El concurso de méritos amañado en la Supersociedades


 

El Sindicato de la Superintendencia denuncia que se avecina una “masacre laboral” en la institución estatal.

Llama la atención que la Superintendencia de Sociedades, una de las entidades del Estado que se ha caracterizado por su nivel de transparencia, se encuentre hoy en la incertidumbre y cuestionada por un concurso de méritos que lleva a cabo para proveer  269 empleos vacantes pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa.

El citado concurso es denunciado por los propios funcionarios de la institución oficial, al considerarlo lleno de errores o irregularidades y amañado para favorecer a algunos empleados.

La Supersociedades es un organismo técnico del orden nacional que para el ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro de su personal, se sujeta a un sistema específico de carrera administrativa, lo cual fue ratificado en el Decreto 775 de 2005.

En el año 2012 la Superintendencia fue objeto de una reorganización de su planta de personal mediante el Decreto 1023 del 18 de mayo de 2012, modificando su estructura interna, en esta se señaló que “la planta de personal de la entidad sería global”. Esto es, que el Superintendente puede mover y ubicar al personal de acuerdo a las necesidades del servicio y no atado a los puestos de trabajo, para  atender los planes y programas trazados por la entidad, según lo indicado en el Decreto 2772 de 2005, vigente para el momento.

Esa reorganización administrativa estuvo a cargo de Superintendente de turno Luis Guillermo Vélez Cabrera,  hoy Secretario General de la Presidencia de la República.  En dichos ajustes se pasó de tener dos delegaturas como  son las de Procedimientos Mercantiles y la de Inspección, Vigilancia y Control,  a cuatro, incluyendo las delegaturas nuevas de Insolvencia y de Asuntos Económicos y Contables, y se nombraron 20 asesores de despacho, quienes ejercen funciones de coordinadores en algunos casos por no tener trabajos que desempeñar (muchas veces los ponen como sustanciadores), ganando el mínimo $5.732.849 y el máximo $7.815.583, que en la entidad se incrementa en un 65%. Es decir que un asesor de la Superintendencia de Sociedades está devengando la envidiable suma de $12.895.711.

Adicionalmente Vélez nombró dos directores para la delegatura de Inspección, Vigilancia y Control.  Lo que implicó una burocratización de la planta de personal de la entidad, avalada por la propia Función Pública.

Todas estas movidas, aunque legales, son poco recomendables y gestaron la conformación, por primera vez en sus más de 75 años de historia, del primer Sindicato en la Superintendencia de Sociedades.

El personal de la entidad ya venía registrando brotes de inconformidad. Manifestaban que una institución que se había caracterizado por su condición técnica, ahora estaba llegando a los extremos de la politiquería. Con la salida de Vélez, llegó Francisco Reyes Villamizar, una de las mayores autoridades en el derecho societario, académico y con amplia trayectoria en litigios comerciales, pero lo que no esperaban los funcionarios es que este convertiría a la entidad en una continuación de la anterior administración. Eso sucedió al nombrar como su Secretaria General a Ligia Stella Rodríguez Hernández, quien  se desempeñó en la Superintendencia de Industria y Comercio como mano derecha de José Miguel De La Calle, hijo de Humberto De La Calle, el jefe negociador del Gobierno  con las Farc, en La Habana.

El Superintendente Francisco Reyes

 

Contrato de más de 4 mil millones para reubicar al personal

El proceso de vinculación laboral en la Súper siguió su marcha y para ello la entidad contrató a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que expidió la Resolución No. 1722 del 26 de agosto de 2014, en la cual se establece que el valor de los costos de esa Convocatoria Pública 329 del 2015  para proveer en ese momento 248 vacantes en la Supersociedades era de $4.672.274.014, cifra de por sí ya escandalosa, si se tiene en cuenta que el monto final de la misma supera cuatro y cinco veces más que lo apropiado en otras convocatorias realizadas por la misma Comisión, en la que el número de empleos es superior.

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Para citar un ejemplo, la convocatoria del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para proveer 944 empleos tuvo un costo de $3.138.017.379.oo (Ver abajo la Resolución 2594 de diciembre 26 de 2013).  Estos hechos fueron denunciados por el Sindicato ASESS a la Procuraduría General de la Nación con el radicado No. 83476-2015 y a la oficina de Transparencia de la Presidencia de la República con el número Ext15-00008617. Sin embargo, ninguna de las dos entidades anticorrupción ha tomado cartas en el asunto.

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La Comisión del Servicio Civil, a su vez, contrató a la Universidad de la Sábana para que les hiciera las pruebas los aspirantes y toda la logística para tal fin como preparar la diferentes locaciones. El  concurso de la Supersociedades comenzó en junio de 2015 y van tres etapas.

Recordemos que para hacer esta convocatoria las directivas de la Súper, primero con Vélez y luego con Reyes, previamente cambiaron el manual de funciones de la entidad, ajustándolo a una planta específica, en contravención del Decreto 1023 de 2012, lo cual también fue demandado ante el Consejo  de Estado  por el mencionado Sindicato, sin embargo el alto tribunal de justicia no se ha pronunciado.

El concurso es abierto y en este se puede presentar cualquier persona, pero los mayores participantes son funcionarios de Supersociedades que buscan ascender a otros cargos o mantenerse en los puestos actuales, porque muchos están nombrados provisionalmente y llevan hasta 18 años en esos cargos. Otros, tienen su cargo propio pero los han encargados en un puesto más alto y quieren quedarse allí.

Malestar generalizado

Las inconformidades vienen no solo desde el momento de estructuración del concurso, sino que a lo largo del mismo se han venido evidenciando hechos sumamente preocupantes, desde la misma etapa de inscripción, con relación a los listados de admitidos e inadmitidos, en cuya fase se excluyeron funcionarios que acreditaron los requisitos exigidos.

Participaron quienes hicieron las preguntas del concurso

Según versiones de la Universidad de la Sabana, corroboradas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, los ejes temáticos bases para el banco de preguntas de la convocatoria fueron elaborados por los propios coordinadores de la Supersociedades, quienes adicionalmente participaron en el concurso, de manera que mucho antes de que se hicieran dichas preguntas oficialmente en las pruebas, estos ya conocían los temas de estudio, no obstante todos participaron en el irregular concurso y en su gran mayoría tuvieron puntajes por encima de los 95 puntos, incurriendo en conflicto de interés.

Advertencia sobre convocatoria irregular en Fiscalía

Todo esto sucedió a pesar de las advertencias del Superintendente Reyes a la Sabana en las cuales le afirma que los medios de comunicación revelaron irregularidades en la convocatoria que realizó esta universidad en la Fiscalía General de la Nación, y por eso no quiere que en la Súper ocurra lo mismo… no obstante pasó lo mismo y hasta peor.

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El concurso se divide en dos partes. La primera era una pruebas de conocimientos básicos y funcionales. La segunda, un examen de conocimientos comportamentales para medir cómo es la calidad, la forma de actuar y el comportamiento del funcionario en el desarrollo de sus funciones.

Pruebas a economistas con preguntas para abogados

La prueba de conocimientos básicos y funcionales ha sido una de las más cuestionadas, al igual que los resultados de la misma. Se presentaron casos tan aberrantes como evaluar a Profesionales Contadores, Economistas y  Administradores de empresa como si fueran altos juristas o abogados, con pruebas evaluativas exclusivamente para profesionales de las citadas disciplinas de las leyes y, aún así, algunos funcionarios aparecen con un 80% de conocimientos jurídicos, sin que en dicha prueba se incluya a profesionales del derecho.

De 86 preguntas sobre temas específicos relacionados con el empleo, en este caso para aspirantes de las áreas económicas, 63  eran preguntas jurídicas. Solo 7 preguntas correspondían directamente a la profesión contable, 10 de temas financieros de deuda pública, temática no relacionada con la funcionalidad de la institución y 6 de otros temas, situación que va contravía de la funcionalidad del empleo ofertado. Se incluyeron además para estos citados profesionales temas de práctica forense y de conocimientos avanzados en materia de matemáticas financieras, que no son aplicables en la entidad.

Hubo casos de pruebas de conocimientos básicos y funcionales en donde el cuestionario de un aspirante al grado mínimo del nivel profesional 2044-7, es igual al cuestionario de un aspirante al máximo grado especializado (el más entre los profesionales) que es el 2028-20.

Coordinadores con puntaje de 100 sobre 100

Sorprende que en la cuestionada convocatoria cuando se conocieron  los resultados de la prueba básica y funcional, se observa que quienes elaboraron los ejes temáticos y el cuestionario que fue entregado a la Universidad de la Sabana, realizadora del concurso, en este caso los Coordinadores de Grupos, ellos obtienen puntajes tan sorprendentes de 100 sobre 100. Además los funcionarios que dependen exclusivamente de la poderosa Secretaria General de Supersociedades, Ligia Stella Rodríguez, quien tuvo a su cargo la dirección del proceso, también obtuvieron calificación de 100 sobre 100, lo que denota poca transparencia y un evidente conflicto de interés. Así como una clara violación al principio de igualdad y el debido proceso.

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Ligia Stella Rodríguez

Se notaba la preocupación en el rostro de los funcionarios de la Súper sin poder, ni cercanos al jefe Reyes o a su influyente secretaria Rodríguez, quienes con el paso de cada etapa del concurso de méritos vieron frustradas sus aspiraciones, mucho más cuando instituciones como la Comisión Nacional del Servicio Civil, pareciera que más que propender por el acceso transparente a la carrera administrativa, fuera un aliado incondicional de las directivas de las instituciones y no de los ciudadanos, tal como se demuestra con las respuestas a las reclamaciones de los aspirantes a los empleos.

Las duras respuestas a los reclamantes

Las respuestas a las reclamaciones de los participantes en el concurso, sorprendieron aún más, puesto que la Universidad de la Sabana desechó todos los argumentos de los empleados evaluados y en las que por alguna razón les daba credibilidad a los reclamantes, nunca modificó su calificación, indicando que era una mera inquietud que no se tomaría en consideración y por tanto ni sumaba ni restaba. Solo en un caso se aceptó la queja y se arregló dicha calificación, pero a quienes presentaron reclamaciones iguales, no se les tuvo en cuenta ni un solo punto de lo reclamado, ni se les concedió el beneficio.

Pruebas como si fueran para el Cuerpo de Bomberos

Hubo pruebas comportamentales que no estaban direccionadas a cargos y funciones propias de la Superintendencia de Sociedades, sino a la DIAN (importaciones y exportaciones), Proexport, Turismo y hasta el Cuerpo de Bomberos de Bogotá,  en las cuales se evidenció nuevamente el direccionamiento para que algunos de los funcionarios, que no son de agrado de la administración perdieran.

Adicionalmente y durante el desarrollo del proceso de concurso de méritos, cualquier empleo vacante en la entidad, por diversas causas, fue provisto de inmediato por el Superintendente con personal externo a la Súper, vulnerando los derechos de los empleados de carrera administrativa. Por ejemplo, en la semana del 15 al 18 de noviembre de 2016 ingresaron cuatro personas, que sin manejar los temas propios de la entidad, llegaron a ocupar cargos altos de profesional.

Lo que está en peligro son los derechos de carrera (ratificarse en el cargo y ascender en el empleo) y la estabilidad laboral de más de 200 funcionarios, quienes en algunos casos tienen una vinculación provisional de más de 18 años en la Superintendencia y la única posibilidad de mejoramiento laboral  de esos empleados es la vía de ingreso o ascenso por el citado concurso, debido a que la nominación por mérito hace rato dejó de ser una política en la Superintendencia de Sociedades.

Nepotismo y hasta recomendados de parapolíticos

El Presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Superintendencia de Sociedades (ASESS), Giovanny Murillo, advierte que en las últimas dos administraciones solo han primado  las recomendaciones para contratar a la gente en la institución, incluso de parapolíticos (congresistas vinculados con los paramilitares) y el nepotismo. “Lo cual encuba uno de los mayores despidos masivos de un sector de los empleados de la entidad”, sostiene el funcionario.

Ante esto, Murillo dice que detrás del concurso de méritos de la Súper existen intereses burocráticos que pueden venir desde la Presidencia de la República, a través de la Secretaría General, en cabeza de Luis Guillermo Vélez, y sus pupilos Juan Pablo Marín Echeverri, ex Secretario General de la Superintendencia, y Fridcy Alexandra Faura, quienes nombraron a muchos de los funcionarios que concursaron en la convocatoria y buscan su protección en la entidad.

Por todo lo anterior, algunos trabajadores presagian una masacre laboral en la Supersociedades.

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