¿Nos gobiernan Ignorantes?

Por Fernando Orjuela Galeano.

Los requisitos para ser Presidente de Colombia, Congresista, Gobernador, Diputado, Alcalde, Concejal o Edil son prácticamente los mismos. Se tiene que ser únicamente colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de edad y para el caso de presidente y congresista es necesario ser mayor de treinta años. Para los alcaldes hay un requisito adicional y es que se requiere ser residente en el respectivo municipio o área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época. Para diputado se requiere adicionalmente no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos. Curiosamente para ser elegido Edil se requiere más experiencia que para los otros puestos de elección popular porque se exige haber desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la misma localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de elección o de nombramiento. Nada más es necesario para postularse y ser elegido en estos puestos de elección popular. Ningún requisito adicional de formación educativa o de experiencia profesional es necesario.

Si bien estos requisitos son muy democráticos y le permiten a cualquier colombiano poder acceder a estos puestos de elección popular sin mayor exigencia que la de ser colombiano de nacimiento, es importante entender y señalar que para el manejo publico idóneo, eficiente y eficaz, se requieren amplios y especializados conocimientos en las áreas financiera, económica, urbanística, contable, jurídica, legislativa, social y de contratación, entre otras, que no se están teniendo en cuenta y exigiendo en estos momentos. Los actuales requerimientos han dejado y continúan dejando la posibilidad abierta para que las grandes responsabilidades de la función pública, sean ejecutadas por personas sin la debida experiencia y conocimiento, así de claro y así de sencillo. Esta problemática sin duda le ha hecho al país históricamente un gran daño que ha sido el origen entre otros males de la creciente y desbordada corrupción en la que se han especializado incluso con doctorado, muchos por no decir la gran mayoría de los funcionarios elegidos popularmente.

Colombia ya tiene más de 50 millones de habitantes ubicados en asentamientos rurales y urbanos en más de 1.123 municipios mayoritariamente, todos demandantes de infraestructura de servicios públicos, saneamiento básico, equipamiento comunal en las áreas de seguridad, salud, educación, cultura, recreación, deporte, áreas verdes, vías, transporte y otros, que implican una adecuada planeación urbana y económica en los municipios para poder mantener, construir y proyectar soluciones sostenibles y eficientes en todas las áreas, capaces de satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Esta gran responsabilidad implica necesariamente una reforma política que exija grado de profesionalización para poder ejercer la función pública, como garantía para que nuestros municipios tengan proyección y desarrollo. Muchos tildaran esta propuesta como de excluyente y discriminatoria, pero es necesaria, básicamente porque el desarrollo tiene que estar directa y estrechamente relacionado con el grado de educación y porque gobernar implica además de conocimiento en la función pública, especialización y profesionalismo para la ejecución. Para nada es malo que se exija nivel educativo superior y profesional para ejercer la función pública. Adicionalmente el grado de profesionalización, especialización y de conocimiento para ejercer la función pública, debería estar directamente relacionada y proporcional a la cantidad de habitantes y a la dimensión en área que tenga el municipio.

Mientras esta reforma política se pueda tramitar, también debería ser responsabilidad de los partidos políticos la exigencia de la profesionalización de sus integrantes para poder ejercer cargos de elección popular.

No sé si resulta iluso pensarlo, pero este tipo de reformas políticas tan necesarias, deberían ser aprobadas al unísono por todas las colectividades políticas representadas en el Congreso de Colombia, si lo que se quiere en el fondo es que en el país las cosas se hagan de manera correcta, sobre todo en las zonas apartadas del territorio nacional a donde no hay presencia del estado.