordenamiento jurídico, experto en normar y reglamentar todo, ha creado instancias e instituciones que ejercen el control y vigilancia del proceso electoral, ¿pero que tan asertivo es?, las “ias” que ejercen desde sus escritorios deben ir al territorio y entender las dinámicas sociales y políticas de cada región, no es lo mismo el clientelismo en Bogotá que en Córdoba, no es lo mismo el ejercicio del voto en una ciudad capital, que en los pueblos apartados. Es funciones del Estado entender a sus pobladores y para cada zona, región definir políticas y programas orientados a la protección, vigilancia y control de los procesos electorales.
Hay que terminar con una reflexión, si no tomamos las acciones que puedan dar un vuelco al proceso electoral, iniciando con nuestro propio compromiso de acudir informada y responsablemente a las urnas, exigiendo las garantías, denunciando los procesos que atenten contra la transparencia en las elecciones, nuestra situación no va a cambiar, seguirán los mismos gobernando y fortaleciendo su poder y riquezas, haciendo del ejercicio político una profesión para delincuentes y criminales y de la democracia el camino del crimen, alejándolo de la romántica visión de los antiguos griegos, donde la política era para miembros notables y la democracia el poder del pueblo.
