La Procuraduría General de la Nación tardó tres años en definir el caso del Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, por las irregularidades que cometió en su administración al pagar tratamientos para niños pobres con Síndrome de Down, sin hacer contrato.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal destituyó e inhabilitó por 10 años al Mandatario cordobés Besaile Fayad. También a su antecesor Alejandro Lyons Muskus, y a los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado Lorduy y José Jaime Pareja Alemán, inhabilitados por 11 años, por haber ordenado el pago para cubrir 2.181 terapias de rehabilitación a menores en condición de discapacidad, entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, sin que existiera contrato entre la gobernación de Córdoba y la IPS Funtierra Rehabilitación.
El Ministerio Público inhabilitó a Besaile Fayad por haberle pagado a Funtierra el tratamiento de 300 menores en condición de discapacidad en este departamento de la Costa Caribe sin un contrato.
Lo paradójico del asunto es que fue la propia Funtierra la que denunció estas irregularidades de las administraciones de Lyons y Besaile, mediante escrito del 6 de noviembre del 2015, como lo confirma la misma Procuraduría en el encabezado (los hechos) de su decisión:
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La queja de Funtierra era para que se atendiera a los niños y para que se le pagara por ese servicio que había prestado. Hay que aclarar que esta IPS nunca ha manejado dineros públicos ni anticipos por parte de la Gobernación de Córdoba, por lo cual no es Gestor Fiscal.
El Ministerio Público reconoce que Funtierra le insistió a Besaile para buscar una solución jurídica, pero no le pusieron cuidado a las exigencias de la citada IPS. La Gobernación argumentó en su momento que los tratamientos no daban espera y por eso Funtierra procedió a prestar el servicio que después debía ser pagado.
La sanción no fue por no haber cumplido con los tratamientos, sino porque Lyons y Besaile no realizaron contrato para que les prestaran este servicio, por eso Funtierra aclaró que entregó todos sus soportes a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.
La Gobernación de Besaile, para recibir los tratamientos de los menores y para hacer los respectivo pagos, firmó dos Actas con Funtierra que tienen validez jurídica, según concepto de la misma Procuraduría y el Consejo de Estado, que establece que los convenios interadministrativos son legales y para tumbarlos tienen que ser demandados ante el Contensioso Administrativo.
Ahora la Procuraduría debe resolver la situación de los 300 niños enfermos que no están siendo atendidos en Córdoba a pesar de estar todos protegidos por fallos de tutela. Ni la Gobernación ni el Ministerio Público están cumpliendo con su deber de proteger los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los menores con discapacidad ya que ellos están amparado por convenios internacionales.
Besaile tiene varios recursos, como demandar el fallo de la Procuraduría, en primera instancia, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en segunda instancia ante el Consejo de Estado, que son los que tienen mucha claridad en el tema.
