Los disturbios protagonizados durante las recientes movilizaciones estudiantiles, con el pretexto de reclamar recursos adicionales para las universidades públicas, dejaron varios interrogantes y conclusiones.
En primer lugar, exige por parte de la ciudadanía un conocimiento claro de lo que nos cuesta a todos los colombianos, entendiendo que todos tributamos directa o indirectamente, cada uno de los estudiantes de todas las universidades públicas.
Se dice que un estudiante de la Universidad Distrital cuesta en promedio 14 millones por semestre, mientras que uno de la Nacional está alrededor de los 18 millones o más, cifra superior al costo de matrícula de la universidad privada más cara del país.
Hace días el alcalde de Bucaramanga manifestó que resultaba incomprensible que la Universidad Industrial de Santander – UIS, con una asignación presupuestal de 25 millones de pesos por estudiante por semestre y con una relación de apenas 6 estudiantes por funcionario, entre docentes, empleados y contratistas, tuviera una carga burocrática tan enorme e ineficiente frente a la de cualquier universidad privada; y señalaba que el costo de una matrícula podía generar eficiencia con menos de la mitad de esa cifra, con docentes de calidad e importantes inversiones en infraestructura.
También es cierto que muchos rectores presionaron el aumento de recursos porque su intención era hacerse reelegir. Para ello, necesitaban hacer pulso por mayor presupuesto, para poder negociar con el consejo directivo y con los mismos profesores que buscan escalafonarse.
Todo un sistema enmermelado, parecido a las transacciones entre burocracia y presupuesto que se cuecen en otros espacios del Estado.
Sin embargo, estos rectores, ávidos de ser reelegidos, le dieron la excusa perfecta a los estudiantes, algunos válidamente preocupados, y a los agitadores profesionales que forman parte del círculo incendiario de los líderes anarquistas de la izquierda, para poner contra la pared al naciente gobierno y servir de plataforma electoral para las regionales en 2019 y las presidenciales en 2022.
Sabotear el gobierno de Iván Duque les ha quedado fácil, pues ésta administración cometió un grave error de comunicación al no contarle al país el lamentable estado de las finanzas públicas que recibió del gobierno anterior; además, de no haber auditado el balance general de las universidades públicas, para que la cifras nos muestren cuál es la verdad.
Si los estudiantes consideran que tienen derecho a protestar, más aún lo tienen los enfermos que están expuestos a morir por el pésimo servicio de salud, los ancianos que nunca pudieron cotizar a pensión y hoy a duras penas sobreviven con 120 mil pesos cada dos meses o los despojados por el Upac, que después de 20 años siguen esperando que el Estado colombiano les devuelva su vivienda, arrebatada por cuenta de los intereses hipotecarios excesivos.
Los estudiantes que hoy protestan son unos privilegiados en un país que no genera soluciones a la demanda de las clases populares por educación.
Deberíamos ser más audaces y brindar a los jóvenes sin recursos, el acceso a universidades privadas de costo promedio hasta de máximo de seis millones de pesos semestre, sin desarraigarlos de su región como lo hace erróneamente el programa Ser Pilo Paga y lograríamos, en menor tiempo y con menor inversión, la transformación educativa en dos generaciones.
Para terminar, preocupa que toda esta conjunción de sucesos desafortunados representan el combustible para la izquierda anárquica, que moviliza muchedumbres con afán de destruir y vulnerar derechos de otros invocando la jerarquía de los propios. Y todo esto con el propósito de allanar caminos para sus ambiciones a mediano plazo.
Bogotá, noviembre 12 de 2018
