Narcotráfico, Primer Acuerdo sobre lo Fundamental

Rafael Nieto Loaiza
Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza.

El presidente Duque propuso un gran acuerdo sobre el narcotráfico como el primer asunto en que debería conseguirse el mayor consenso nacional posible. Invitó a Palacio a los jefes de las principales colectividades políticas, excepto a los de la oposición. No le falta razón para haberlos excluido: la oposición trabaja de manera sistemática para que siga vigente la prohibición de fumigar narcocultivos con glifosato y para hacer inocua la extradición. Su interés en este asunto es directamente el contrario al del gobierno nacional y, por tanto, es imposible un acuerdo. Lo preocupante es que el esfuerzo con los demás partidos haya sido infructuoso.

El narcotráfico es, sigue siendo, el más grave y peligroso de los problemas que sufrimos. Nunca hemos tenido más narcocultivos que ahora (209.000 hectáreas a 31 de diciembre de 2017) y nunca ha sido tan alta la producción de cocaína, 1.379 toneladas para ese año, según el Simci. Las cifras no pudieron sino haber aumentado, y mucho, para fines de 2018, porque no ha mejorado ninguna de las variables que han contribuido al crecimiento acelerado de cultivos y productividad.

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En efecto, los narcocultivos siguen expandiéndose porque a) sigue prohibido el uso del glifosato, b) no hay sustituto actual para ese herbicida, c) la erradicación manual es mucho más lenta, costosa y peligrosa (126 muertos y 664 gravemente lesionados en la última década, con aumento sustantivo en el 2018), d) el conflicto armado sigue vivo, los frentes de las Farc más directamente involucrados con el narcotráfico nunca se desmovilizaron, el Eln se volcó al negocio tras el acuerdo con las Farc y los carteles siguen siendo poderosos, e) al menos un sector de la comandancia de las Farc (Márquez, Santrich, el Paisa, Romaña), aunque formalmente desmovilizado, siguió involucrado en el negocio, y el número de reincidentes está creciendo (2.000 para diciembre de 2018, según el Min Defensa), f) la política de sustitución de cultivos fracasó. El PNIS fijó una meta de 50.000 hectáreas en un año, a partir de mayo de 2017. 20 meses después solo dicen haber sustituido 23.393. Nariño, Putumayo y Norte de Santander, donde el programa debería haberse concentrado, acumulan cerca del  60% de narcocultivos, g) a los líderes sociales verdaderamente comprometidos en el programa los asesinan, 40 hasta noviembre de 2018, y los homicidios en 52 municipios de sustitución crecieron un 30% en ese año, h) se mantiene la demanda externa y está aumentando la interna. Entre 2013 y 2017 el consumo de coca se duplicó en Colombia, un 17% de la población ha consumido y el 69% de quienes lo hacen se convierten en consumidores habituales o adictos, i) el mensaje cultural sigue siendo, como mínimo, ambiguo, entre otras razones por la sentencia sobre dosis personal y la ausencia de campañas masivas de prevención del consumo, j) el aumento del precio del dólar incentiva la exportación de coca y genera muchos mayores ingresos a los productores.

Finalmente, k) el Estado no ha logrado estructurar una política integral contra el narcotráfico y, no es menos importante, l) se mantienen todos los incentivos perversos al narcotráfico que se establecieron en el acuerdo con las Farc. En efecto, la estrategia debería atacar todos los componentes de la cadena de producción, no solo los narcocultivos; recuperar la erradicación forzada y la fumigación aérea con glifosato; rediseñar las políticas de sustitución de cultivos y reemplazar los subsidios directos a cultivadores por intervenciones estructurales que favorezcan la productividad general de la región; diseñar y ejecutar acciones dirigidas a debilitar las finanzas de los grupos vinculados al narco; fortalecer los mecanismos de cooperación judicial internacional y la extradición; empoderar y fortalecer de nuevo la Fuerza Pública; asegurar el control estatal de las áreas y la respuesta coordinada para la provisión de bienes y servicios, desde justicia hasta infraestructura y educación; formular una política integral de salud pública contra la drogadicción; y desmontar los incentivos perversos del acuerdo con las Farc.

No sobra resaltar que la lucha no está perdida. Durante Uribe los narcocultivos bajaron más de un 60%, a 63 mil hectáreas, y la producción de coca cayó de 680 toneladas a 290. Pero lo ganado entonces no solo se revirtió sino que se triplicó, con inflexión en el 2014, cuando Santos complació a las Farc y suspendió la fumigación y, unos meses después, toda la erradicación forzada. Desde entonces ha venido el desastre. Como consecuencia, la curva que traíamos de descenso de homicidios se frenó: el año pasado hubo 392 asesinatos, un 3.25% más que en el 2017. Según la Fiscalía, el 55% de los crímenes ocurridos en el 2018 estuvieron asociados “a disputas entre estructuras criminales”, la mayoría vinculada de una u otra forma al narcotráfico y al control de los territorios en zonas de desmovilización.

Por ausencia de espacio, esta breve mirada no ha abarcado las otras graves consecuencias del narcotráfico sobre el medioambiente, la economía o la ética pública y la corrupción. Pero no hay duda de que vamos hacia el abismo. Nos estamos jugando el futuro. ¿No es acaso la hora de la grandeza y de, al menos, un primer acuerdo sobre lo fundamental?

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