Unas auditorías descubrieron que hay algo podrido en Cardique, que dirige Olaf Puello, pupilo del Innombrable, un personaje de gran poder en la zona. Contratos de miles de millones que no fueron realizados. Contraloría le pide a Fiscalía y Procuraduría tomar cartas en ese detrimento patrimonial. La prensa local calla.
La Contraloría General de la República (CGR), después de practicarle dos auditorías durante 2017 a la Coporación Autonóma del Canal del Dique—Cardique—, detectó 16 hallazgos fiscales, 23 hallazgos disciplinarios y 7 hallazgos penales con un presunto detrimento patrimonial de $23.467 millones en la sola contratación de la relimpia, ya que varias empresas fantasmas —bajo la modalidad denominada carrusel de la contratación— no ejecutaron los contratos, y la cifra podría llegar a más de $144 mil millones en los últimos seis años.
Todo el mundo lo comentaba pasito en Cartagena y el norte de Bolívar, Cardique y el EPA fueron desangrados con el mismo modus operandi que ahora pone al descubierto la CGR. En este carrusel de la contratación pueden encontrarse hallazgos de tipo penal y disciplinarios, por los cuales podrían ir a la cárcel no solo el gerente Olaf Puello Castillo, quien responde a las órdenes del Innombrable, un personaje con mucho poder en la zona, sino también sus asesores jurídicos, los responsables administrativos, los representantes legales de las empresas fantasmas y los autores intelectuales de este concierto para delinquir.
Por esa razón, la CGR invitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la República para que inicien sus respectivos procesos penales y disciplinarios contra los implicados. Este es el Comunicado oficial de la Contraloría.
¿Por qué ninguna de las instituciones no se habían atrevido meter sus narices en Cardique para detectar su fetidez? ¿Por qué los medios de prensa se han autocensurado para descubrir lo que todo el mundo comenta en Cartagena y el norte de Bolívar?
De acuerdo los informes de auditoria de la Contraloría, se encontraron 23 hallazgos disciplinarios y 7 hallazgos con incidencia penal, entre los cuales se encuentran contratos sin el lleno de los requisitos legales, detrimento patrimonial y no ejecución de las obras contratadas. Estas graves irregularidades se detectaron especialmente en la contratación de obras civiles en caños, arroyos y reservorios en los entes territoriales de su jurisdicción, Cartagena, Turbaco, Arjona, María la Baja, Turbana, El Carmen de Bolívar, etc.
“La auditoría revisó también los contratos celebrados por esta Corporación para la recuperación y conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen, en las 3 últimas vigencias fiscales, y determinó que la construcción de canales en concreto no se ha iniciado, no existen soportes que demuestren la realización de las obras contratadas, no se han aplicado los diseños acordados y las obras que se habrían realizado no cuentan con las pólizas de seguro necesarias para garantizar la calidad de las mismas”: Contraloría.
El tema de la Ciénaga de la Virgen
La Contraloría determinó que en los contratos para limpiar la Ciénaga de la Virgen, en Cartagena, se han perdido por lo menos 18.154 millones de pesos.
También detectó que en un contrato del 2007 para mejorar el recurso hidráulico de los canales y arroyos del departamento costeño se reportó, a diciembre del 2017, que “no se han iniciado las obras duras de infraestructura” a pesar de que se invirtieron más de 35.451 millones de pesos.
Cabe recordar que el contratista de esas obras es el Consorcio Ciénaga de la Virgen, cuyo principal accionista es Construcciones Hilsaca Ltda, del polémico empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca.
Es decir, todo ha sido un asalto descarado de las arcas de Cardique. La CGR revisó el 80% de la contratación de dicha Coporación Autonóma para la protección de los recursos hídricos, y se encontró con todas esas irregularidades. Pero lo grave no solo es el detrimento patrimonial, o sea, el robo descarado de los recursos públicos, sino también el daño al sistema ambiental del norte de Bolívar, lo cual no se puede tasar en términos monetarios.
Comisión de la Fiscalía y de la Procuraduría
Los cartageneros deben pagar la sobretasa ambiental al impuesto predial de Cartagena, dinero que va a parar al dueño de las empresas fantasmas que coloca testaferros como representantes legales. La Contraloría comprobó que los presuntos dueños de estas empresas no sabían dónde estaban parados, no tenían domicilio, puesto que las direcciones que aparecían en el certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena no existían. Los representantes legales no supieron responder sobre las evidencias de la ejecución de los contratos, ni tampoco pudieron presentar los comprobantes de pago, ni tampoco justificaron los pagos recibidos. Los contratos carecían de pólizas, y no tenían soportes de ninguna clase. El topógrafo que usaban para todas esas maromas contractuales no tenía matricula profesional.
Como Cardique, con Puello a la cabeza, había sido renuente a entregar la información solicitada, la CGR pidió una Comisión Especial de la Fiscalía General y de la Procuraduría General, las cuales acompañaron las dos auditorias realizadas. La Fiscalía se llevó varios discos duros para su análisis criminológico y la Procuraduría comprobó las irregularidades de tipo disciplinarios.
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«Entre 2011 y 2016, la Corporación destinó $144 mil millones para realizar este tipo de contrataciones y estos dineros se ejecutaron en su mayoría con los mismos contratistas»: Contraloría.
Los informes de las auditorías fueron socializados y se los presentaron al gerente de Cardique, Olaf Puello, quien permanece con una cámara de vigilancia en su despacho.
¿De quién es políticamente Cardique? ¿A dónde fueron a parar los $144 mil millones que desaparecieron en los últimos 6 años? ¿Qué responsabilidad tienen los 9 miembros de la Junta Directiva la Coporación Autonóma? ¿El Fiscal Néstor Humberto Martínez y el Procurador Fernando Carrillo llegarán hasta las últimas consecuencias para hacer un proceso de desinfección en Cardique y acabar con la pudrición?
Con información de Lucio Torres y Contraloría
