Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente Asociación Colombiana de Veedurías.
La economía es una ciencia que debería estar orientada hacia objetivos específicos asociados con la práctica real de la prosperidad de las diversas comunidades.
Pero 200 años de historia han demostrado que la economía no es la administración eficaz y razonable de los impuestos que pagan los ciudadanos contribuyentes, porque no es una economía de bienestar, pues no ha sido extendida a todos los sectores sociales en servicios y medios fundamentales para que las comunidades puedan gozar de una vida digna.
La pobreza de los pueblos se debe a la economía sumergida que durante 200 años ha sido practicada por una élite corrupta.
Esta actividad económica es ejercida al margen de los cauces legales, sin figurar en los registros fiscales ni estadísticos.
Veamos algunas evidencias de esta tradición nefasta:
El Cesar es, después del Chocó y La Guajira, el tercer departamento con mayor pobreza extrema del país y el quinto con mayor pobreza moderada. Del total de 1.100.000 personas que tiene, 636 mil son pobres (58 %) y de ellas 271 mil (25 %) se encuentran en pobreza extrema, es decir sin las condiciones mínimas de subsistencia.
En el departamento del Magdalena el 31,5 % de las personas están en situación de pobreza multidimensional.
En el departamento de La Guajira, la pobreza monetaria pasó del 57.2% en 2018 al 61.8% en el 2019. El panorama no cambia cuando se trata de la ciudad de Riohacha, cuyos números también están en aumento de un año a otro y donde las cifras son igual de alarmantes.
En los últimos cuatro años el departamento del Atlántico se ha empobrecido y las desigualdades han aumentado. De los 2 millones de habitantes, 66,7% son pobres, es decir casi 1 millón 334 mil habitantes, y 28%, es decir 560 mil personas, viven en la indigencia.
Según los cálculos que hemos realizados con base al CNPV-DANE, el departamento de Bolívar cuenta con unos niveles de pobreza por NBI que afecta al 26.56% del total de la población, esto significa que, de 100 bolivarense, 26 están en condiciones por necesidades básicas o perentorias que están insatisfechas. Con el agravante que, el 8.02 % están situación de miseria.
Según las cifras que difunde la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba en coincidencia con Indec, la pobreza se ubicó en 42,5% (708.000 personas, incluyendo a la población indigente), número que implicó un incremento de 5,5 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2019 y de 4,5 puntos sobre el segundo semestre de ese mismo año.
Entonces, como podemos ver, en la región Caribe la cosa está grave, la situación es alarmante, pues en ese sector de Colombia la pobreza asciende al orden del 28,8%.
Toda esta catástrofe social significa que durante 200 años los dirigentes han manejado la economía, la riqueza, de manera parcial, injusta, arbitraria, sin incluir a las comunidades que los han elegido.
De esta manera han empujado a los pueblos hacia una situación de extrema pobreza, que no sólo implica falta de dinero, sino que también significa hambre, enfermedad, falta de techo, de educación y de abrigo.
Toda esta apatía de la corrupción ha vulnerado la dignidad, la honra y el honor del pueblo costeño. ¡Esos verdugos no merecen que el pueblo los vuelva a elegir!
Se necesita un nuevo gobierno que trabaje con honestidad por la recuperación social y económica de los pueblos de la costa norte de Colombia.
