El Ministerio Público las llamó a Juicio disciplinario por presunto tráfico de infuencias cuando ocupaban sus cargos en el caso de los contratos de la famosa Ruta del Sol.
La Procuraduría General de la Na
ción citó a juicio disciplinario a las exministras Cecilia Álvarez – Correa y Gina Parody d´Echeona, por presunto conflicto de interés en la toma de decisiones relacionadas con el proyecto Ruta del Sol sector 2 y el plan para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
El órgano de control cuestionó a las disciplinadas la aprobación del Conpes 3817 que declaró la importancia estratégica del corredor Ocaña (Río de Oro – Agua Clara – Gamarra), y las conexiones a los puertos fluviales al norte y al sur de Gamarra, y lo adicionó al proyecto de inversión Ruta del Sol sector 2; pese a estar incursas presuntamente en causal de impedimento porque derivado de la decisión, pudieron verse favorecidos familiares de las exfuncionarias.
El Conpes 3817 fue aprobado el 2 de octubre de 2014 por Álvarez – Correa en su condición de ministra de Comercio, Industria y Turismo y Parody D´echeona, quien se encontraba al frente de la cartera de Educación.
Adicionalmente, la Procuraduría reprochó a Álvarez – Correa, en su calidad de ministra de Transporte, (entre el 3 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014) por no declararse impedida para la aprobación del Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013, que trazó un plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena y definió las acciones complementarias orientadas al desarrollo y fortalecimiento de los servicios de transporte, logístico e intermodal, y las inversiones para cuatro puertos, entre ellos el de Gamarra.
También se imputó el cargo por el mismo comportamiento presuntamente irregular en la suscripción de la Resolución 2127 del 22 de julio de 2014, que ordenó la creación de dos peajes en la ruta Ocaña – Gamarra y aumentó la tarifa en las estaciones existentes.
La Procuraduría recordó que “los impedimentos son mecanismos que tienen como finalidad garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y garantizar la transparencia previniendo que se presenten situaciones en las que el interés particular prevalezca o entre en conflicto con el interés público”.
