Todos mienten sobre el verdadero alcance del acuerdo especial de paz


 
Las propuestas, por grandes e importantes que sean, se pueden perder por la falta a la verdad cuando se le comunican a los ciudadanos; así mismo, las tesis que las controvierten.
 
Ni el gobierno nacional ni la oposición le han dicho la verdad al país, como sí lo hice en reciente artículo en El Espectador titulado “las cartas para la paz que no tuvieron respuesta, pero que hoy tienen eco”, en el que hago referencia a dos cartas, una enviada al Presidente Santos – 29 de agosto de 2013 – y otra al Fiscal General de la Nación – 2014 – sobre el verdadero alcance del acuerdo especial de paz anunciado por los negociadores de La Habana.
 
Si bien el tema adquiere importancia por el blindaje que se le da a los acuerdos definitivos que ponen fin al conflicto armado en Colombia, incorporándose como norma de rango constitucional dentro del bloque de constitucionalidad, adquiriendo seguridad jurídica en el tiempo y frente a políticas adversas a la paz, como también la protección a la vida de los miembros de las FARC que se incorporan a la vida civil para que no les suceda lo que le ocurrió a la UP, grupo que fue exterminado, el punto neurálgico consiste en que con ese concepto de acuerdo especial avalado por el Consejo de Seguridad de la ONU, se abre la puerta de la suspensión de los procesos penales por delitos de lesa humanidad cometidos por los miembros de esa guerrilla que cursan o pudieran cursar ante la Corte Penal Internacional.
 
Y como consecuencia de esa decisión, las puertas del Congreso de la República se abrirán inmediatamente a las FARC para permitirles su participación en política.
 
Recordando el contenido de las cartas para la paz, éstas se remitían a que de conformidad con el artículo 16 del Estatuto de Roma, la investigación o el enjuiciamiento por concepto de delitos de lesa humanidad o de guerra a los miembros de las FARC, puede suspenderse por un plazo de 12 meses cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se lo solicita mediante resolución dirigida a la Corte Penal Internacional.
 
Por eso no entiendo, por qué la oposición tampoco le habla claro al país. Se refieren a la resistencia civil que ataca el proceso desde las bases ciudadanas ante el plebiscito, lo que en mi concepto podría revertirse y terminar en una refrendación mayoritaria por parte del pueblo que ve a Uribe como un palo en la rueda de los asuntos de Santos por su animadversión personal, y no al opositor reflexivo y sosegado que pudiera estar dando luces para que la impunidad no sea el sello del acuerdo definitivo.
 
Ahí es donde juega un papel preponderante el concepto de los constitucionalistas que piensan en el país desprendiéndose de los intereses partidistas, y a cambio de coadyuvar la rebelión contra el Estado constitucional, den ideas para que el acuerdo definitivo no se salga de la legalidad y obtenga al final del camino la legitimidad requerida para dar el primer paso hacia la paz.
 
Porque de lo contrario, la guerra se trasladará al plano político, con unos actores que radicalizarán más el conflicto, ya no desde la selva, sino desde el propio Congreso y la institucionalidad.

Por Germán Calderón España
Abogado Constitucionalista

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