La Subversión en Marcha


 

Por Jesús Vallejo Mejía.

Es posible que el celo anime la vehemencia de los comentarios de Fernando Londoño Hoyos sobre la marcha del actual gobierno. Pero, más allá de la forma, sobre la que caben distintas consideraciones, hay que admitir el fondo de verdad que en los mismos anida: hay en marcha un movimiento subversivo que pretende derrocar al presidente Duque.

La cabeza visible de ese movimiento es Gustavo Petro, quien desde que perdió las elecciones anunció que estimularía la resistencia popular contra el que lo derrotó en franca lid.

Petro no ha dejado de ser comunista ni ha superado su talante guerrillero. Es un personaje nefasto que no reconoce ni Dios ni Ley. La subversión es su estado de ánimo. Nadie como él ilustra sobre lo que podemos denominar la democracia tumultuaria, aquella que, en lugar de fundarse en la opinión bien informada y mejor concebida a través del esfuerzo racional de la ciudadanía, excita las bajas pasiones del populacho y promueve su ímpetu destructivo.

Es fácil advertir la expresión demoníaca de su rostro cuando anima a la turbamulta. Demoníaco es además el apoyo que le presta al colectivo LGTBI, en contra de la familia y de una sexualidad responsable. Lo suyo es la demolición de la moralidad, en aras de los postulados del marxismo cultural y específicamente de la revolución sexual que pretende instaurar el libertinaje. De ese modo, elimina los frenos morales que protegen el orden de las comunidades y garantizan el ejercicio sosegado de los derechos.

¿A qué fue Petro a Cuba hace poco? Sin duda alguna, a recibir instrucciones y recabar el apoyo de la dictadura comunista que en ese país impera. Y si en estos días anda de pelea con la dictadura venezolana, es para desorientar al público colombiano, del mismo modo que lo hicieron Santos y Chávez con ocasión del debate presidencial de 2010.

No hay que olvidar que el Plan Estratégico de las Farc para la Toma del Poder en Colombia contemplaba una fase final, la de la insurrección popular. Las circunstancias han obligado a modificar el modus operandi del proceso revolucionario que se tenía previsto, pero el mismo sigue vigente, apoyado en la armazón jurídico-política del NAF, que estimula la movilización y la protesta populares, dejando en la práctica inermes a las autoridades para controlar sus desmanes, y en el tamaño de la votación que obtuvo Petro en las pasadas elecciones, que hace pensar a los extremistas que las condiciones están dadas para desquiciar el gobierno del presidente Duque.

Es indiscutible que la gobernabilidad de este es muy precaria, dado que no cuenta con un sólido respaldo de parte de la opinión pública y carece de medios eficaces para imponer el respeto al poder legítimo con que fue investido por el pueblo colombiano.

Para comenzar, tal como lo anuncié desde un principio, el régimen constitucional vigente desarticuló de tal modo la estructura de la autoridad que no es exagerado afirmar que contiene elementos capaces de hacer ingobernable a Colombia. De hecho, es un criadero de monstruos institucionales que se devoran o estorban unos a otros, en lugar de aplicarse a la colaboración armónica para hacer efectivos los fines del Estado.

Como la Constitución se concibió en contra del Congreso y el régimen presidencial, su desarrollo ha redundado en pro de la dictadura judicial, encabezada por la Corte Constitucional, que guarda en su bolsillo las llaves de la adecuación de nuestra normatividad a las necesidades cambiantes y apremiantes de la sociedad, con su arbitraria tesis de que ella es garante de unos “principios basilares” de la Constitución que inventa y acomoda a su amaño.

La Corte Constitucional hizo inoperante el Estado de Conmoción Interior, que los gobiernos ya no decretan porque ipso facto convierte a aquella en protagonista principal de la función de conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Si la Corte queda bajo el control de una mayoría proclive a la subversión, como ocurrió hace algún tiempo y quizás suceda hoy, la autoridad ya no podrá aplicarse a su cometido básico, que es garantizar el cabal funcionamiento de las instituciones y la protección de la seguridad de las comunidades.

En Colombia ha dejado de regir el Estado de Derecho. Ni el Presidente ni el Congreso saben a ciencia cierta cuáles son sus poderes, porque la dictadura judicial los amplía o restringe como le da la gana, a sabiendas de que sus disposiciones están libres de todo control. Y si el Congreso se atreve a reformar la Constitución para imponerle responsabilidades, con toda desfachatez invoca la separación de poderes para impedírselo, tal como sucedió con el Acto Legislativo No. 2 de 2015.

Quien lea cuidadosamente el NAF podrá percatarse de que ese esperpento supraconstitucional convierte a la fuerza pública en pobre espectadora de las manifestaciones de la democracia tumultuaria que se apoya en la movilización y la protesta populares. Ahí se dice que debe abstenerse de actuar incluso frente a los disturbios. Y si decide hacerlo para proteger el espacio público, la seguridad ciudadana, la propiedad privada y los demás bienes jurídicos amparados por el Código Nacional de Policía y Convivencia o el Código Penal, ahí estará esperándola la dictadura judicial que decide ad libitum sobre la proporcionalidad del ejercicio de la fuerza y se halla presta a ensañarse contra los agentes del orden que intenten cumplir con su deber.

La consigna en Colombia es desmantelar la autoridad en favor del libertinaje de la muchedumbre. Los promotores del desorden son conscientes de ello. Y obran en consecuencia. Lanzan primero a los estudiantes a las calles. Continúan con los trabajadores y con sectores sensibles de la sociedad, como los transportadores o los maestros. Seguirán con los campesinos y así sucesivamente, con la consigna de hacer invivible la república, hasta que los responsables de las fuerzas armadas tengan que decirle al Presidente: somos incapaces de asegurar el orden constitucional.

¿Qué hará él en ese momento?

Decimos lo que otros callan
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