Un Monumental Saldo en Rojo

Se ha cumplido el pasado 24 de noviembre cuatro años de la firma del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que se efectuara en el emblemático Teatro Colón de Bogotá, y que en su momento se suscribió con pompa y alegría por el entonces Presidente Juan Manuel Santos y el comandante del grupo subversivo Farc Rodrigo Londoño, y la inmediata conclusión que se impone, es que no se dio la terminación del conflicto, pues las disidencias de las Farc no le suscribieron y siguieron en armas contra la República y ni se diga de la construcción de una Paz estable y duradera que tampoco se dio y por el contrario, arreció una mayor violencia y derramamiento de sangre.

Por siempre en ese balance que se efectúa sobresale la notoria forma como se desconoció la voluntad soberana del pueblo. Contrario a lo que se esperaba, el plebiscito del 2 de octubre de 2016 negó mayoritariamente el Acuerdo que no ha debido suscribirse. Pero en forma maquiavélica y a través de una respuesta a la propuesta del Pacto Nacional que presentaron los principales y destacados patrocinadores del NO, liderados por el entonces expresidente Alvaro Uribe Vélez, el Primer Mandatario Juan Manuel Santos tejió una telaraña infernal, no aceptó los puntos del pacto propuesto, y por el contrario les engañó hasta llevar a una cuestionable aprobación del Congreso en esas leyes de trámite rápido y desconociendo la primacía de la Constitución Política. Desafortunadamente, no estuvo a la altura del crucial momento la Corte Constitucional de quien se esperaba una decisión jurídica, pero primó una política y le impartió su bendición y beneplácito blindándole de controvertible legalidad y constitucionalidad que hoy, en todo momento es invocada cuando se llega a cuestionar la mentada y ausente Paz.

El nuevo movimiento político FARC, en cada oportunidad señala al gobierno como primer responsable de haber incumplido, cuando son enormes los esfuerzos del Gobierno Duque por implementar el acuerdo y si algo es demostrable en el balance es que si puede indicarse que ha tenido voluntad y decisión en cumplir en todos los frentes que le pactó el gobierno anterior como lo registraron los comisionados Emilio José Archila y Miguel Antonio Ceballos lo que no se puede decir del nuevo movimiento FARC que ni siquiera su nombre cambió para contribuir a la Paz.

Se aplaudió en su momento como gran logro la entrega de armas, secreta por supuesto, sin mayor supervisión ni revisión, y hoy en el lapso transcurrido queda claro que no entregaron la totalidad de las armas y dejaron guardadas para las disidencias seguramente las mejores. La entrega de bienes se ha cumplido en nimia proporción y cada vez se les prorroga el plazo para que cumplan. En medio de sus estruendosas mentiras, el guerrillero alias Romaña se las destapa y deja conocer toda la existencia de cuentas en el exterior, en Turquía y Grecia, oro en su poder que el principal beneficiario de ello, el senador confeso de asesino Julián Gallo, sólo atinó a decir en su defensa que la carta era apócrifa, mamola como dijera otrora Horacio Serpa.

En diciembre, si no lo hacen la entrega definitiva de bienes, como es seguro se anticipa va ocurrir, quedarán por completo incumplidos y confiemos que no se les vaya alargar nuevamente el plazo, sino que se documente el incumplimiento, y por supuesto se determine y compruebe el ocultamiento de los bienes.

El mayor saldo en rojo de este lamentable balance es sin lugar a dudas la completa ausencia de verdad y desde luego de justicia que en los ya tres años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sólo hasta la fecha, es de una total impunidad. Las víctimas que han debido ser por completo las que primaran más bien al parecer siguen siendo revictimizadas como ocurrió con el tratamiento de error al delito de reclutamiento de menores denunciado.

De los siete macro casos aperturados, no se ha proferido sentencia alguna y ahora en procura de proteger a varios de los integrantes de la entonces subversión, en una actuación controvertible que le antecede también una entrega de aparente verdad, se erigen cual escudo protector y armadura a tratar de impedir que la justicia ordinaria cumpla la labor de investigar y acusar a los presuntos responsables del magnicidio del Doctor Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.).

Por supuesto, desde el pacto de la Paz se omitió gravemente delimitar hasta donde era y es la competencia de la JEP y la propia de la Justicia Ordinaria. Se dio posesión a unos magistrados sin siquiera tener organizadas las salas en las que se iba a trabajar que hizo que devengaran gran asignación y nulo o escaso trabajo por meses sin resultados, ya que sin marco normativo y reglamentario no era viable o posible funcionar. De no olvidar la actuación prevaricadora de los magistrados Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck Puyana y Adolfo Murillo Granados, integrantes de la Sala de Revisión oportunamente denunciados, que de hecho si le concedieron la garantía de no extradición del narcotraficante alias Jesús Santrich, con el lamentable hecho de su burlesca fuga.

Pero el epílogo de este deplorable balance lo incrementa en su saldo teñido en completo rojo dos hechos inimaginables y sin precedentes en nuestros anales de la historia. El primero de ellos es la actuación de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP, quien el pasado 25 de noviembre hizo concurrir en diligencia inadmisible, que no encaja en la misión y trabajo de la JEP, al alto gobierno, citando a unos ministros y consejeros y al propio Fiscal General de la Nación para ocuparse de las medidas de protección para los escasos excombatientes de las Farc que aún quedan en el proceso, que se recuerda de cerca de trece mil quinientos guerrilleros desmovilizados apenas quedan unos tres mil. ¿Con qué fundamento después del marco de acción establecido en claros actos legislativos para funcionar la justicia transicional de la jurisdicción especial se auto habilita este tribunal para hacer esa clase de citaciones?

El segundo si es para enmarcar en los absurdos más evidentes que nadie alcanzase imaginar que ocurriera, como ha sido el largo debate de control político cumplido al interior del Congreso convocado por el senador cabeza de la oposición Gustavo Petro, en los que no se hizo esperar la intervención del senador Iván Cepeda y de uno de los nuevos mejores amigos que han hecho como es el senador Roy Barreras, que todos al unísono como en fuente ovejuna llegaron a absurda conclusión que todo fue un montaje de la DEA para incriminar al angelito Seuxis Hernández Solarte más conocido con su alias, propio de bandidos y hampones, de Jesús Santrich con el narcotráfico y con clara finalidad afectar el proceso de paz, dejando saber que en imaginario e inexistente complot, había participado el exfiscal Néstor Humberto Martínez de quien se anticipó, sería denunciado por el delito de traición a la patria.

Quien lo creyera, el pésimo debate fue presidido por la compañera otrora de Tirofijo Griselda Lobo Ramírez más conocida como Sandra Ramírez que demuestra que el famoso recinto congregacional, del que los anales de la historia registran intervenciones magistrales de Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez Castro, Gilberto Álzate Avendaño, Darío Echandía, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Álvaro Gómez Hurtado entre otros destacados políticos, llegó a unos niveles insospechados en el trasegar republicano, como fuera que unos cuestionados citantes, se convirtieron de buenas a primeras en defensores de oficio de un narco terrorista alzado en armas contra el país alias el no ciego Jesús Santrich. Vergüenza se siente y arde la sangre al presenciar tamaño ignominia.

Por fortuna, el exfical general de la Nación Dr. Néstor Humberto Martínez en intervención puntual le demostró y probó con lujo y conocimiento que la DEA y el Gobierno de los Estados Unidos no hacen entrampamiento sino por el contrario demostró que el delincuente de marras delinquió después de acogerse al acuerdo y prueba adicional de ello está también su fuga y alzamiento en armas.